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Luna denuncia que la supuesta trama en
Solidaridad recibió 32 millones desde 2001
El PSPV ha denunciado la creación de un entramado auspiciado por el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, para "malversar" caudales públicos que habría recibido más de 32,3 millones de euros de la Generalitat desde 2001, lo que, a su juicio, "es más que Gürtel".
EFE. Valencia / 15 de octubre de 2010
Así lo ha asegurado el portavoz socialista en Les Corts, Ángel Luna, quien ha señalado que esta trama, que se fraguó cuando Blasco era conseller de Bienestar Social, en la actualidad sirve para nutrir con fondos públicos asociaciones, fundaciones y empresas vinculadas a altos cargos de la Conselleria" de Solidaridad.
Ha asegurado que la Fundación Solidaria Entrepueblos "sugiere actuaciones, controla las cuentas y utiliza como tapadera" a determinadas ONG, con el fin de que el dinero de la Conselleria llegue a empresas cuyos titulares forman parte del patronato de la propia fundación.
Luna ha presentado una serie de documentos que reflejan "las irregularidades" cometidas desde este departamento en la concesión de subvenciones para la ayuda al desarrollo en países del Tercer Mundo, y en concreto, se ha referido a actuaciones relacionadas con la ayuda a Haití tras el terremoto.
Ha señalado que la Conselleria se llevó a la fundación a Haití para concretar el proyecto de construcción de un hospital, presupuestado en 3,8 millones de euros, sin que mediara ningún concurso público, en lo que supone, según el portavoz socialista, "un nuevo sistema de adjudicación" inventado por Blasco.
Así lo refleja el borrador del acta de la reunión del Comité Permanente de Acción Humanitaria de la Comunitat del 3 de septiembre, que recoge que la propia fundación encargó la construcción a la empresa Orion de Miami, una firma que, según el PSPV, se dedica a "vender de inmuebles de alto standing".
Los socialistas también han mostrado una serie de cheques, extractos bancarios y apuntes de la Fundación Cyes, entre ellos uno que refleja el pago de más de 282.000 euros por la adquisición de un local, así como otros dos por valor de 46.489 euros que habrían sido destinados a la compra de garajes.
El portavoz parlamentario ha afirmado que este entramado de asociaciones, que según el PSPV también tuvo su reflejo en el movimiento vecinal, ha permitido crear "un red clientelar" que, en su opinión, "es fundamental para entender los resultados electorales del PP en la Comunitat Valenciana".
Este tipo de tramas, ha apuntado Luna, sirve para "debilitar a la sociedad civil" porque no se permite a otras ONG, asociaciones o empresas optar a ayudas y proyectos, y para hacer llegar "fondos públicos a bolsillos privados".
"Si para invertir 70.000 euros hay que gastar más de 200.000 en asesoramiento, algo no cuadra", ha destacado Luna, para quien estas acciones también sirven para "manipular la competición política en la Comunitat Valenciana", ya que permite la generación de "partidos políticos fantasma".
Al respecto, ha señalado que los candidatos del PSD a la Generalitat y a la alcaldía de Alicante en las elecciones de 2007 están integrados en red creada dentro del movimiento vecinal, y han servido, con los 10.000 votos obtenidos en la Comunitat, para "arrancarle al PSPV dos alcaldías en la provincia de Alicante".
"Todo esto se llama dinero público malversado, que escapa al control legal, e irregularmente distribuido. Esa es la capacidad estratégica de Blasco", ha manifestado el responsable socialista, quien ha afirmado que el principal beneficiario de todo esto es el president de la Generalitat, Francisco Camps.
Ángel Luna ha asegurado que lo tienen documentado hasta ahora "es más de lo que tienen documentado de Gürtel" y esto, ha apuntado, "no lo ha montado una trama de fuera", sino que es "genuinamente valenciano".
La coordiandora de ONGs califica el caso de inmoral y de atentado a la ética
La Coordinadora Valenciana de ONGD considera que la "instrumentalización de la solidaridad al servicio de intereses particulares -empresariales o políticos- es inmoral y atenta gravemente contra los pilares de la ética democrática ciudadana".
A juicio de la entidad que reúne a 108 ONGD, este asunto "por la gravedad de los hechos, genera dudas sobre la transparencia y eficacia de los programas de cooperación internacional desarrollados por las ONGD valencianas".
"Creemos que la instrumentalización de la solidaridad y la lucha contra la pobreza al servicio de intereses particulares -empresariales o políticos- es inmoral y atenta gravemente contra los pilares de la ética democrática ciudadana, así como el código ético de las ONGD que suscribimos todas las organizaciones que pertenecemos a nuestra Coordinadora", asegura el escrito.
La CVONGD ha pedido a la Generalitat que "clarifique lo sucedido ante la ciudadanía y el resto de agentes de cooperación, llegando hasta el final y, en su caso, depurando responsabilidades".
También han afirmado que la Fundación CYES no forma parte de la Coordinadora Valenciana de ONGD, que aglutina y representa en estos momentos a 108 ONGD, "entidades todas ellas que, desde la pluralidad que les caracteriza, asumen los códigos éticos de conducta y de comunicación establecidos desde la Coordinadora de ONGD de España".
La Coordinadora ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que no "se deje llevar por la gravedad de estos supuestos casos de mala gestión, y mantenga su compromiso crítico y activo en defensa de una mayor y mejor Ayuda Oficial al Desarrollo".
Apoyo del Gobierno Valenciano
El vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, ha manifestado su "plena confianza" en la gestión que el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha hecho de los fondos de cooperación al desarrollo y ha pedido que se "respeten" sus explicaciones. Rambla hizo estas declaraciones en la rueda de prensa del pleno del Consell preguntado sobre si confiaba en la gestión de Blasco después de que la oposición lo haya acusado de auspiciar un entramado de ONG a través de la cual se derivaron fondos a una fundación que actuaba en connivencia con la Conselleria.
Estas acusaciones, sostiene, forman parte de la "estrategia electoral" de socialistas y Compromís que, ante la falta de "argumentos con los que afrontar la realidad económica y social de la Comunitat Valenciana", los utiliza y los va a seguir utilizando "en los próximos meses".
La oposición, lamenta, considera "cualquier opción" que les permita atacar al Gobierno valenciano, "independientemente de cual sea su miembro, con la finalidad de ocultar la realidad" que pasa porque ninguna de ellos cuentan con el "apoyo" de la sociedad valenciana.
Rambla ha restado importancia a estas acusaciones señalando que no han sido objeto del pleno del Consell, lo que a su juicio muestra "la normalidad" con la que desde la Generalitat "se está gestionando este ataque a la Conselleria de Solidaridad".
En este sentido, destacó que el propio Blasco ha dado "cumplida cuenta" de la corrección con la que se ha actuado en esta materia, y ha recordado que fue él mismo quien se puso a disposición de la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana para remitirle todos aquellos expedientes que creyera necesarios.
El vicepresidente ha pedido que la información que sale de la Conselleria de Cooperación sea "tenida igualmente en cuenta" que la que parte de la oposición, ya que tanto el departamento como su responsable merecen "un respeto" y una "consideración".
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