Por Vicenç Navarro (Catedrático de Políicas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra)
Según los datos de la Comisión Europea, la actividad económica en la Eurozona está descendiendo. Durante el periodo Abril-Junio descendió, como promedio, un 0,2%, y se espera que el informe de Octubre muestre una contracción incluso mayor de tal actividad. A estos datos debe añadirse la información proveída por el Banco Central Europeo, que señala que la actividad financiera también ha disminuido en la Eurozona, sin que se espere la reactivación de tal actividad en un futuro próximo. Mírese como se mire, pues, la situación económica y financiera va mal, en realidad, muy mal. Las cifras de desempleo en la Eurozona han alcanzado niveles sin precedentes, 18 millones de parados con un incremento anual de un millón durante estos años de crisis.
Es obvio que las políticas de austeridad –que se han estado promoviendo por la troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional)- no están reavivando la economía de la Eurozona. En realidad, todos los datos señalan que, al revés, la están hundiendo. Y a pesar de ello, la troika continúa insistiendo en que la solución pasa por todavía más austeridad y más recortes. En estos momentos, está exigiendo en Grecia que se recorten 11.500 millones de euros del presupuesto nacional. En España también se están exigiendo para 2013 añadir 13.000 millones de euros de recortes a los que han ocurrido durante cada año de la crisis. En Francia, con un gobierno socialista, presidido por el Sr. François Hollande, éste está planeando recortar 30.000 millones de euros de su presupuesto. Y la lista puede alargarse incluyendo más y más países de la Eurozona. Las políticas de recortes han sido el eje central de las intervenciones públicas en los países de la Eurozona.
Además de estos recortes, se están aplicando otras políticas de claro corte neoliberal, como el retraso de la edad de jubilación, la reducción de los beneficios sociales y laborales, el descenso del seguro de desempleo, la reducción de salarios, y una larga lista de intervenciones que están reduciendo el bienestar social de las clases populares, que constituyen la mayoría de la población en los países de la Eurozona.
Europa se rebela
Como era de esperar, tales clases populares de estos países se están rebelando frente a estas políticas, políticas que en su gran mayoría se están imponiendo a la ciudadanía sin que hubiera un mandato popular para ello, ya que tales medidas no estaban en el programa electoral de los partidos gobernantes. De ahí que la legitimidad de tales gobiernos y de las instituciones que gobiernan la Eurozona y la Unión Europea esté cada vez más cuestionada. La atracción de Europa, que era generalizada en los países del Sur de tal continente (la mayoría habían sufrido dictaduras fascistas o fascistoides durante muchos años), está desapareciendo muy rápidamente. Y la conveniencia del euro como moneda común también se está cuestionando. Varias encuestas han aparecido en los mayores medios de información europeos diciendo que un porcentaje cada año mayor, identifica el establecimiento del euro como responsable de su pérdida de capacidad adquisitiva.
La rebelión de las clases populares a estas políticas neoliberales impuestas por el establishment europeo está actualmente generalizada. En Portugal, acaba de realizarse una huelga general y hay manifestaciones de protesta día tras día. En Francia, este domingo hubo manifestaciones a lo largo de su territorio protestando por la propuesta del presidente Hollande de aprobar el Pacto Fiscal que obligará, en la práctica, a perpetuar las políticas de austeridad. En Grecia, las protestas laborales y sociales son también el pan de cada día, alcanzando cada vez más una orientación violenta que puede afectar la viabilidad de sus instituciones representativas. Un tanto parecido ocurre en España, donde la represión por parte del Estado, heredero, en parte, de la dictadura, es especialmente acentuado en contra de las numerosas manifestaciones que toman lugar a lo largo del territorio español. Y lo mismo está ocurriendo en Italia, donde los sindicatos están liderando una oposición cada vez más generalizada contra las imposiciones del gobierno Monti.
La respuesta del establishment que gobierna la Eurozona
Ni que decir tiene que esta agitación social está generando respuestas del establishment que gobierna la Eurozona. Una de ellas, son las medidas tomadas por el BCE de comprar bonos públicos (de corto periodo, no más de tres años) en el mercado primario, condicionado a que los países pidan un rescate del European Stability Mechanism (ESM), al cual se le ha dotado de 500.000 millones de euros para que compre deuda pública (a largo plazo, de 10 años) en el mercado secundario, sujeto todo ello a unas condiciones leoninas que implican todavía más recortes. Estas medidas de recortes y austeridad, forzando una bajada de los salarios, supondrán todavía un mayor endeudamiento, junto con una mayor austeridad, reforzándose así el ciclo vicioso entre endeudamiento, austeridad y declive de la actividad económica.
