Alejandra regresa a su colegio de toda la vida
Educación quiso trasladar a la niña a Villagarcía
A.T. - VILAGARCÍA A las nueve de la mañana, Alejandra llegó al colegio Progreso de Catoira del brazo de su madre, Mónica Sumay. Las dos enfilaron el callejón tras casi cinco meses de batalla con la Administración educativa que, al carecer de sentimientos, decidió que la estudiante se desplazase a Vilagarcía para proseguir sus estudios, debido a su grado de incapacidad.
Pero el juez de primera instancia número 1 de Pontevedra devolvió la cordura a la situación y determinó que Alejandra debe seguir escolarizada en su centro de toda la vida, en el que cursó todas las etapas educativas hasta el pasado año.
Mónica Sumay cree que su impenitente lucha le permitió salvar el primero de los escollos que la administración puso a su paso. "Yo sólo busco la felicidad de mi hija, es lo único que pretendo", dice una y otra vez.
Y ese gesto alegre lo pudo ver ayer cuando Alejandra salió de clases. "Al principio estaba un poco sorprendida pero luego se vio arropada por el cariño de sus compañeros que la recibieron con los brazos abiertos. Creo que también los profesores". El caso es que Alejandra también puede estar con sus dos hermanos: "Son menores, pero ella se siente más arropada", indica.
Mónica Sumay reconoce que se trata de un pequeño primer paso y que la pelea con la Administración "no va a ser fácil", pero su trayectoria seguirá siendo la de defender a su hija "porque se trata de reclamar los derechos que le pertenecen como persona, como ser humano".
Está convencida de que son los padres quienes tienen el derecho a elegir el centro en el que debe cursar sus estudios obligatorios la alumna y que "Educación no puede actuar contra nuestra voluntad, sobre todo cuando creemos que estamos haciendo lo que más conviene a nuestra hija".
Preguntada por el recibimiento que dieron los profesores a Alejandra, Mónica Sumay no se muestra tan convencida como con los compañeros. "La han recibido bien, pero quizás por obligación". Recuerda que se trata de profesores de Secundaria, que son licenciados, y que creen que su misión es la de "inculcar conocimientos en vez de atención a los adolescentes". Por ello, entiende que es una misión que les va a resultar más compleja pues en anteriores etapas había profesores y educadores especializados.
Esta mujer afirma que seguirá con su lucha personal en lo sucesivo y, en este sentido, señala que una reciente resolución de la Organización de Naciones Unidas (ONU), del 3 de mayo, obligará a modificar muchas leyes que todavía discriminan a los discapacitados.
"Si hay leyes que no se ajustan a las demandas de la sociedad van a tener que cambiarlas, porque de lo que se trata es de defender los Derechos Humanos. Esa es mi única lucha, porque además creo en ella", explica con toda la naturalidad.
Mónica Sumay señala que este primer día de clases en el curso 2008-09 ya ha sido muy positivo para Alejandra "aunque haya tenido que empezar un viernes, debido a que Educación decidió enviar a la educadora en ese día de la semana".
De todos modos cree que la tardanza de Educación en contratar a la educadora "es un mal menor" y no le da importancia, ya que lo más probable es que el resto del curso Alejandra pueda seguir en el colegio catoirense.
Desde el pasado septiembre, la adolescente tuvo que conformarse con las clases de apoyo que recibió de forma particular por un gabinete privado. "No perdió el tiempo, siempre estuvimos a su lado", señala la madre.
Para Mónica Sumay, el camino es el de la "inclusión". "Estamos en el siglo XXI y la educación secundaria es obligatoria; por lo tanto, la Administración tiene que adoptar todos los medios para que los alumnos, con independencia de su situación y su capacidad, puedan ver cumplido este derecho".
"Sólo quiero que mi hija tenga los mismos derechos que los demás; en absoluto he buscado que Alejandra sea igual que ellos, significaría que no la quiero. Es una joven distinta, pero tiene unos derechos que nadie le puede quitar", afirma.
La chica sufrió al nacer una gran discapacidad, a consecuencia del sufrimiento fetal que conllevó un trastorno generalizado del desarrollo. Hasta los 14 años pudo recibir clases en el colegio Progreso, donde estuvo desde los 5 años, con profesores de apoyo. Cumplida esta edad surgieron los problemas, pues Educación pretendía que la joven cursara el resto de años en Vilagarcía, en un centro en el que carece de compañeros y amigos. Mónica Sumay afirma que seguirá pelando porque su hija se encuentre en el ambiente más adecuado y entiende que introducirla en otro diferente "puede provocar reacciones adversas".
En ese sentido recuerda el caso de una chica con parálisis cerebral que incluso perdió el contacto con sus padres durante 20 años porque la Administración le buscó centros que siempre la han alejado de la familia.
Fuente: El Faro de Vigo
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