Por que no aplican la ley.

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Jueves, 2/6/2011, 06:00 h

Galicia

El Consultivo tumba el

aplazamiento del pago de atrasos

a dependientes

Traballo eleva el plazo a cinco años y suprime el régimen en caso de muerte

PABLO LÓPEZ - Santiago - 01/06/2011

La Xunta pretende aplazar el pago de las deudas reconocidas a beneficiarios de la Ley de Dependencia y eliminar toda referencia a los supuestos de fallecimiento del dependiente. Pero las intenciones de la Consellería de Traballo e Benestar se han encontrado con el rechazo frontal del Consello Consultivo de Galicia, que ha emitido un informe en el que declara "contrario al ordenamiento jurídico" el proyecto de decreto del Gobierno gallego que contiene todas estas modificaciones. La Consellería de Beatriz Mato estudia seguir adelante con la reforma pese al dictamen del Consultivo.

• "Es una adaptación"

El órgano asesor denuncia que el cambio es "limitativo de derechos"

En contraste con la publicidad dada a otras modificaciones del régimen de dependencia, Traballo e Benestar no ha informado hasta la fecha de su intención de modificar el decreto con el que desarrolló la Ley de Dependencia, aprobado en un Consello de la Xunta de febrero de 2010. La existencia de ese cambio solo ha trascendido tras conocerse el dictamen del Consello Consultivo, al que la Xunta remitió el expediente el pasado 12 de abril. Traballo asegura que la modificación no tiene más justificación que adaptarse a otro decreto posterior, este de ámbito estatal, para "unificar criterios".

Aunque el proyecto de decreto no es público, del dictamen del Consultivo se desprenden dos cambios de relevancia, que son los que cuestiona el órgano asesor de la Comunidad Autónoma. Ambos afectan a la disposición adicional que regula los pagos de los atrasos devengados a los beneficiarios. La Xunta cambia el plazo de dos años que regía hasta ahora por otro de cinco años. El párrafo que hace referencia al supuesto de fallecimiento del beneficiario también se elimina.

Con el decreto de la Xunta aún en vigor, los atrasos deben ser satisfechos "en un plazo máximo de dos años" desde la fecha de su reconocimiento, "con una periodicidad cuatrimestral". La nueva redacción establece que se paguen "en un plazo máximo de cinco años desde la fecha de reconocimiento expreso" de los derechos, "con una periodicidad anual y de igual cuantía en los pagos periódicos de devengo de los pagos reconocidos".

La Xunta apela para defender este cambio al Real Decreto del Gobierno de mayo de 2010, pero el Consultivo aprecia "divergencias" entre la normativa estatal y la gallega. El Ejecutivo central permitió los aplazamientos a cinco años de las libranzas para cuidados en el entorno familiar, pero la Xunta también incluye las vinculadas al servicio, que tienen como finalidad facilitar la adquisición de una asistencia privada por el beneficiario. El Consello Consultivo considera que, por lo tanto, esta modificación es "limitativa de derechos", y tiene "difícil encaje con la previsión legal de que este aplazamiento debe ser notificado a la persona beneficiaria de la prestación".

Respecto al supuesto de fallecimiento, la Xunta elimina el párrafo que establece para ese caso el abono "en un único pago de los atrasos reconocidos pendientes de pago" a los herederos del beneficiario. Aunque ese cambio pudiera entenderse como una pérdida del derecho para los herederos del dependiente, el Consello Consultivo concede que lo que se pretende es aplicarles también el plazo de cinco anualidades que rige para el resto de prestaciones. Pero incluso en ese caso, considera que la supresión del régimen específico "no aparece debidamente justificada".

El dictamen subraya que ni siquiera el preámbulo del proyecto hace alusión alguna al cambio en caso de fallecimiento. La única referencia a esta cuestión figura en el informe sobre las alegaciones presentadas en el trámite de audiencia, en el que se señala que es un punto "que no se aclara" en el Real Decreto del Gobierno "y que debe ser objeto de acuerdo en el Consejo Territorial del sistema" (el órgano que reúne a las comunidades autónomas y el Gobierno central). El Consello Consultivo subraya además que al ampliar de dos a cinco años el plazo, el número de beneficiarios fallecidos se producirá "con mayor frecuencia".

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