Domingo, 10-05-09
«No habrá recortes en el gasto social pese a la crisis». El mantra suena una y otra vez en el Congreso de los Diputados, cada vez que el presidente del Gobierno participa en un debate. Es uno de los pilares de la política económica defendida por José Luis Rodríguez Zapatero, el principio básico de su discurso, repetido a coro por ministros, portavoces y diputados socialistas. El problema es que sí se han producido recortes en el gasto social y de servicios públicos, por un valor cercano a los 800 millones de euros, según se recoge en una pormenorizada respuesta parlamentaria. Un «detalle» que echa por tierra uno de los gritos de guerra del PSOE ante el debate sobre el Estado de la Nación, que comienza el martes en el Congreso.
El 10 de febrero, Zapatero sorprendió en el Pleno con una de esas medidas que parecen conejos sacados de la chistera. «Quiero anunciar a la Cámara que el próximo Consejo de Ministros acordará una reducción de los gastos no financieros previstos en los Presupuestos Generales del Estado para 2009, por una cuantía de 1.500 millones de euros (...). Se aplicará a todos los ministerios y a todas las partidas de gasto con las siguientes excepciones: en ningún caso afectará a las retribuciones de los empleados públicos y no afectará a ninguna de las políticas y programas de protección social (...)».
El Grupo Popular requirió el desglose detallado de la reducción de los 1.500 millones del gasto. Los populares habían presentado unos meses antes una enmienda a los Presupuestos Generales donde proponían reducir en 1.500 millones el gasto burocrático y «superfluo» del Gobierno para ganar austeridad. Exigían menos propaganda oficial, gastos de representación y cargos de confianza.
Menos para el Imserso
En la respuesta escrita que ha remitido el Gobierno al Congreso, reconoce recortes sociales, y muy poco superfluos, que incluían 59 millones de euros para el Fondo de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes (una medida muy protestada que obligó al Consejo de Ministros a rectificar), más de 12 millones de euros al Imserso, 2,4 millones para el Plan de acción para las personas con discapacidad, y 3,01 millones en medidas de apoyo a la «parentalidad positiva», entre otros.
El «tijeretazo» afecta al gasto social y a otros servicios públicos básicos. El Gobierno de Zapatero ha decidido reducir más de 33,8 millones la inversión nueva en seguridad ciudadana, 40 millones del programa para la gratuidad del segundo ciclo de educación infantil, y casi 15 millones del crédito para becas o para la educación secundaria.
Además de prometer que el recorte de 1.500 millones de euros no afectaría a los programas y partidas sociales, Zapatero aseguró que la medida involucraría a todos los ministerios, porque todos se tenían que apretar el cinturón. Tampoco ahí se ha cumplido la previsión del presidente del Gobierno. Todos los ministerios y organismos dependientes han tenido que meter la tijera en diferentes partidas, menos uno: el Ministerio de Igualdad, que con un presupuesto de 80 millones de euros resiste contra viento y marea el huracán de la crisis y las exigencias de austeridad.
El ajuste presupuestario «ha sido el resultado de una negociación con todos y cada uno de los ministerios centrada en actividades que se pueden aplazar o simplemente no realizar», explica el Gobierno en la respuesta enviada al Parlamento. Asegura que «se ha actuado en aquellos gastos que no se consideran prioritarios», con el objetivo de liberar recursos para afrontar el «mayor gasto derivado de las prestaciones por desempleo».
Escuelas de idiomas
Estos son otros de los recortes acometidos por el Gobierno: en Asuntos Exteriores, 73,1 millones de euros del Fondo de Ayuda al Desarrollo en materia de cooperación; en Defensa, 72 millones en programas especiales de modernización del Ejército de Tierra, un millón en productos farmacéuticos y material sanitario y 13 millones en ayudas al acceso a la propiedad de la vivienda; en Interior, 21,6 millones en inversión de reposición asociada a la seguridad vial y 2,7 en inversión nueva de instituciones penitenciarias; en Educación y Política Social, el recorte total es de 105 millones, y destacan los 14,7 millones para el aumento de la oferta de plazas en las escuelas oficiales de idiomas, enseñanza de inglés, 40,4 en gratuidad del segundo ciclo de educación infantil, dos millones en el plan de desarrollo gitano, y casi dos millones y medio del plan de acción para las personas con discapacidad.
En Administraciones Públicas, la reducción de gasto afecta a las becas: 300.000 euros menos para las ayudas y premios de estudios e investigación, becas Fulbright y becas de estudio en escuelas extranjeras de formación de funcionarios. En el Ministerio de los tres «medios», que dirige Elena Espinosa, el «tijeretazo» afecta a la modernización de explotaciones, instalación de jóvenes agricultores, planes de mejora y otras actuaciones, por un valor de 13 millones de euros. En Sanidad y Consumo hay un recorte total de 20 millones de euros, mientras que el Ministerio de Vivienda es uno de los grandes perjudicados, con 105 millones menos, que iban a ser destinados a «subsidiación de préstamos» y ayuda estatal directa a la entrada para la adquisición de viviendas.
Fomento, en primer lugar
En total, el Gobierno reconoce en la respuesta parlamentaria un recorte de gasto no financiero de 764,5 millones de euros, donde se incluyen las partidas de inmigración, discapacidad, mayores, educación y seguridad. Además, se recortan otros 735,5 millones de gasto financiero, hasta completar los 1.500 millones. Por ministerios, Fomento (300 millones), Medio Ambiente (200), Ciencia e Innovación (160), Defensa (150), Industria (110), Educación y Política Social (105) y Vivienda (105) son los más afectados. Con estos datos, el Grupo Popular ha presentado una iniciativa para que el Gobierno elimine estos recortes y los sustituya por reducción de gasto superfluo.
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