El 44% de ayudas de la Ley de Dependencia no se justifica
Publicado el 09-02-2009 por M.Tejo. Madrid
La Ley de Dependencia sigue embarrada. Además de la falta de recursos que entorpecen su despegue, ahora el sistema que prevé la atención de las personas que no pueden valerse por sí mismas acaba de caerse en el fango del descontrol.
Según los últimos datos oficiales, hasta febrero se reconocieron 529.889 prestaciones que, de acuerdo al texto legal, deben corresponderse con una paga económica, o bien, un servicio social. Y hasta aquí la teoría, porque el Gobierno ignora a qué se destinan el 44% de las prestaciones. Se trata de un cajón de sastre que crece mes a mes bajo el membrete de “sin especificar”.
Según las fuentes parlamentarias consultadas, Cabrera ha sido interpelada en varias ocasiones sobre este punto negro que arrastra la estadística que elabora Educación. Según ha podido saber EXPANSIÓN, su respuesta ha sido siempre la misma; que esos datos los suministran las comunidades autónomas, que son quienes gestionan las ayudas a los discapacitados en cada uno de sus territorios.
El Ejecutivo es consciente del lastre que suponen las 233.648 prestaciones que no están encuadradas en ninguna de las modalidades de ayudas contempladas por la ley (plaza de residencia, ayuda de un trabajador social en el domicilio, etc). Por eso lleva meses insistiendo a las autonomías que complemente sus datos. Esa espera dura ya más de diez meses, desde el 14 de abril de 2008, fecha en la que, según el Gobierno, se iniciaron los reclamos.
La larga demora y, sobre todo, la falta de motivos aparentes por los que los territorios deciden no catalogar las ayudas que reciben determinados enfermos ha llevado a las asociaciones de usuarios a hacer sus propias conclusiones. “Se trata de personas que han terminado todo el papeleo administrativo, pero que aún no reciben de facto su prestación, por lo que se las encuadra en un apartado ambiguo”, relatan desde una importante agrupación madrileña.
Sólo desde esta perspectiva explican que en Andalucía, por ejemplo, haya un número similar de prestaciones incluidas en el apartado de “sin especificar “ (46.892) que en los apartados donde se engloban quienes reciben pagas económicas (46.775). O que en Extremadura las ayudas sin catalogar (6.706) superen a la suma del resto de apartados (6.336). La misma historia se repite en el País Vasco, donde hay un número igual de usuarios con una ayuda transparente, como quienes no la tienen (25.329).
En cualquier caso, estas personas computan a efectos prácticos como beneficiarias de la Ley de Dependencia. Y he aquí otro de los escollos: la ministra del ramo ha reconocido ya a los partidos políticos que el concepto de beneficiario de la ley, del que informa su Departamento periódicamente, no equivale al de número de personas que reciben de facto una ayuda administrativa.
Más aún, de nuevo, y debido a que son las comunidades quienes trasladan sus datos al Gobierno, la ministra admite que desconoce qué porcentaje de población afectada está recibiendo realmente las ayudas que contempla la norma. Desde las filas del PP dan un paso más y denuncian que los enfermos de mayor gravedad ( “grandes” y “severos” dependientes) suelen necesitar dos servicios de forma simultánea, una duplicidad que se cuela en la estadística como si se tratara de dos beneficiarios. Estos últimos lodos se unen a la falta de financiación que denuncian las comunidades.
El Gobierno ha admitido que el año pasado no ejecutó ni la mitad de los fondos del “nivel mínimo” de protección destinados a la Ley de Dependencia. De la hucha para 2008, aún no se ha repartido el 40% –ver EXPANSIÓN del 28 de noviembre–.
Fuente: Expansión.com
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