Madrid, 17 feb (EFE).- La delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce, se ha comprometido hoy a colaborar con el Observatorio Social por la Dependencia de la Comunidad y a trasladar al Ministerio de Sanidad sus quejas sobre las deficiencias en la aplicación de la Ley de Dependencia en la región.
Así lo ha manifestado Valcarce tras reunirse hoy con responsables de CCOO, UGT, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM) y de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), que se han "auto-constituido" como Observatorio Social para vigilar la aplicación de esa ley, aunque la Comunidad no les reconoce como tal.
Amparo Valcarce ha señalado que trasladará al gobierno de España, como es su "obligación institucional" y, en concreto al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, "todo el planteamiento que ha hecho el Observatorio Social de la Dependencia".
Además, ha asegurado que colaborará con un observatorio social de la dependencia que "da oxígeno a la sociedad madrileña" y al que ha ofrecido "todo su apoyo", no sólo por "razones institucionales, políticas, sino también moral".
La delegada ha insistido en que, más allá de su "responsabilidad institucional", se siente "concernida sobre qué va a ser de los más de 27.000 madrileños que están en lista de espera, que son personas con gran dependencia, mayores y discapacitados" que, teniendo derecho a las prestaciones y servicios previstos en la ley, no las están recibiendo.
Valcarce ha recordado que el Ministerio "es el competente en esta materia, y junto con las CCAA, quien impulsa la aplicación de la ley. La competencia directa corresponde a la Comunidad de Madrid, pero también el Consejo Territorial de la Dependencia, donde están todas las CCAA, supervisa la implantación del sistema".
No hay que olvidar -ha continuado Valcarce- "que la financiación de la dependencia es una con carácter finalista y en los últimos cuatro años la Comunidad de Madrid ha recibido 383 millones de euros para su financiación y, además, para la financiación ordinaria de las CCAA. Por lo tanto, ese es el canal", ha apostillado.
Por su parte, los secretarios generales de CCOO y de UGT de Madrid, Javier López y José Ricardo Martínez, respectivamente, han lamentado que la Ley de Dependencia esté sometida a "una gestión oscura y opaca" e incluso al "maquillaje de datos sobre su cumplimiento" por parte de la Comunidad.
A las 27.774 personas ya censadas y valoradas y que están en lista de espera, se sumarán este año 8.900 más "en situación de necesidad, penuria y tragedia social", señalan los sindicatos.
De ahí la necesidad de que se cree un Consejo Regional para la Dependencia que permita la participación y el control ciudadano, así como "la inclusión de los ayuntamientos" a los que la Comunidad debería dar más competencias en la aplicación de la ley, en lo que Martínez ha calificado de "segunda descentralización democrática en España".
Las organizaciones sociales participantes en la reunión han coincidido en que el número de quejas que reciben a diario sobre las deficiencias en la aplicación de la ley supera el centenar. EFE
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