Dependencia, unanimidad
GUSTAVO ZARAGOZA *
Una de las principales consecuencias que se han suscitado con la puesta en marcha de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia en la Comunitat ha sido la aparición de un importante conflicto en el seno de la sociedad valenciana, el desarrollo de la norma ha venido acompañado de denuncias, concentraciones, manifiestos y opiniones muy discrepantes acerca de cómo se viene gestionando este tema por parte del Gobierno de la Generalitat. En sociedades desarrolladas como la nuestra no es extraño que se produzcan cruces de intereses enfrentados entre partes que provocan una visión absolutamente encontrada de una misma realidad. Estas discrepancias se escenifican a través de declaraciones contradictorias, actos reivindicativos e incluso mediante cruce de denuncias en los tribunales. Ahora bien, por lo que hace referencia al cabreo suscitado por el caso que nos ocupa, las dos posiciones enfrentadas están muy delimitadas: por un lado, se encuentra la Administración valenciana, y por el otro, se produce una absoluta unanimidad en su contra. Todas las voces interesadas han lanzado una misma denuncia: la falta de eficacia es un clamor recogido por asociaciones de discapacitados, sindicatos, colegios profesionales, universidades. La única voz discrepante es el propio Gobierno valenciano, que no ofrece explicaciones y se enroca en un discurso de negación de la realidad.
Resulta bastante evidente que si el conjunto de los directamente afectados por la ley están manifestando esta disconformidad mediante concentraciones, demandas judiciales, manifiestos y denuncias públicas, algo no está funcionando de la manera adecuada, especialmente si tenemos en cuenta que nos estamos refiriendo a personas y grupos con enormes limitaciones y escasos recursos; por tanto, adquiere una especial relevancia el manifestar una opinión en contra del poder establecido. La excusa del cruce de intereses no es válida en esta ocasión, especialmente porque una de las partes enfrentadas tiene como obligación el cumplimiento y la aplicación de todas las leyes, le gusten más o menos. La actitud que ha mantenido hasta ahora la Conselleria de Bienestar ha llevado a un estado permanente de reacción por parte de los afectados. El pasado día 16 tuvo lugar una manifestación por las calles de Valencia para denunciar, una vez más, lo que está ocurriendo. Parece llegado el momento de que en el Gobierno valenciano se paren a valorar si la opinión de todos se puede ignorar y sería conveniente reconocer los errores, atender las demandas, cambiar su talante prepotente que no beneficia a nadie y ofrecer respuestas a las personas dependientes, que lo están pasando muy mal y requieren prestaciones que hasta ahora no están llegando, o lo están haciendo con un enorme retraso. Lo peor de todo es que el leiv motiv de la reclamación es algo que debería ser una prioridad para el Gobierno de la Generalitat.
*Profesor de Política Social. Universitat de València.
No hay comentarios:
Publicar un comentario