GIJÓN
De cada diez solicitudes de la ley de
dependencia «ocho han sido valoradas»
Servicios Sociales acusa al PP de informar «de forma tendenciosa y ajena a la realidad» sobre la marcha de la ley de Dependencia
20.11.10 - 02:28 -
La Fundación Municipal de Servicios Sociales asegura que ocho de cada diez solicitudes relativas a la Ley de Dependencia presentadas en Gijón han sido valoradas. En un comunicado hecho público ayer mantiene que, desde la puesta en marcha de la norma, los ciudadanos han presentado ya un total de 7.438 peticiones ante la Administración.
De las personas que han sido valoradas, la Fundación Municipal de Servicios Sociales precisa que el 64,8% tiene grado II y III; es decir, seis de cada diez tienen derecho a servicio y prestación en virtud de los parámetros recogidos en la ley de Dependencia.
El resto de los ciudadanos solicitantes corresponde a personas que, habiendo sido valoradas por los profesionales pertinentes, o no se les ha reconocido grado o se les ha reconocido un grado I nivel II o un grado I nivel I, tramos ambos que todavía no han entrado en vigor en lo referente a la inclusión en el colectivo de personas con derecho a prestaciones. La fundación asegura en su comunicado que en estos momentos hay un total de 484 personas tramitando su Plan Individual de Atención y, de entre ellos, el 46,49% está por debajo de los tres meses de demora.
«Generar alarma social»
El órgano municipal acusa en este escrito al Partido Popular de intentar ofrecer «de una forma tendenciosa e interesada una visión sobre el estado de aplicación de la Ley de Dependencia en Asturias que en nada se parece a la realidad y que sólo pretende generar alarma social».
Respondía así a las acusaciones de la edil popular Dorinda García, quien aseguró la víspera que 3.188 gijoneses esperan por ayudas a la dependencia según datos «fechados en octubre». «Aún no tienen el PIA firmado y la mayoría espera por él desde hace cinco meses», dijo. García emitió sus críticas tras el caso difundido por EL COMERCIO de Mayte García, a quien instaban a llevar a su padre al juzgado para valorarlo cuando «está encamado, con escaras e infección y los médicos desaconsejan su traslado»
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