La Fiscalía pide imputar a altos
cargos del PP en la Comunidad
por financiación ilegal
Anticorrupción ve indicios de delito electoral, contra la Administración Pública, falsedad documental y fraude fiscal y reclama al TSJ que se investiguen de manera conjunta con los regalos de la trama Gürtel a Camps y a otros dirigentes populares
De izquierda a derecha, Álvaro Pérez "El Bigotes" con Ricardo Costa y Vicente Rambla preparando un mitin en la campaña de 2007. JESÚS BLESA
EFE/REDACCIÓN
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se impute a la cúpula del PP del Comunidad Valenciana por la presunta trama de financiación ilegal del partido vinculada a la red Gürtel, según el escrito presentado ante el TSJ y al que ayer tuvo acceso este diario. El ministerio público ve indicios de delito electoral, contra la Hacienda pública, contra la Administración Pública y falsedad en documento mercantil. El fiscal presentó el escrito para reclamar que estas investigaciones se unan a la llamada causa de los trajes, en la que está imputado, entre otros, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por recibir regalos de la trama Gürtel.
En sus alegaciones a la inhibición planteada por el Tribunal Superior de Justicia madrileño por la supuesta trama de financiación ilegal del PP en la Comunidad, el fiscal estima que, por razones de aforamiento, el TSJ de Valencia debe investigar, entre otros, al vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, y al diputado autonómico Ricardo Costa por un supuesto delito electoral vinculado a los comicios autonómicos de 2007 y generales de 2008. También considera que podría haber delitos contra la Administración Pública en los que podrían haber participado la presidenta de las Cortes y exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, y el exdirector de RTVV Pedro García. Según Anticorrupción, la competencia del tribunal valenciano debe "extenderse" a las personas no aforadas que participan en estos posibles delitos, entre las que están los principales cabecillas de la trama Gürtel, como Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez "El Bigotes".
Dádivas por contratos
Además es favorable a la "valoración conjunta" de esta causa y la de posible cohecho impropio por el regalo de prendas de vestir a miembros del Consell y del PP en la Comunidad. Según el escrito de alegaciones de la Fiscalía, ambas investigaciones "se incluyen dentro de una misma estrategia consistente, básicamente, en la entrega de dádivas a cargos públicos al objeto de conseguir un trato a favor en la contratación pública". Para el fiscal, los delitos que se imputan a los acusados en la causa de los trajes podrían verse alterados "si finalmente se vinculara la entrega de los regalos con la contratación del PP y no con las entidades públicas".
Respecto a los delitos electorales de 2007 y 2008, Anticorrupción señala que se habrían cometido "con motivo del pago de los servicios prestados por la empresa Orange Market, filial valenciana de la trama Gürtel, al PP de la Comunidad durante la campaña electoral" celebrada en mayo de ese año. En 2007, el pago se hizo supuestamente, por "personas distintas al verdadero deudor" y por el PPCV "con fondos opacos por un importe de 2.565.891,01 euros". Estos abonos "no habrían sido reflejados en las cuentas formuladas por el PPCV, ocasionando así la disminución de las partidas contables sancionada" por la Ley Electoral.
Los implicados en este delito serían los diputados populares Ricardo Costa (ex-secretario general del PPCV), David Serra, (vicesecretario de Organización), Yolanda García (tesorera) y Vicente Rambla, actual vicepresidente primero del Gobierno valenciano; el extesorero del PP Luis Bárcenas y la exgerente del PP valenciano Cristina Ibáñez. Estarían implicados igualmente dirigentes de la trama Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, José Luis Izquierdo y Mónica Magariños.
Asimismo, en el delito electoral de 2008, habrían participado también los gestores de las empresas Enrique Ortiz e Hijos -vinculada también al caso "Brugal"-, PIAF, Lubasa y sociedades del grupo Sedesa, propiedad de la familia del vicepresidente tercero del Gobierno valenciano, Juan Cotino.
El fiscal considera también que se habría producido una falsedad en documento mercantil, porque "para encubrir los pagos de los servicios prestados" se habrían emitido facturas por parte de Orange Market a las empresas pagadoras "a sabiendas de que no respondían a operaciones realmente mantenidas entre ellas". Entre las empresas que aparecen como pagadores de la deuda del PP con Orange Market por las elecciones de 2007 estarían Facsa, Pavimentos del Suroeste, Grupo Villalba, Hormigones Martínez y Piaf SL.
Asimismo, se estima que los responsables de Orange Market habrían cometido delitos contra la hacienda pública, tanto por el pago del IVA como el Impuesto de Sociedades correspondientes al año 2007. Según argumenta Anticorrupción, el fraude se habría cometido por no haberse incluido en las declaraciones tributarias los ingresos recibidos "de forma opaca" y que ascenderían a 2,5 millones.
En cuando a los delitos contra la Administración Pública, estarían relacionados con la contratación irregular de Orange Market para diferentes servicios en el pabellón de la Comunidad Valenciana en la feria de turismo Fitur entre los años 2005 y 2009, y el principal implicado sería el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, que también está imputado en la causa de los trajes. Además, señala que, en las contrataciones de los años 2005 y 2006, debería investigarse la participación de la entonces consellera de Turismo y actual presidenta de las Cortes , Milagrosa Martínez. El fiscal incide en que otras irregularidades detectadas se produjeron en el proceso de contratación de diversas consellerias y en algunos casos era preceptiva la autorización por el Gabinete del Presidente.
