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Los escándalos que salpican al PP
Energías renovables... y corruptas
El 'caso Brugal' destapa el oscuro trasfondo del plan eólico valenciano
ADOLF BELTRÁN - Valencia - 31/10/2010
La avidez del constructor Enrique Ortiz no tiene límites. La investigación del caso Brugal, una de los dos procedimientos contra la corrupción en los que está imputado (el otro es el caso Gürtel, de financiación irregular del PP), ha revelado que también intentó negociar con ventaja en el sector de las energías renovables. Pero se le habían adelantado. En una conversación de junio de 2008 con Vicente Cotino, presidente de Sedesa y sobrino del actual consejero de Medio Ambiente, Juan Cotino, Ortiz le pregunta por el concurso de parques eólicos. "Olvídate", le responde Cotino. Y él insiste: "¿Eso se puede amañar o qué?". "Está todo el pescado vendido", replica el otro. Según Cotino, el concurso está comprometido con Iberdrola Renovables. "Se ha comprometido el presidente", alega.
Agró: "El sector ha funcionado según las leyes más burdas del capitalismo"
La revelación de esta conversación grabada por la policía ha causado estupor y ha llevado, por ejemplo, al diputado socialista en las Cortes Valencianas y alcalde de Morella, Joaquim Puig, a plantear una interpelación urgente al consejero de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, sobre la política general de su departamento en la ejecución del plan eólico. Además, los socialistas han propuesto hasta cinco preguntas orales en las Cortes.
"Se impone una revisión de todo el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana", comenta Puig. "Ha habido un compadreo absoluto. Está pasando como ocurrió con las concesiones de licencias de TDT, que se otorgan a unos y acaban en manos de otros. En muchas zonas, ni se están ejecutando las adjudicaciones". El diputado socialista recuerda que en su día se extendió el rumor de que Camps podía buscar en la empresa Iberdrola una salida de su cargo, si el caso Gürtel lo obligaba a ello.
La realidad es que hace tiempo que grupos ecologistas y coordinadoras de ciudadanos de las comarcas afectadas denuncian las irregularidades en la implantación de la energía eólica. Esta misma semana se ha hecho pública la segunda sentencia que anula la autorización de un parque eólico porque no es tal sino parte de otro más grande. Tanto la primera, de junio pasado, como esta sentencia afectan a la zona 6, en el Alto Palancia, donde se han instalado aerogeneradores de la empresa Proyectos Eólicos Valencianos, de la que inicialmente formaba parte Sedesa, la empresa de Vicente Cotino, interlocutor de Ortiz en la conversación grabada por la policía.
Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que sitúan los parques eólicos valencianos fuera de la ley porque trocean irregularmente en conjuntos de aerogeneradores más pequeños parques de mayor tamaño, lo que impide que su funcionamiento sea aprobado por la Generalitat, responden a recursos de la organización Acció Ecologista-Agró. Esta veterana asociación viene denunciando que, en realidad, el plan eólico no está sirviendo para reducir, gracias a las energías renovables, las emisiones de gases de efecto invernadero sino para que las grandes compañías eléctricas y de la construcción cobren de manera fraudulenta millones de euros en primas. Unas ayudas teóricamente diseñadas para alentar a los pequeños productores que acaban copando otros gigantes empresariales. El caso de la zona 6 encaja en esa denuncia, ya que el accionista mayoritario de Proyectos Eólicos Valencianos era la compañía Endesa, junto a Bancaja y Sedesa. Tras la venta de su participación en Endesa y la compra de otras participaciones, la constructora Acciona ha acabado siendo la propietaria.
De hecho, Acciona es propietaria del 49% de la quincena de zonas eólicas valencianas, según datos de Acció Ecologista-Agró y de la Asociación para un Desarrollo Eólico Sostenible (ADES). El porcentaje aumenta al 62% si se trata de parques ya construidos.
Iberdrola, a la que atribuyen los ecologistas el diseño original del plan eólico valenciano, retrasó su entrada en la ejecución de parques, probablemente a la espera de entrar en el suculento negocio del trasvase del Ebro, que al final se frustró, pero no ha renunciado a jugar también un papel en el reparto del mapa de instalaciones eólicas. "El tema de las energías renovables ha funcionado según las leyes más burdas del capitalismo neoliberal", explica un portavoz de Acció Ecologista-Agró.
La organización ecologista recuerda que el año pasado se repartieron más de 2.000 millones de euros en primas del régimen especial en España y cita un estudio de Comisiones Obreras del País Valenciano que revela cómo el sector eléctrico es el tercero, tras el transporte y la industria, en la generación de gases de efecto invernadero.
En el marco de la polémica, hace unos días, el director de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Alberto Ceña, denunció, tras participar en una conferencia sobre el futuro de la energía celebrada en Lisboa, la atracción que el sector eólico ejerce sobre los especuladores. Y citó, entre las empresas "atraídas" a "muchas constructoras". Que se lo pregunten a Enrique Ortiz y a sus interlocutores grabados por la policía.
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