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La Comunidad es la segunda con
más quejas al Defensor del Pueblo
por la Ley de Dependencia
Los ayuntamientos de Alicante y Xàbia figuran entre las administraciones "entorpecedoras"
EUROPA PRESS/EFE/REDACCIÓN
La Comunidad Valenciana es la segunda región en la que se presentó un mayor número de quejas ante el Defensor del Pueblo en 2010 sobre la aplicación de la Ley de Dependencia, con un total de 88 nuevas, solo superada por la Comunidad de Madrid, que registró 134. Así se desprende de los datos de la última memoria de la institución, que además indican que estas quejas hacen referencia a las demoras en recibir las prestaciones o servicios correspondientes. Los datos ponen de manifiesto también que la tasa de atendidos con Programa Individual de Atención (PIA) por cada mil habitantes es en la Comunidad del 7,2, de las más bajas a nivel estatal, junto con Madrid (7,7) y Canarias (4,3).
Estos datos se incluyen en la memoria de 2010 del Defensor del Pueblo que la titular en funciones de la institución, María Luisa Cava de Llano, entregó ayer a los presidentes del Congreso y del Senado, José Bono y Javier Rojo, respectivamente. La crisis económica provocó el pasado año que se dispararan las reclamaciones al Defensor del Pueblo, que recibió 34.674 quejas, lo que supone un incremento del 56 por ciento respecto a las cifras de 2009. Cava de Llano, en declaraciones a la prensa, destacó que los problemas con los bancos y con la recaudación de impuestos se encuentran a la cabeza de las reclamaciones, junto con las quejas que han motivado las medidas adoptadas por el Gobierno para combatir la recesión.
Por comunidades, el mayor número de quejas correspondió a Madrid (el 21,85%), seguida de Andalucía (18,32%), la Comunidad Valenciana (14,15%), y Cataluña (10,29%). De la Comunidad Valenciana el Defensor del Pueblo atendió 4.794 expedientes de queja, lo que supone un aumento del 104,6 por ciento respecto al volumen alcanzado en 2009, en el que se registraron 2.343 quejas. Por provincias, Alicante fue la que registró mayor nivel de quejas de toda la Comunidad Valenciana, con un total de 2.690; seguida de Valencia, que registró 1.721 y Castellón con un total de 383 quejas. Además es la tercera provincia en número de quejas por detrás de Madrid y Barcelona.
La memoria también recoge un anexo sobre las administraciones "entorpecedoras" de la labor del Defensor del Pueblo y en él incluyen a los ayuntamientos de Alicante y Xàbia entre los que no han contestado tras efectuar tres requerimientos. En el caso de Alicante es una pregunta sobre la industrialización del Puerto que se planteó en 2009 y aún no la han contestado.
A continuación se detallan, en otros ámbitos, los principales aspectos que recoge el informe del Defensor del Pueblo:
Situación económica. El Defensor pide a las administraciones que modifiquen sus criterios tributarios ante las dificultades que han tenido los ciudadanos para pagar los impuestos en 2010 por la crisis. Constata además que la respuesta que le han dado las autoridades competentes es que, si los cambiaran, se pondrían en peligro las cuentas públicas "en un momento de descenso dramático de los ingresos".
Préstamos hipotecarios. El informe critica la falta de transparencia que muestran las entidades financieras a la hora de comercializar las cláusulas "suelo" en los préstamos hipotecarios, lo que implica la desprotección de los derechos de los consumidores. Respecto a la dación en pago la defensora aboga por abrir un debate al respecto, ya que la imposibilidad de saldar un préstamo devolviendo la vivienda hipotecada pone en riesgo la estabilidad financiera de las familias.
Inmigración. El informe alerta de que la actual normativa del Ministerio del Interior sobre identificaciones de extranjeros es "ambigua" y "podría favorecer la práctica de detenciones masivas" y dar "vía libre a detenciones preventivas sin fundamento".
Justicia. El Defensor denuncia las disfunciones que provoca en casi todos los ámbitos de la Justicia la escasez de medios materiales y humanos, y expresa su temor a que, frente esta situación, medidas como las de agilización procesal limiten las garantías de los ciudadanos. Ante la disminución de los recursos públicos disponibles para cubrir los gastos de la Administración de Justicia -advierte el Defensor- resultaría una equivocación acudir a reformas legales para solucionar todos los problemas.
Prisiones. La Defensora del Pueblo en funciones ha anunciado la elaboración de un informe monográfico sobre la situación de las prisiones, en el que propondrá la aplicación de penas alternativas a la de cárcel para paliar el "hacinamiento" y el "elevado coste" para el Estado.
Violencia machista. La memoria recomienda a las Fuerzas de Seguridad que analicen la posibilidad de adoptar o proponer las medidas que crean necesarias para asegurar "en la mayor medida posible" la integridad de las maltratadas. Además subraya que en materia de violencia machista la lentitud en la justicia, la falta de dotación de los equipos psicosociales y diversas cuestiones sobre las casas de acogida, son las quejas más frecuentes.
Sanidad. El Defensor del Pueblo destaca en su informe que, a tenor de los datos facilitados por las comunidades autónomas, a lo largo del año 2010 puede afirmarse que, efectivamente, son "excesivamente dilatados" los tiempos de espera en la sanidad y entre los ejemplos cita los nueve meses en consultas de oftalmología del centro de especialidades Santa Faz de Alicante. El informe hace un llamamiento a las administraciones para que adopten medidas efectivas de refuerzo de los servicios de salud pese al contexto de dificultades económicas que atraviesa España.
Educación. El informe cree que el nuevo diseño de las pruebas de acceso a la universidad, que entraron en vigor en 2010, ha estado sometido a "vaivenes constantes y modificaciones sucesivas", lo que ha generado en los alumnos "desconcierto y descontento generalizado". La institución recibió "numerosas" quejas de alumnos sobre la regulación de la selectividad, especialmente relativas a su contenido y organización y a los criterios de prioridad para la admisión universitaria de estudiantes en casos de concurrencia competitiva.
Redes sociales. El Defensor estima que fomentar una comunicación familiar "fluida" y de "confianza" evitaría "en gran medida" muchas situaciones delicadas e incluso trágicas relacionadas con el uso de las redes sociales por parte de los menores.
Medio Ambiente. La memoria reprocha a "muchas" administraciones su falta de compromiso con la defensa del medio ambiente, y cree "sumamente" equivocado que los espacios sin un régimen de protección cualificado carezcan de ella. El "insuficiente" interés por la defensa ambiental ocurre, por ejemplo, con la importancia concedida a las evaluaciones de impacto ambiental de proyectos de infraestructuras o de urbanización y con el grado de cumplimiento del deber a la información ambiental.
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