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La dependencia y la Renta de
Ciudadanía, de medidas estrella a
foco de conflicto
El cruce de acusaciones entre Gobierno y Consell por la aplicación de las ayudas a los discapacitados ha sido una constante
Protesta para reivindicar la aplicación de Ley de Dependencia. JUAN J. PUÑAL
La entrada en vigor de la Ley de Dependencia y la aprobación de la Renta Garantizada de Ciudadanía han sido los pilares principales sobre los que se ha basado la gestión del área de Bienestar Social esta última legislatura.
El 30 de noviembre de 2006, el pleno del Congreso de los Diputados aprobaba de forma definitiva la Ley de Dependencia, que prometía convertirse en un nuevo pilar del estado del Bienestar Social. Durante estos cuatro años y medio, el desarrollo de esta normativa ha enfrentado de forma directa al ejecutivo central con las comunidades gobernadas por el PP, incluida la valenciana. Las acusaciones, por parte del Gobierno, de boicot a la norma en las comunidades "populares" y las críticas de éstas por la insuficiente financiación para su desarrollo han sido una constante.
Actualmente, según los últimos datos del Imserso, de las 94.513 personas que en la Comunidad Valenciana tienen reconocido el derecho a recibir alguna de las prestaciones que se contemplan en la ley, 62.823 las están recibiendo, lo que supone un 66% del total. Se trata de una de las cifras de cobertura más bajas de toda España. Y es que, sindicatos y asociaciones de dependientes han denunciado en reiteradas ocasiones las largas esperas de las familias para ver materializado su derecho a percibir una ayuda.
Cientos de dependientes han fallecido sin recibir las prestaciones contempladas en esta ley y actualmente todavía hay familias que presentaron la solicitud en 2007 y que todavía están esperando. Una situación que no han sido capaces de solucionar ni Juan Cotino ni Angélica Such, los dos consellers que han estado al frente de Bienestar Social prácticamente desde que la ley comenzó su andadura.
Nuevo decreto
Con el objetivo de agilizar los trámites, la Conselleria publicó recientemente un nuevo decreto para reducir esta espera a seis meses y para tratar de solventar otros aspectos del desarrollo de la norma que en la Comunidad estaban generando conflicto, como el de las incompatibilidades entre prestaciones. Sin embargo, la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia ya ha mostrado su rechazo a este decreto.
El segundo punto "estrella" de Bienestar Social en la última legislatura ha sido la puesta en marcha de la Renta Garantizada de Ciudadanía, aprobada en 2007 y dirigida a familias que han agotado todas las prestaciones. Se trata de una ayuda de pura "supervivencia", cuya cuantía oscila entre los 300 y 600 euros mensuales. Pese a que la ley marca un plazo de tres meses para aprobar esta ayuda, este plazo no se está cumpliendo. Según han denunciado de manera reiterada CC OO y UGT, la falta de liquidez está provocando que la Conselleria mantenga retenidas miles de propuestas para conceder estas ayudas sin que dicte la correspondiente resolución y se efectúe el pago. Una muestra de este retraso son las decenas de quejas que está tramitando el Síndic de Greuges y que se unen a las centenares relativas a la Ley de Dependencia.
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El 30 de noviembre de 2006, el pleno del Congreso de los Diputados aprobaba de forma definitiva la Ley de Dependencia, que prometía convertirse en un nuevo pilar del estado del Bienestar Social. Durante estos cuatro años y medio, el desarrollo de esta normativa ha enfrentado de forma directa al ejecutivo central con las comunidades gobernadas por el PP, incluida la valenciana. Las acusaciones, por parte del Gobierno, de boicot a la norma en las comunidades "populares" y las críticas de éstas por la insuficiente financiación para su desarrollo han sido una constante.
Actualmente, según los últimos datos del Imserso, de las 94.513 personas que en la Comunidad Valenciana tienen reconocido el derecho a recibir alguna de las prestaciones que se contemplan en la ley, 62.823 las están recibiendo, lo que supone un 66% del total. Se trata de una de las cifras de cobertura más bajas de toda España. Y es que, sindicatos y asociaciones de dependientes han denunciado en reiteradas ocasiones las largas esperas de las familias para ver materializado su derecho a percibir una ayuda.
Cientos de dependientes han fallecido sin recibir las prestaciones contempladas en esta ley y actualmente todavía hay familias que presentaron la solicitud en 2007 y que todavía están esperando. Una situación que no han sido capaces de solucionar ni Juan Cotino ni Angélica Such, los dos consellers que han estado al frente de Bienestar Social prácticamente desde que la ley comenzó su andadura.
Nuevo decreto
Con el objetivo de agilizar los trámites, la Conselleria publicó recientemente un nuevo decreto para reducir esta espera a seis meses y para tratar de solventar otros aspectos del desarrollo de la norma que en la Comunidad estaban generando conflicto, como el de las incompatibilidades entre prestaciones. Sin embargo, la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia ya ha mostrado su rechazo a este decreto.
El segundo punto "estrella" de Bienestar Social en la última legislatura ha sido la puesta en marcha de la Renta Garantizada de Ciudadanía, aprobada en 2007 y dirigida a familias que han agotado todas las prestaciones. Se trata de una ayuda de pura "supervivencia", cuya cuantía oscila entre los 300 y 600 euros mensuales. Pese a que la ley marca un plazo de tres meses para aprobar esta ayuda, este plazo no se está cumpliendo. Según han denunciado de manera reiterada CC OO y UGT, la falta de liquidez está provocando que la Conselleria mantenga retenidas miles de propuestas para conceder estas ayudas sin que dicte la correspondiente resolución y se efectúe el pago. Una muestra de este retraso son las decenas de quejas que está tramitando el Síndic de Greuges y que se unen a las centenares relativas a la Ley de Dependencia.
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