...
El fiscal atribuye tres delitos a
Alperi y Castedo por revelar datos
del PGOU
El juzgado no ha imputado aún a nadie y da 20 días a la Policía para que entregue los últimos informes y a las partes personadas para que presenten recursos
P. CERRADA
Uno de los documentos incluidos en las diligencias del PGOU dadas a conocer ayer a las partes es un informe de treinta folios del fiscal anticorrupción, Felipe Briones, donde incluye a 21 personas, entre políticos, empresarios, abogados, banqueros y técnicos, como presuntos implicados en una serie de delitos cometidos durante la redacción del Plan General de Ordenación de Urbana, en la que presuntamente beneficiaron a Ortiz. En dicho informe, elaborado en junio de 2010 para pedir al juzgado de Orihuela que se inhibiera en favor de los de Alicante, el fiscal considera que la alcaldesa de Alicante y diputada autonómica electa, Sonia Castedo, y el diputado y exalcalde Luis Díaz Alperi, pudieron cometer presuntamente al menos tres delitos: revelación de información privilegiada facilitada por autoridad y funcionario, tráfico de influencias y cohecho. Estos dos últimos delitos también los imputa la Fiscalía al empresario Enrique Ortiz, junto a un tercero de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad y funcionario. Además de Alperi, Castedo y Ortiz, la Fiscalía también pretende que sean imputadas otras 18 personas en la causa.
Mientras que la alcaldesa y el exalcalde, por su condición de aforados, no declararán en el juzgado de Instrucción número 5 de Alicante donde se investiga el caso del PGOU, el magistrado Manrique Tejada sí contempla interrogar a otros implicados en la causa antes de la más que probable remisión de la causa al Tribunal Superior de Justicia por la situación de Alperi y Castedo.
Dichas declaraciones se realizarán a partir de que concluya el plazo de 20 días dado ayer a las partes personadas para que se instruyan de la causa y presenten recursos o cualquier otra petición que consideren. En la causa están personados el PSOE, Enrique Ortiz, Esquerra Unida, el abogado Javier Gutiérrez y el asesor José Luis Castedo.
En el auto donde se acuerda levantar el secreto de sumario, el juez también requiere a la Policía Judicial para que en un plazo máximo de veinte días naturales remita al juzgado los «informes de los resultados de las diligencias de investigación solicitadas a través de este juzgado», entre ellas el informe patrimonial sobre la alcaldesa.
El abogado José Sánchez Alarcos, defensor del letrado Javier Gutiérrez y de José Luis Castedo –socios del despacho Salvetti Abogados y Consultores– tiene previsto solicitar la nulidad de las intervenciones telefónicas del caso Brugal. Sánchez Alarcos las considera unas «escuchas prospectivas».
Compromís reclama una comisión en las Cortes para investigar la trama
La diputada autonómica de Compromís por Alicante, Mireia Mollà, advirtió ayer de que su partido pedirá en las Cortes Valencianas que se active una comisión de investigación para analizar las presuntas irregularidades que rodean al PGOU de Alicante y que salpican a varios parlamentarios como la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el exprimer edil de la ciudad, Luis Díaz Alperi. Mollà pidió a ambos diputados que «no entorpezcan esta iniciativa, ya que como han destacado no tienen nada que esconder». Además, anunció que solicitarán en la próxima a Comisión del Estatuto de los Diputados, donde se analizan las posibles incompatibilidades de los cargos electos, que se evalúen también estos casos salpicados por la corrupción. N. IGLESIAS
--
No hay comentarios:
Publicar un comentario