Lo que está pasando en España con el rescate bancario es un claro ejemplo de ello. Se proveen 100.000 millones de euros, que se prestan al Estado español (con lo cual el déficit y la deuda pública aumentan), con la condición de que se reduzca todavía más el gasto público, empeorando así, incluso más, la situación de la economía española.
¡Hay alternativas a los recortes!
Para cualquier persona que no esté obcecada con el dogma neoliberal es obvio que la solución a la crisis económica pasa por romper este círculo vicioso, que se inicia con un endeudamiento que quiere resolverse a base de políticas de austeridad que determinan un descenso de la actividad económica y de los ingresos al Estado, lo cual lleva a pedir prestado más dinero y a endeudarse. Este círculo vicioso es lo que está llevando la Eurozona al desastre.
Lo que tiene que hacerse es dejar de endeudarse, renegociando una deuda que ha beneficiado a la banca y a sus accionistas, pero a nadie más. No se puede avanzar con un sistema financiero que funciona para tan pocos a costa del sacrificio de tantos. La banca privada ya ha perdido su función social, que es la de proveer crédito. Si no ofrece crédito, no tiene lógica su existencia. El tamaño del sector financiero en una economía debe por lo tanto reducirse sustancialmente mediante toda una serie de medidas, que incluyen desde una carga impositiva mucho más elevada a la banca (sin afectar los ahorros del ciudadano normal y corriente), gravando principalmente a los grandes depósitos, las largas transacciones y las actividades especulativas. Otras medidas deberían incluir su nacionalización, con pleno intervencionismo del Estado para garantizar la disponibilidad de crédito razonable y accesible. No puede permitirse que la banca privada sea el aparato sanguíneo del cuerpo económico.
Por otra parte, los Estados deben dejar de depender tanto de los préstamos externos, observación que es especialmente relevante para los países llamados en la terminología anglosajona PIGS (o GIPSI si se incluye Italia). Cada uno de estos Estados (cuyos ingresos al Estado son excesivamente bajos) debe incrementar sustancialmente sus ingresos públicos. Si España tuviera la carga fiscal de Suecia, el Estado español ingresaría 200.000 millones de euros más al año. En Italia, según el Banco de Italia, la riqueza existente en el país, altamente concentrada (que podría y debería general fondos al Estado), representa 8.600.000 millones de euros, que es más de cuatro veces los 2.000.000 millones de euros de deuda pública que tiene su Estado. Si tal riqueza concentrada, como sugiere Tom Gill en su artículo “Europe is Revolting” (CounterPunch, Septiembre de 2012) se la gravara con un 2% de la riqueza poseída por el 50% más rico de los propietarios, se generarían 100.000 millones de euros más al año para las arcas del Estado.
Un tanto semejante en Portugal, donde el gobierno propuso recientemente unos recortes de 4.900 millones de euros (que tuvo que retirar debido a la oposición de la ciudadanía). Los sindicatos portugueses propusieron como alternativas un aumento del gravamen de un 0,25% en las transacciones bancarias (consiguiendo así 2.000 millones), de un 10% en las ganancias en la propiedad de los mayores accionistas del país (consiguiendo 1.700 millones de euros), un incremento del impuesto de sociedades para las empresas que facturan a partir de 1.2 millones de euros al año (1.200 millones de euros), y una disminución del fraude fiscal (1.200 millones de euros). Todas estas medidas afectarían sólo al 1% de la población: los súper ricos. Todas estas propuestas son altamente populares.
Otras propuestas también altamente populares es la reducción del gasto en las Fuerzas Armadas. Gran parte de tales fuerzas militares hacen funciones policiales y de represión interna, caso claro en España, donde se asigna a tales fuerzas armadas la garantía de “la unidad de España”, función que expresa el carácter policial y de represión interna del país, defendiendo en la práctica un centralismo que inhibe la expresión de la riqueza de España que debería basarse en la expresión de su plurinacionalidad. Ni que decir tiene que estas propuestas alternativas, populares a nivel de calle, son inmensamente impopulares en los establishments que gobiernan a los países de la Eurozona, que están imponiendo políticas opuestas, altamente impopulares. Hoy existen unas instituciones que no han sido elegidas por la población, que gobiernan e imponen lo que favorece a sus intereses particulares, a costa de los intereses generales. Las fuerzas auténticamente democráticas deberían coordinarse a nivel europeo, incluyendo una huelga general a nivel de toda la Eurozona para indicar que las clases populares están diciendo basta ya de esta dictadura financiera que está llevando a todos los países al desastre.
Fuente: Nuevatribuna.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario