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Miércoles 02 de febrero de 2011
De los trajes de Camps a los vestidos de Lorente
Mientras que el president pide al juez que paralice el procedimiento, el PSPV de Orihuela denuncia pagos con dinero público al modisto de la alcaldesa
Que el procedimiento se paralice hasta que se resuelvan los recursos de apelación planteados y en tanto se practiquen todas las diligencias solicitadas porque, de no hacerse así, los hechos no estarán los suficientemente claros como para que las acusaciones puedan concretar las imputaciones.
Ésta es la base del recurso de reforma presentado por la defensa del jefe del Consell contra la providencia del magistrado José Flors, quien la pasada semana dio por finalizada la investigación por el supuesto regalo de ropa por parte de la red Gürtel a Camps, al diputado autonómico Ricardo Costa y a los ex altos cargos de la Generalitat Víctor Campos y Rafael Betoret, imputados todos ellos por un presunto delito de cohecho pasivo impropio. El juez daba también traslado de las actuaciones a las acusaciones (Fiscalía y PSPV) para que precisaran los cargos.
Se recuerda en el recurso interpuesto por el abogado de Camps, el penalista Javier Boix, las apelaciones que están pendientes (que tienen que ver con la inadmisión de pruebas, como las escuchas al número dos de la trama, Pablo Crespo, que benefician a Camps) y se cita, para apoyar los argumentos a favor de la suspensión de la tramitación del procedimiento, una circular de la Fiscalía General del Estado de 1995 en la que se afirma que "resulta palmario que cuando existan apelaciones pendientes de resolver se impone suspender la tramitación (...) en el momento inmediatamente anterior al trámite de calificación".
La citada circular especifica que "resuelta la apelación, se levantará la suspensión acordando la continuación del procedimiento, si el recurso se ha desestimado, o la retroacción de las actuaciones a la fase de investigación si la resolución de la Audiencia impone la práctica de alguna diligencia por entender que fue indebidamente denegada por el instructor". El recurrente considera que este planteamiento de la Fiscalía es aplicable tanto en un procedimiento con un juez profesional como en el caso de jurado popular, por el que se juzgará esta causa.
Si Flors admitiera esta tesis el proceso se paralizaría y, por lo tanto, se retrasaría la apertura de juicio contra Camps que, en caso contrario, podría dictarse en menos de un mes. De inadmitirse, el jefe del Consell puede apelar a la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ, pero eso no paraliza el procedimiento.
Mientras, la secretaria general del PSOE-PSPV de Orihuela, Antonia Moreno, ha acusado a la alcaldesa, Mónica Lorente (PP), de dar 20.000 euros de los fondos municipales a su modisto, a través de la firma de un convenio que nunca se ejecutó.
En rueda de prensa, Moreno, también portavoz local del PSPV-PSOE, ha asegurado que ha tenido acceso al expediente donde aparecen las facturas que demuestran que el modisto habitual de Mónica Lorente, Julio Díaz, ha recibido 20.000 euros de las arcas municipales para "montar su propia tienda".
La socialista ha informado de que presentará esta documentación ante la Fiscalía Anticorrupción.
En octubre de 2008, la alcaldesa oriolana y Díaz firmaron un convenio, estipulado en un pago total de 20.000 euros, para crear una escuela taller donde se realizaría un curso de formación para los alumnos de la Escuela de Artes de Orihuela. Sin embargo, dos años después de que haya vencido dicho convenio "nunca ha existido ese taller", según ha asegurado Moreno.
La portavoz socialista ha explicado que, tras estudiar el expediente de pago de este convenio, ha comprobado que el modisto de Lorente presentó en los meses posteriores a la firma del acuerdo una serie de facturas destinadas a "pagar las reformas de su tienda" y a comprar material para la misma. Para Moreno, la obra en la tienda del modisto "estaba hecha un día después de firmar el convenio" y la realizó la empresa TESIBER, propiedad del hermano de Julio Díaz.
Moreno ha recordado que ya denunció esta situación en 2009 pero que sólo obtuvo insultos y descalificaciones por parte del equipo de gobierno popular. La responsable del PSPV-PSOE ha manifestado que en el próximo pleno ordinario exigirá a Lorente "que ponga de su bolsillo" el dinero que ha "robado" a los ciudadanos de Orihuela.
Por su parte, el concejal popular de Orihuela Manuel Abadía ha asegurado que el gasto de 20.000 euros a favor del modisto Julio Díez es legal porque tiene como objetivo que éste imparta unos cursos de moda, que no se han podido desarrollar hasta ahora. En un comunicado, Abadía ha explicado que esos cursos aún no se han celebrado porque se está a la espera de recibir unas máquinas "desde hace más de un año".
El popular ha reaccionado así después de que la secretaria general del PSOE-PSPV de Orihuela, Antonia Moreno, acusara a la alcaldesa, Mónica Lorente (PP), de dar 20.000 euros de los fondos municipales a su modisto, a través de la firma de un convenio que nunca se ejecutó.
El delegado de Servicios e Infraestructuras Urbanas, Barrios y Comercio ha asegurado que dicho convenio establecía el plazo de un año para la justificación por parte de la asociación de diseñadores de Alicante de la inversión para la adecuación del local, "por lo tanto, los cursos no tienen un plazo estimado".
Abadía ha reconocido que el único "inconveniente" en este asunto por parte del ayuntamiento es lograr "la cesión, cuanto antes, de la maquinaria solicitada y que hace más de un año tendría que haber llegado". El concejal ha justificado que no se hayan impartido cursos sin la maquinaria que esperan porque consideran que con esos recursos "se garantizaría una mayor eficacia en los talleres".
Abadía ha considerado que si la socialista Moreno lleva el asunto a la fiscalía, como ha anunciado, "será para hacer el ridículo" pues "el expediente lo ha tenido ella en sus manos, y sabe que todo cuenta con la más absoluta transparencia". El popular ha trasladado que todos los gastos de "obras, alquileres, ordenador, mesa de trabajo y mobiliario, que no maquinaria, son los que han sido presentados y pagados legalmente".
"Las facturas que se han presentado han sido estudiadas por los técnicos y han contado con la aprobación de los servicios de intervención, por estar bien presentada tanto en tiempo como en forma", ha concluido Abadía.
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