Domingo 21 de noviembre de 2010
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Análisis, por Juan R. Gil
En manos de Ortiz
Las acusaciones contra el portavoz del PSPV, Ángel Luna, no tienen parangón con las que pesan sobre dirigentes del PP, pero la exigencia de claridad es a día de hoy la misma
12:24
Tiene razón el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, y ex alcalde de Alicante, Ángel Luna, cuando remarca las enormes diferencias que existen entre las denuncias que se han formulado contra él y las que pesan sobre los principales dirigentes, en Valencia, Alicante o Castellón, del PP. Tan lejos como el pasado 26 de septiembre se escribía aquí que no es lo mismo hablar de quien maneja fondos de los contribuyentes que de quien sólo dispone de los propios. Y los hechos por los que el PP ha llevado a Luna al Tribunal Superior de Justicia, ante uno de cuyos magistrados tendrá que prestar declaración mañana, se refieren a momentos en los que el hoy parlamentario autonómico era un simple particular, y no un cargo público.
En definitiva, el PP acusa a Luna de haber realizado una obra de reforma en una vivienda que habría podido ser pagada por el constructor Enrique Ortiz. La obra, en todo caso, se realizó hace trece años, dos después de que Luna abandonara la Alcaldía y uno después de que dejara la política activa y saliera tanto de la secretaría general de su partido como de la concejalía en el Ayuntamiento de Alicante. Por tanto, incluso si hubiera sido tal como dice el PP, se habría tratado del regalo de un particular -el constructor- a otro particular -el ex alcalde y ex dirigente socialista Luna-, que estaba fuera en ese momento del entramado que puede hacer factibles los favores y las componendas.
Los populares sostienen, pese a todo, que aquello fue algo así como un pago diferido a beneficios concedidos con anterioridad por Luna como alcalde, y aducen para ello la cantidad de contratas que durante el mandato de éste en el Ayuntamiento recibió el constructor. Y Luna se defiende manteniendo, primero, que él sí que pagó, aunque no conserva las facturas (salvo que las haya encontrado, y las lleve mañana al tribunal), y que durante su ejercicio como alcalde nunca gozó de mayoría absoluta para hacer con las adjudicaciones lo que le viniera en gana, puesto que enfrente tuvo una durísima oposición -la que encabezaba Diego Such, por el PP, y del lado diametralmente contrario, la que lideraba María Teresa Molares, por Esquerra Unida-, y su gobierno no cayó gracias al voto de un independiente, Diego Zapata, y al de un tránsfuga popular, Mínguez, de los que tras aquella legislatura nunca más se supo.
Hay algunas cosas que decir, además de lo que señala Luna. La primera, y más importante, es la que se deriva de la experiencia de quien, como el que esto firma, vivió aquellos años y los que luego vinieron como testigo de primera fila, lo que no quiere decir, ni mucho menos, que tuviera una información completa. Pero sí la suficiente para afirmar que la inmensa mayoría de los concejales socialistas que formaron parte de las corporaciones que gobernaron Alicante entre 1979 y 1991, entre ellos los dos alcaldes, José Luis Lassaletta y el mismo Luna, abandonaron el Ayuntamiento, en términos de patrimonio personal, igual o peor que entraron. La segunda es la que los propios balances empresariales cantan: Ortiz empieza a hacerse un nombre trabajando a bajo coste para el Ayuntamiento de Alicante en tiempos de Lassaletta. Y sigue haciéndolo en la etapa de Luna. Pero cuando despega como empresario no es ni siquiera desde 1995, tras tomar las riendas del poder el PP, sino a partir de 2003, después de que Zaplana, que nunca hizo migas con él, cediese definitivamente el gobierno de Valencia a Camps. Fue entonces cuando la facturación del hoy Grupo Cívica, en la que hasta entonces la obra pública pesaba menos que la privada, dio un vuelco espectacular que llevó a Ortiz a dejar de ser sólo un empresario de la ciudad de Alicante para pasar, además de enseñorearse de ésta, a ser un potentado en toda la Comunidad, con aspiraciones incluso de cotizar en Bolsa.
Ni siquiera, aunque así se ha querido plantear también en estos días, lo denunciado sobre Luna tiene relación directa con el affaire que llevo a dimitir al anterior líder del PSPV, Joan Ignasi Pla. Porque Pla renunció al cargo en el partido después de que se revelara que no había pagado, precisamente, una obra de reforma en su casa. Lo mismo que se recrimina ahora a Luna. Pero, sin entrar en cómo y por qué dimitió Pla, la diferencia está en que, en todo caso, si al que fue candidato a la Generalitat le abonaron algo, lo hicieron cuando aún podía tener influencia y peso en la política de esta Comunidad, mientras que, en el caso de Luna, todo lo que hasta aquí se ha denunciado habría ocurrido, de haberlo hecho, cuando no sólo ya no era, políticamente, nada; sino que tampoco había atisbo alguno de que pudiera volver a serlo.
Y, sin embargo, a pesar de todo lo escrito hasta aquí, es cierto que Luna tiene un problema, no pequeño, y el PSPV también. Porque el TSJ podía haber inadmitido la querella, pero la ha tramitado. Y Luna no era nadie ya cuando sucedieron los hechos que se le imputan, pero sí lo es ahora. Y, por tanto, viene obligado en estos momentos a demostrar su inocencia con la misma claridad que cualquier otro cargo público, aunque hace trece años no ostentara ninguno. Al ciudadano particular que Luna era en 1997 no cabría ahora reclamarle facturas, e incluso le valdría la prescripción del caso por el tiempo transcurrido. Pero al portavoz socialista que Luna es hoy no le sirve ni lo uno ni lo otro: o sale limpio del Tribunal, o no sale. Él lo sabe, lo que explica alguna entrevista concedida en estos días con la vista puesta en que la lean en Madrid quienes tienen, más allá del TSJ, que decidir su futuro inmediato, ese que pasa por la confección de las listas electorales y el puesto que cada uno ocupa en ellas. Lo peor del asunto no es, con todo, lo que pueda ocurrir o no ocurrir con Luna, cuya defensa es a él a quien compete. Sino el comprobar cómo una vez más la política en esta Comunidad vuelve a depender de quienes no fueron elegidos por los ciudadanos. Porque el testimonio clave en el TSJ, si al final se produce, no será el de Luna, sino el de Ortiz, en cuyas manos parecen estar, de una forma o de otra, todos los que en esta Comunidad fueron elegidos para dirigirla o para controlar, en nombre de los contribuyentes, cómo se gobernaba. Los socialistas dicen que lo ocurrido no es más que una estrategia del PP para amedrentarles. Y puede que así sea. Pero el que de verdad da miedo no es el PP, sino Ortiz, y el increíble lodazal en el que llevamos tantos meses enfangados.
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