Estimado Sr:
Sara Maldonado Pino y David Olvera Sánchez, son dos personas con discapacidad intelectual (inteligencia límite) a quienes recientemente la Junta de Andalucía ha retirado la patria potestad de su hija Esmeralda, nacida el pasado día 7 de enero, -tras 48 horas de su nacimiento-, privando con ello a la menor y contra la voluntad de sus padres (artíc. 9 de la Convención Internacional de los derechos del Menor) a su derecho de lactancia como recomienda la OMS, por encontrarse éstos en situación de desamparo y tras haber puesto ellos mismos en conocimiento de los Servicios Sociales de San Fernando (Cádiz) su situación, donde se dirigieron en demanda de apoyos para poder ejercer su pleno derecho a la paternidad, como nuestro Estado de Derecho y la recién aprobada Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad, a través de su artículo 23, les otorga.
Lejos de recibir los apoyos a que tenían y siguen teniendo pleno derecho, que venían demandando, habiéndoseles ofrecido como única oferta por parte de los servicios sociales la posibilidad de abortar como los propios padres de la menor declaran y que a un tiempo desestimaron se encontraron con la triste, dramática y brutal situación de que tras 48 horas del nacimiento de su deseado bebé, éste como medida cautelar les fuese despiadadamente retirado, encontrándose en la acutualidad en el Centro S. Carlos de Chipiona y con un régimen de visitas de una hora a la semana, lo que está ocasionando un daño psicológico a los padres, especialmente a la madre, sin lugar a dudas irreparable..
Como ciudadano y como representante de un colectivo de personas con discapacidad que me honro en representar a cualquier persona con discapacidad, cuyos derechos le estén siendo vulnerados, tal como nuestros estatutos nos exigen, sea o no miembro de nuestra asociación o de nuestra localidad, no puedo permanecer impasible, teniendo conocimiento directo de este caso, -y que supone toda nuestra repulsa-, para exigirle como máximo responsable político y administrativo que es de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la adopción de inmediatas medidas oportunas para que esta pareja disponga con la máxima urgencia de los apoyos necesarios a que tienen pleno derecho, para constituir la familia que son y que por una posible negligencia administrativa que además deberían depurar, les han arrebatado.
Atentamente.
Presidente Asociación APIMF
David Bibiano Sahagún.
Sara Maldonado Pino y David Olvera Sánchez, son dos personas con discapacidad intelectual (inteligencia límite) a quienes recientemente la Junta de Andalucía ha retirado la patria potestad de su hija Esmeralda, nacida el pasado día 7 de enero, -tras 48 horas de su nacimiento-, privando con ello a la menor y contra la voluntad de sus padres (artíc. 9 de la Convención Internacional de los derechos del Menor) a su derecho de lactancia como recomienda la OMS, por encontrarse éstos en situación de desamparo y tras haber puesto ellos mismos en conocimiento de los Servicios Sociales de San Fernando (Cádiz) su situación, donde se dirigieron en demanda de apoyos para poder ejercer su pleno derecho a la paternidad, como nuestro Estado de Derecho y la recién aprobada Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad, a través de su artículo 23, les otorga.
Lejos de recibir los apoyos a que tenían y siguen teniendo pleno derecho, que venían demandando, habiéndoseles ofrecido como única oferta por parte de los servicios sociales la posibilidad de abortar como los propios padres de la menor declaran y que a un tiempo desestimaron se encontraron con la triste, dramática y brutal situación de que tras 48 horas del nacimiento de su deseado bebé, éste como medida cautelar les fuese despiadadamente retirado, encontrándose en la acutualidad en el Centro S. Carlos de Chipiona y con un régimen de visitas de una hora a la semana, lo que está ocasionando un daño psicológico a los padres, especialmente a la madre, sin lugar a dudas irreparable..
Como ciudadano y como representante de un colectivo de personas con discapacidad que me honro en representar a cualquier persona con discapacidad, cuyos derechos le estén siendo vulnerados, tal como nuestros estatutos nos exigen, sea o no miembro de nuestra asociación o de nuestra localidad, no puedo permanecer impasible, teniendo conocimiento directo de este caso, -y que supone toda nuestra repulsa-, para exigirle como máximo responsable político y administrativo que es de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la adopción de inmediatas medidas oportunas para que esta pareja disponga con la máxima urgencia de los apoyos necesarios a que tienen pleno derecho, para constituir la familia que son y que por una posible negligencia administrativa que además deberían depurar, les han arrebatado.
Atentamente.
Presidente Asociación APIMF
David Bibiano Sahagún.
(Enviada por correo postal a D. Manuel Chaves)
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