Jueves 11 de noviembre de 2010
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Elda
Aspe
El Consell atribuye a un ´error
administrativo´ la petición de datos a un
dependiente fallecido en 2007
La Conselleria de Bienestar Social asegura que el Instituto Nacional de Estadística no le informó sobre la defunción pese a estar obligado
01:41
PÉREZ GIL
La Conselleria de Bienestar Social ha calificado de "error administrativo" el hecho de haber pedido ahora, por primera vez, información sobre un dependiente de Aspe que falleció hace tres años y cuatro meses de un tumor cerebral, justo un mes después de que su esposa cumplimentara la solicitud de ayuda de la Ley de Dependencia que una técnico municipal remitió a la Generalitat.
Desde la Conselleria se han admitido los hechos adelantados ayer por este diario y tan sólo se ha puntualizado al respecto que la carta certificada solicitando los datos personales del dependiente se envió en 2007, pero Correos la devolvió por encontrarse el titular, en este caso la esposa, ausente del domicilio. Sin embargo, por motivos que la Conselleria no ha podido explicar, la carta le ha llegado ahora a la viuda y ésta ha expresado su malestar por lo que considera una "poca vergüenza".
En cualquier caso Bienestar Social ha repartido su responsabilidad en este asunto con el INE, el Instituto Nacional de Estadística que depende del Gobierno central. Desde la Conselleria se asegura que el INE incumplió el convenio que tiene suscrito con la Generalitat Valenciana para informarle cada dos meses de las defunciones de todas aquellas personas beneficiaras de la Ley de Dependencia o en espera de resolución. Algo que, según las fuentes consultadas en el Consell, no es la primera vez que ocurre. De haber conocido ese dato el expediente se hubiera archivado y la carta nunca hubiera llegado a su destino. También desde Bienestar Social se ha explicado que cuando la Ley de Dependencia entró en vigor en el año 2007 hubo tal volumen de solicitudes para acogerse a sus diferentes modalidades de ayuda -más 50.000 peticiones según la Conselleria- que se produjo un colapso en un sistema de tramitación administrativa que, además, estaba comenzando a dar sus primeros pasos sin la suficiente coordinación y formación entre los técnicos asignados a esta tarea. Circunstancias éstas que condujeron, según indican las mismas fuentes, a numerosos errores y carencias en la cumplimentación de los expedientes por parte de la Administración Local. Algo que la Conselleria pretende corregir a partir de 2011 con un decreto que reducirá a seis meses el proceso de tramitación y hará mucho más sencillo todo el procedimiento.
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