Para Anticorrupción, la "conexión" entre las adjudicaciones de RTVV durante la visita del Papa a Valencia en julio de 2006 y la causa de cohecho "resulta igualmente ineludible", ya que el exdirector general de la cadena Pedro García también recibió regalos de la trama como "contraprestación" a las mismas, entre ellos también trajes.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se impute a la cúpula del PP del Comunidad Valenciana por la presunta trama de financiación ilegal del partido vinculada a la red Gürtel, según el escrito presentado ante el TSJ y al que ayer tuvo acceso este diario. El ministerio público ve indicios de delito electoral, contra la Hacienda pública, contra la Administración Pública y falsedad en documento mercantil. El fiscal presentó el escrito para reclamar que estas investigaciones se unan a la llamada causa de los trajes, en la que está imputado, entre otros, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por recibir regalos de la trama Gürtel.
En sus alegaciones a la inhibición planteada por el Tribunal Superior de Justicia madrileño por la supuesta trama de financiación ilegal del PP en la Comunidad, el fiscal estima que, por razones de aforamiento, el TSJ de Valencia debe investigar, entre otros, al vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, y al diputado autonómico Ricardo Costa por un supuesto delito electoral vinculado a los comicios autonómicos de 2007 y generales de 2008. También considera que podría haber delitos contra la Administración Pública en los que podrían haber participado la presidenta de las Cortes y exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, y el exdirector de RTVV Pedro García. Según Anticorrupción, la competencia del tribunal valenciano debe "extenderse" a las personas no aforadas que participan en estos posibles delitos, entre las que están los principales cabecillas de la trama Gürtel, como Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez "El Bigotes".
Dádivas por contratos
Además es favorable a la "valoración conjunta" de esta causa y la de posible cohecho impropio por el regalo de prendas de vestir a miembros del Consell y del PP en la Comunidad. Según el escrito de alegaciones de la Fiscalía, ambas investigaciones "se incluyen dentro de una misma estrategia consistente, básicamente, en la entrega de dádivas a cargos públicos al objeto de conseguir un trato a favor en la contratación pública". Para el fiscal, los delitos que se imputan a los acusados en la causa de los trajes podrían verse alterados "si finalmente se vinculara la entrega de los regalos con la contratación del PP y no con las entidades públicas".
Respecto a los delitos electorales de 2007 y 2008, Anticorrupción señala que se habrían cometido "con motivo del pago de los servicios prestados por la empresa Orange Market, filial valenciana de la trama Gürtel, al PP de la Comunidad durante la campaña electoral" celebrada en mayo de ese año. En 2007, el pago se hizo supuestamente, por "personas distintas al verdadero deudor" y por el PPCV "con fondos opacos por un importe de 2.565.891,01 euros". Estos abonos "no habrían sido reflejados en las cuentas formuladas por el PPCV, ocasionando así la disminución de las partidas contables sancionada" por la Ley Electoral.
Los implicados en este delito serían los diputados populares Ricardo Costa (ex-secretario general del PPCV), David Serra, (vicesecretario de Organización), Yolanda García (tesorera) y Vicente Rambla, actual vicepresidente primero del Gobierno valenciano; el extesorero del PP Luis Bárcenas y la exgerente del PP valenciano Cristina Ibáñez. Estarían implicados igualmente dirigentes de la trama Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, José Luis Izquierdo y Mónica Magariños.
Asimismo, en el delito electoral de 2008, habrían participado también los gestores de las empresas Enrique Ortiz e Hijos -vinculada también al caso "Brugal"-, PIAF, Lubasa y sociedades del grupo Sedesa, propiedad de la familia del vicepresidente tercero del Gobierno valenciano, Juan Cotino.
El fiscal considera también que se habría producido una falsedad en documento mercantil, porque "para encubrir los pagos de los servicios prestados" se habrían emitido facturas por parte de Orange Market a las empresas pagadoras "a sabiendas de que no respondían a operaciones realmente mantenidas entre ellas". Entre las empresas que aparecen como pagadores de la deuda del PP con Orange Market por las elecciones de 2007 estarían Facsa, Pavimentos del Suroeste, Grupo Villalba, Hormigones Martínez y Piaf SL.
Asimismo, se estima que los responsables de Orange Market habrían cometido delitos contra la hacienda pública, tanto por el pago del IVA como el Impuesto de Sociedades correspondientes al año 2007. Según argumenta Anticorrupción, el fraude se habría cometido por no haberse incluido en las declaraciones tributarias los ingresos recibidos "de forma opaca" y que ascenderían a 2,5 millones.
En cuando a los delitos contra la Administración Pública, estarían relacionados con la contratación irregular de Orange Market para diferentes servicios en el pabellón de la Comunidad Valenciana en la feria de turismo Fitur entre los años 2005 y 2009, y el principal implicado sería el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, que también está imputado en la causa de los trajes. Además, señala que, en las contrataciones de los años 2005 y 2006, debería investigarse la participación de la entonces consellera de Turismo y actual presidenta de las Cortes , Milagrosa Martínez. El fiscal incide en que otras irregularidades detectadas se produjeron en el proceso de contratación de diversas consellerias y en algunos casos era preceptiva la autorización por el Gabinete del Presidente.
Para Anticorrupción, la "conexión" entre las adjudicaciones de RTVV durante la visita del Papa a Valencia en julio de 2006 y la causa de cohecho "resulta igualmente ineludible", ya que el exdirector general de la cadena Pedro García también recibió regalos de la trama como "contraprestación" a las mismas, entre ellos también trajes.
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