Señoría:
El pasado 11 de enero le mandé un correo con el asunto: "La Junta retira un recién nacido a una pareja con minusvalía y sin recursos", al que acompañaba un articulo personal que reflejaba mis serias dudas sobre la legalidad y justicia de lo actuado.
Ha pasado más de un mes y la administració n no ha resuelto el asunto, lo ha desviado al trámite administrativo y al ámbito de la administració n de justicia. La justicia divina llegará antes que la humana, estoy convencido.
La cuestión de fondo es por qué los servicios sociales han asumido la guarda y custodia de la menor de una madre con discapacidad por la duda que suscita entre profesionales en la capacidad para asumirla ella. Los servicios sociales y, en general la comunidad habrían de velar por ofrecerles los apoyos necesarios para el cuidado de los hijos o hijas, como sucede también en otras mujeres o familias que se encuentran con dificultades en el cuidado y la educación de los menores.
El empecinamiento y "mala leche" (discúlpeseme el exabrupto) de la Junta de Andalucía ha llevado a que a la menor se le haya privado de la lactancia materna, derecho que para los niños defiende la OMS.
El motivo de este correo no es relatarle mis apreciaciones, que pueden ser parciales, si no adjuntarle un libro que recoge los aspectos relacionados con la discriminació n que sufren las mujeres discapacitadas para ejercer la maternidad.
Después de leer el prólogo del libro "Maternidad y discapacidad" , escrito por Isabel Martínez Lozano, Secretaria General de Políticas de Igualdad del Ministerio de Igualdad, no acierto a comprender porque las diputadas que sustentan al partido del gobierno miran para el mismo lado que los partidos de la oposición. Cuando se trata de violación de derechos a personas con discapacidad se produce un sentimiento de compresión contra el violador que ojala se prestara a la persona con discapacidad.
Es de público conocimiento que a la pareja de discapacitados les fue ofertado por parte de dos trabajadoras sociales el que la madre abortara. Lo grave del asunto es que la situación de la madre y del feto no está contemplada como supuesto que permita la interrupción del embarazo. Ni hubo violación, ni la salud del feto y la madre corrían peligro. En consecuencia el ofrecimiento del aborto pone en duda la integridad de la administració n, andaluza en este caso. ¿El ofrecimiento de las trabajadoras sociales responde a instrucciones internas de la Junta, como en el caso de la denegación del derecho a la asistencia personal a los menores de 16 años? ¿Se llevan a cabo abortos en centros sanitarios del SAS a personas con discapacidad sin que se cumpla la legalidad vigente?
La sombra de prácticas contrarias a la legalidad exige que se aclare de forma cristalina si se ha venido produciendo habitualmente y el hecho de que en octubre se constituyera en el Congreso una Subcomisión para la aplicación de la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo hace que este asunto de la invitación al aborto a una mujer con discapacidad y posible represalia de retirada de la tutela por no prestarse, deba de ser tenida en cuenta por el legislador, primero para esclarecer si es práctica habitual y segundo para prevenir en la legislación cualquier tentación de aborto eugenésico para madres con discapacidad.
Me permito apuntarle, señoría, que hay que estar a la altura de los tiempos en la sociedad que vivimos, aplicando a todo el mundo lo necesario para que puedan ejercer sus derechos en igualdad de oportunidades y usted sabe que las mujeres han avanzado mucho a lo largo de la historia. Desde los tiempos en que en algunas culturas se mataban a los recién nacidos con discapacidad y a sus madres para "romper el molde", han pasado unos cuantos días.
Un saludo
Vicente Valero
Texto enviado por Vicente Valero a las Diputadas del Congreso y al Parlamento Andaluz.
No hay comentarios:
Publicar un comentario