Derechos para las personas con discapacidad

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Magdy Martínez Solimán, coordinador resi -

06/05/2009

Ayer celebramos un año, tras haberse recibido la vigésima ratificación de la Convención y la décima del Protocolo Facultativo, de la entrada en vigor del mejor instrumento normativo de que se haya dotado la comunidad internacional para adelantar la frontera de derechos y la esperanza de una vida con dignidad de las personas con discapacidad. En ese año hemos podido sumar 139 estados firmantes de la Convención, 82 signatarios del protocolo, 53 ratificaciones de aquélla, y 32 de éste, siendo Sudán el más reciente. Mucho debemos a la ciencia y a la sociedad civil.
Ahora sabemos que en la vulnerabilidad de nuestros conciudadanos que viven con discapacidad hay no sólo una condición diagnosticable sino sobre todo una negativa social a que aumenten sus capacidades, al vedárseles la educación, el trabajo, el ocio, el acceso a casi todo, la salud, los demás servicios públicos y una vida familiar digna de ese nombre.
También hemos aprendido cuánto tienen que ver las discapacidades con el desarrollo. Cuántas de ellas tienen su origen o su agravante en situaciones de escasez y necesidad, trabajos penosos, accidentes laborales en condiciones insalubres o peligrosas, o debidos a malas infraestructuras, violencia y conflictos, guerras y tortura. Hay en el mundo en torno a 650 millones de seres humanos que viven con discapacidad, un 10% de la población mundial, y en torno al mismo porcentaje cifra en México. Son la mayor minoría discriminada del planeta. Estas personas suelen proceder de un entorno pobre, a veces causante de la discapacidad, y su discapacidad les empobrece, en una espiral sin salida.
Como siempre, las personas con discapacidad y sin medios lo tienen casi imposible para superar las barreras y necesitan un apoyo más intenso. De nuestra acción depende su porvenir. Eso han venido a decir los 139 firmantes de la Convención: si antes se afirmaba que el grado de civilización de una sociedad se podía medir, a simple vista, por el trato que dispensaba a sus mayores, añadamos ahora a las personas que viven con discapacidad. Y desconfíe quien esto lea de los lugares en que 10% de la población se torna invisible: es porque está escondida, oculta a las miradas, atemorizada y segregada en guetos y reclusorios cuyas paredes son, a veces, los muros de la vergüenza ajena de sus familias.
Frente a ese pasado, tenemos por delante un futuro de derechos. Estamos construyendo un mundo con menos pobreza, en el que nacerán menos personas con discapacidad por falta de atención médica a sus madres, en el que se evitarán accidentes y violencia, en el que se atenderán situaciones de riesgo y atraso para evitar que se agraven y deriven en discapacidad. Estamos reduciendo la vulnerabilidad. También está promoviéndose el desarrollo humano de las personas que viven con alguna discapacidad, con avances médicos y tecnológicos pero sobre todo con solidaridad social, desterrando la discriminación. Nada duele más a un/a joven que vérsele negado el acceso a un lugar de ocio por causa de una discapacidad, no poder presentarse a una oferta de trabajo a causa de las barreras de la indiferencia, tener prohibidas relaciones normales para la gente de su edad porque los tabúes lo impiden. Nada integra más que la diversión, la cultura, un empleo o un noviazgo. Ellos y ellas también tienen derecho a eso.
No se trata sólo de construir miles de rampas en nuestras aceras. Las mayores empresas comerciales de los países ricos ya han descubierto -y bienvenidas sean- que los carritos eléctricos en los supermercados aumentan las ventas ya que sus productos devienen accesibles a un sector de consumidores antes excluidos. La accesibilidad del entorno físico es un primer paso. Es preciso efectuar un gran número de lo que la Convención llama "ajustes razonables", es decir, modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan cargas desproporcionadas, para garantizar a las personas con discapacidad el disfrute de sus derechos humanos y libertades. Es aún más importante pensar los productos, entornos y servicios con diseños universales, de manera que puedan ser utilizados por todas las personas sin necesidad de ajustes.
Los estados, los particulares, las empresas, los centros de enseñanza, los municipios, la sociedad civil, todos y todas tenemos algo que aportar para hacer avanzar esta frontera de civilización. Lo primero es actuar, ya que no hacerlo equivale a discriminar. Lo segundo es, obviamente, no discriminar por acción. Estas letras forman parte de un esfuerzo de abogacía para que tomemos conciencia, que comparte Naciones Unidas, quien esto escribe y el diario que lo publica. No debería ser preciso recordarlo, pero hay situaciones de crueldad extrema que nos obligan a decir que las personas con discapacidad tienen derecho a la vida y a la libertad. Hemos de pensar en las situaciones específicas que viven las mujeres con discapacidad, y los niños y niñas con discapacidad, todas las personas con discapacidad cuando se dan situaciones de riesgo y de emergencia. La accesibilidad ha de superar el entorno y adentrarse al mercado de trabajo. Es importante vigilar que en ese y otros contextos no se produzca ni abuso, ni explotación, ni violencia.
El acceso a la justicia es fundamental para personas en riesgo permanente de que se les cercenen sus derechos. Deben tener derecho a moverse libremente dentro y fuera de su país y a vivir de forma independiente. Para estas personas son fundamentales los derechos a la salud y a la educación, pero también el de participación política, en la vida cultural y en el deporte. Para que se desarrollen con éxito políticas públicas integrales, son finalmente necesarios un nivel adecuado de recursos y una información precisa de la realidad y evolución de las distintas situaciones de discapacidad, datos y estadísticas, análisis e investigación.
Dentro de un año México y las demás naciones firmantes deberán presentar al secretario general de Naciones Unidas su primer informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la Convención y sobre los progresos realizados. México fue uno de los países líderes en el Comité Especial que preparó el tratado, un liderazgo personificado en don Gilberto Rincón Gallardo, que simboliza en una simbiosis perfecta al Estado mexicano y a su sociedad civil. El mejor tributo que pudiéramos rendir a su incansable y exitosa labor de defensa de los derechos humanos sería ayudar a producir avances claros en la condición social de las personas que en México viven con discapacidad. El Congreso de la Unión, en una encomiable revisión legislativa, está reformando la Ley General de las Personas con Discapacidad, para recibir de forma plena las normas más progresivas de la Convención en el corpus legal de la República. El Senado podría asimismo reflexionar sobre la efectividad de reservas que pueden confundir, más que ayudar a promover derechos en base al principio "pro persona", es decir la aplicabilidad de la norma más beneficiosa de cuantas puedan invocarse. Y los tribunales del país podrían aportar un activismo tutelar de los derechos de quienes menos los pueden defender, haciéndose valedores de la Convención como los demás poderes del Estado.
Hemos avanzado en la definición de derechos a nivel internacional, pero no es a ese nivel al que se disfrutan y ejercen las libertades, sino en nuestras ciudades y pueblos, en el trabajo y en la escuela, en los lugares de diversión y encuentro, ante las cortes de justicia y en los servicios públicos, en los medios de comunicación, en los hospitales. En las mil y una actividades que tejen el presenten, que crean posibilidad de futuro. Como dice la Convención, es preciso promover el respeto de la dignidad inherente de las personas con discapacidad; esa es la mejor medida de nuestra propia dignidad. Garanticemos los derechos de nuestras y nuestros conciudadanos, sin reserva alguna.

(Artículo publicado en El Universal)