El Procurador del Común urge el desarrollo normativo de la Ley de la Dependencia en Castilla y León
Propone articular una “planificación regional” para regular procedimientos de urgencia y programas individualizados y crear una comisión de seguimiento de la norma
El Procurador del Común en Castilla y León ha urgido el desarrollo normativo de la Ley de la Dependencia para asegurar su “plena aplicación” en la Comunidad. El alto comisionado demandó a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en una actuación de oficio a la que ha tenido acceso Ical, su desarrollo puesto que pese a haberse aprobado ya diferentes disposiciones las expectativas de los ciudadanos castellano y leoneses no se han visto plenamente satisfechas.
La institución, que preside Javier Amoedo, recibió el pasado año un gran número de reclamaciones por parte de ciudadanos de la Comunidad por lo que inició de forma proactiva -en junio de 2008- una investigación sobre la implantación en Castilla y León de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. Resolvió que existe “demora” en el acceso a los servicios básicos y prestaciones programadas por la norma.
Planificación regional
En ese sentido, Javier Amoedo advirtió en el expediente sobre la necesidad de diseñar una “planificación regional” para definir el catálogo de servicios del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Explicó que debe clarificarse los recursos asistenciales que comparten con los servicios de carácter social. Como ejemplo, recordó que otras comunidades autónomas españolas han estipulado los medios que deben movilizarse en las disposiciones que se han aprobado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de la Dependencia.
De esta forma, aconsejó al Ejecutivo autonómico avanzar en el desarrollo de una regulación más especializada para resolver las deficiencias del actual marco normativo. Entre las propuestas, el Procurador del Común planteó desarrollar un reglamento sobre el establecimiento, aprobación, revisión y supervisión de un programa individualizado así como el establecimiento de plazos para su elaboración y aprobación. También encomendó a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades la creación de un procedimiento de urgencia para acotar el plazo máximo de respuesta a solicitantes que atraviesen por situaciones excepcionales.
Esta institución también plantea la posibilidad de que la administración competente ofrezca una respuesta jurídica y moral adecuada a los familiares del solicitante cuando éste fallezca. Al respecto la Junta de Castilla y León se comprometió a garantizar a las personas dependientes una ayuda mínima aunque se beneficien de alguna otra prestación de análoga naturaleza y una vez deducida ésta, incluso cuando la persona haya fallecido y la hubiera solicitado. En este caso, serán sus herederos los que perciban la ayuda, según recogerá una nueva normativa en la que trabaja el Gobierno autonómico y que completará la Ley de Dependencia nacional.
Escasa previsión
Esta actuación del Procurador del Común revela que ha existido una “escasa” previsión por parte de los poderes públicos a la hora de abordar la organización de los medios humanos y materiales lo que ha originado “incumplimientos” en los plazos previstos por la norma a nivel estatal para el reconocimiento de la situación de dependencia y, por lo tanto, la concesión de prestaciones. El alto comisionado también demandó que se agilice la tramitación de los procedimientos aunque considera “innegable” el elevado número de expedientes presentados por lo que no duda del “esfuerzo” realizado por las administraciones autonómica y local.
Sin embargo señaló que la Junta de Castilla y León debería arbitrar los mecanismos que permitan que las solicitudes se resuelvan en los plazos previstos, es decir, eliminando los “importantes retrasos” que se producen y las consecuencias derivadas del silencio administrativo positivo. El Procurador del Común basó su informe en los datos proporcionados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
De las 36.998 solicitudes presentadas a fecha de 30 de septiembre de 2008, se encontraban en situación de valoración o en vías de ello 35.770, es decir, el 97 por ciento. La institución puso de manifiesto que los expedientes resueltos suponen el 76 por ciento del total (26.882). Por ello, de las 19.885 personas con derecho a recibir una prestación reconocida en la ley percibían algún servicio 7.385 por lo que se encontraban todavía pendientes 12.500 solicitudes.
Red suficiente
El procurador del Común, Javier Amoedo, sugirió a la Junta promover la plena efectividad del catálogo de servicios mediante la constitución de una red “suficiente” y “adecuada” para satisfacer las demandas de los ciudadanos, “reducir las listas de espera”, garantizar el “acceso rápido” a los servicios descritos por la ley. Para ello, consideró necesario la planificación de las plazas, la creación, ampliación o adaptación de los recursos existentes.
Comisión de seguimiento
Otra de las propuestas del Procurador del Común es la creación de una comisión de seguimiento del Sistema para la autonomía y la atención a la dependencia. Este órgano, integrado por el Gobierno autonómico y las entidades locales, debería encargarse de impulsar la aplicación de los preceptos de la ley. Además el alto comisionado invitó a todas las instituciones a suscribir convenios de colaboración que permitan coordinar las actuaciones. También consideró interesante idear mecanismos para promover actuaciones conjuntas de los servicios sociales y sanitarios (primaria y especializados) de la Comunidad.
Fuente: León Noticias.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario