El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, antes del inicio de la sesión de control de Les Corts Valencianes / Efe / Juan Carlos Cárdenas
Las sospechas de corrupción contaminan a
casi toda la cúpula del PP valenciano y a
cargos del PSPV
El PP se defiende: "todo es un montaje" afirma la consellera portavoz de la Generalitat Valenciana. | En el entorno de Francisco Camps inquieta profundamente la estética de las conversaciones del caso Brugal, que revelan fiestas entre populares y empresarios
8 votos
Salvador Enguix | Valencia | 01/11/2010 | Actualizada a las 18:39h | Política
La abundancia de presuntos casos de corrupción en la Comunidad Valenciana salpica ya a casi toda la clase dirigente del PP valenciano – desde el president Francisco Camps hasta presidentes provinciales y alcaldes-, a algunos altos cargos del PSPV-PSOE de Alicante, a empresas y empresarios de las tres provincias y también a familiares de cargos públicos de la administración. Es difícil totalizar la cantidad de afectados, pero en los diferentes sumarios que se instruyen – caso Gürtel, caso Carlos Fabra y caso Brugal, entre otros – se contabilizan decenas de personas, muchas de ellas con amplias responsabilidades en las instituciones valencianas.
Junto a la cuestión legal, la divulgación de conversaciones en los últimos días en torno al caso Brugal – trama de concesión de basuras en la provincia de Alicante - ha destapado algo que inquieta profundamente al PP. En un momento en el que muchos valencianos lo están pasando mal a causa de la crisis – la tasa del paro en la Comunidad Valenciana es superior al 20% - se ha evidenciado la connivencia de algunos protagonistas de las tramas, a lo que se suma la dudosa estética de los casos: por ejemplo los acuerdos y adjudicaciones en Alicante se celebraban entre políticos y empresarios en fiestas bañadas con champán y marisco sobre yates de lujo. Una connivencia que ya se ha cobrado la cabeza de los portavoces socialistas de la Diputación de Alicante y del Ayuntamiento de esta ciudad; este último, Roque Moreno, pidió al empresario Enrique Ortiz, imputado por varios delitos en el caso Brugal, que "colocara" al hijo de un ex consejal socialista. En el PP, de momento, nadie ha dimitido.
Desde la Generalitat Valenciana se defiende a capa y espada a todos los imputados del partido – entre los que se encuentran también los presidentes de las Diputaciones de Castellón y Alicante, Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll - y se afirma que "todo es un montaje", en palabras de la consellera portavoz Paula Sánchez de León. Una especie de conspiración que, según afirmó el pasado viernes, comenzó a fraguarse en febrero del 2009, en la cacería en la que coincidieron el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo y el juez Baltasar Garzón. Sin embargo, los miles de folios de la instrucción del caso Brugal se originaron por la denuncia del empresario alicantino Ángel Fenoll. Denuncia a partir de la cual se han descubierto presuntas tramas paralelas entre el Ayuntamiento de Alicante con Enrique Ortiz, principal accionista del Hércules Club de Fútbol.
En pleno periodo preelectoral, nadie duda ya de que los presuntos casos de corrupción van a marcar la agenda política de la Comunidad Valenciana en los próximos meses y hasta el mes de mayo, cuando se celebren las elecciones autonómicas y locales. A los casos citados, desde la cúpula del PP se esperan las decisiones que adopte el TSJ de Valencia en dos asuntos claves: el de los trajes regalados por Orange Market, que ha llevado a Francisco Camps y a otros altos cargos de la Generalitat Valenciana a estar imputados por cohecho pasivo; y el de la presunta financiación ilegal del PP valenciano; instrucción iniciada por el juez Antonio Pedreira que puede acarrear imputaciones a otros miembros del ejecutivo valenciano. La deriva que pueda producirse por la decisión de los jueces es imprevisible; porque sus consecuencias pueden llevar a muchos de los imputados ante los tribunales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario