09.08.2010 M. Tejo. Madrid 8
En mitad de la crisis económica más perversa que se recuerda, da cierta tranquilidad ver que aún quedan economistas que no renuncian al papel y el lápiz para cuadrar cómo sea la mayor –y más preocupante— factura que arrastra España. El gasto sanitario superó en 2009 los 61.000 millones de euros, el 8,6% del PIB, un esfuerzo económico de lujo que el Ejecutivo podría contener mediante la introducción del copago.
Pero a Juan Oliva, presidente de la Asociación de Economía de la Salud (AES), no le salen las cuentas. “Esta medida es absolutamente desaconsejable en términos recaudatorios y de equidad”.
¿Es sostenible el actual modelo sanitario?
España gasta en sanidad lo que le corresponde en relación a su riqueza. En los próximos ejercicios veremos cómo ese gasto parece que aumenta, pero es sólo a consecuencia del desplome que ha sufrido el PIB. Dicho esto, tenemos un problema de gasto por encima de las estimaciones oficiales. Éste es un fenómeno que se viene arrastrando crónicamente, y la percepción es que ahora cuando se deben abordar reformas en el Estado de Bienestar. De ahí que se pongan sobre la mesa temas hasta ahora tabú, como el copago sanitario.
En Europa ya conviven con el copago, ¿cómo ve su implantación en España?
Venimos del “todo gratis” en atención sanitaria, así que su inclusión provocaría un choque cultural. No ocurrió lo mismo, por ejemplo, con la Ley de Dependencia. Las cifras estimadas del coste de este sistema apuntan a que un 33% se financiaría con aportación privada. Esto no alarmó demasiado, porque no existía antes un sistema reglado. En sanidad ocurre lo contrario: no estamos acostumbrados a pagar nada, mientras que en otros países europeos lo habitual es que el usuario haga un pago cada vez que acude al especialista o cuando retira una receta. Eso sí, casi siempre hay techos o exenciones por enfermedades graves.
¿Cómo de necesario lo considera en estos momentos?
Depende de hacia dónde se oriente la necesidad. Como elemento recaudatorio, un copago en el Sistema Nacional de Salud (SNS) sería totalmente desaconsejable. Estamos hablando de poner un euro por consulta en atención primaria. En España –si se suman las consultas médicas, las de pediatras y por enfermería– hay 400 millones al año. Es decir, al poner un euro por consulta se recaudarían 400 millones de euros, asumiendo que no hay exenciones por renta o enfermedad crónica.
El retorno sería mayor si, además, se incluyen las consultas de atención especializada:hay 80 millones al año. Posiblemente, el copago haría que disminuyera la demanda entre las personas con necesidad y rentas más bajas. Y para garantizar la equidad, esto es totalmente desaconsejable.
Entonces, ¿qué ventajas tiene esa tasa?
El otro argumento que defienden la mayoría de los economistas es que el copago puede ser más defendible para introducir un elemento de racionalidad en el uso de los servicios sanitarios; mentalizar a la población de que usar esos servicios tiene un coste. Quienes plantean esa tasa son a veces los propios profesionales del mundo sanitario. Defendería el copago por el lado de la racionalidad.
¿Quiere decir que el sistema necesita más dinero?
Lo que se necesita, indudablemente, es gastar mejor. Esto no es un opción, sino un deber de las personas que diseñan las políticas y quienes las aplican. Desde la ministra, hasta consejeros autonómicos, pasando por los gerentes de hospital y de área , hasta los propios profesionales. Insisto: el copago como medida aislada no tendrá ningún éxito. Hay otras ideas más útiles como ligar la financiación pública de innovaciones sanitarias (medicamentos, tecnologías diagnósticas...) con su valor terapéutico, esto es, hacer un balance entre el coste y la efectividad de una nueva tecnología respecto a lo que ya tenemos. Entre un 40% y un 50% del gasto sanitario se explica por la incorporación de innovaciones.
¿Por qué no se hacen actualmente test de eficacia?
En España no es obligatorio, responde a una decisión política. El pasado 18 de marzo se alcanzó un acuerdo para cambiar esto. En Holanda, Reino Unido, Suecia, Portugal, Alemania, es una práctica habitual. Hungría y Polonia están también empezando.
Hablando de eficiencia en el gasto. ¿Qué tal están los hospitales públicos?
Hay una falta de transparencia muy importante dentro del sistema. Las comunidades son las verdaderas guardianas de la información. Es muy chocante que un investigador no pueda tener acceso a ciertos datos, incluidos, lo relacionados con la gestión de hospitales. En otros países, la filosofía de transparencia es más acusada. Habría que tratar de hacer un pacto para sacar la sanidad de la política.
¿Están en números rojos, como los ayuntamientos?
La percepción comentada por el personal que trabaja en ellos es que tienen un grave problema para afrontar gastos corrientes (nóminas, pago de material...etc.). Cuando hablas con proveedores te cuentan que el retraso en los pagos habituales se alarga más de lo que era habitual.
¿Y cómo encaja la Ley de Dependencia en todo esto?
Nació en un momento muy complicado. Tiene graves problemas de financiación, incluso muy superiores al caso de la atención sanitaria. Hay falta de voluntad política por parte de algunas comunidades para ponerla en práctica. Ahora mismo no hay financiación suficiente para que acometa sus objetivos.
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