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Si no salvo mis ideales, no me salvo a mi.







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viernes, mayo 06, 2011

Lo que vale es que de votos...

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elcorreo.com
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El presente de los servicios sociales mira a lo económico. Álava, su diputado general, fue el primero en dar la voz de alarma en verano de 2008. Sin prisa pero sin pausa, matizó, es esencial encontrar nuevos pastos para alimentar una vaca foral, con síntomas de agotamiento y casi en la reserva. Nuevas residencias, centros de día, el envejecimiento de la población, la aprobación de una exigente Ley de Dependencia... ¿Cómo se paga esto? ¿Y quién?

Xabier Agirre ya advirtió de que quienes más tengan, más deberán aportar a un sistema que «no dejará a nadie fuera porque carezca de los recursos suficientes». Dos son las propuestas que más fuerza han cobrado: el establecimiento de nuevos precios públicos en el sistema actual de copago -en Álava, una plaza residencial geriátrica cuesta la mitad que en Vizcaya o Guipúzcoa-, o la aprobación de una contingencia similar a la de la Seguridad Social. Pero cualquier solución que se precie debe ir de la mano del Gobierno vasco y las diputaciones. Hay que definir el mapa de los servicios sociales. Qué se ofrecerá, quién lo costeará, qué porcentaje le corresponderá al usuario y cuál a las instituciones (y dentro de aquí, cuál a las diputaciones y cuál a Lakua).

El problema es mayúsculo. En apenas un década, Álava deberá atender a 8.000 nuevos dependientes. Ya lo advirtió uno de los muchos estudios 'ad hoc' encargados por la Diputación en el último tramo de la legislatura: «el envejecimiento de la población alavesa plantea un reto de gran alcance en cuanto a las implicaciones financieras». Y es que en 2020, un 20% de los alaveses tendrá más de 65 años (en 1999, el 14,8%) y de estas 71.500 personas, 35.880 tendrán algún tipo de dependencia o discapacidad, 8.000 más que ahora.

Toca buscar soluciones y salvo sorpresa, las previstas no gustarán a buena parte de la sociedad. Quizá por ello, los partidos han pactado aplazar el debate hasta pasadas las elecciones. Pero los datos están ahí: en Álava, lo que el usuario paga no llega ni al 30% del coste del servicio.

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