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CASTILLA Y LEÓN
Imposible diálogo sobre dependencia
02.02.11 - 00:32 -
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Pregunta: «¿Cuántas personas con solicitud han fallecido durante el proceso de reconocimiento de las prestaciones (de la Ley de Dependencia) desde la entrada en vigor hasta junio de 2009?». Respuesta: «El sistema de información utilizado por las comunidades no distingue entre las prestaciones económicas que se conceden a las personas fallecidas durante el proceso de tramitación y aquellas que lo hacen cuando ya la están recibiendo». La segunda contestación, esta vez oral, fue un repaso por la mortalidad general de Castilla y León de los datos del Instituto Nacional de Estadística.
Para muestra valdría un botón; pero son más de cuarenta las cuestiones planteadas en las Cortes por el PSOE desde 2008 hasta 2010 en busca de datos y respuestas sobre las prestaciones a los dependientes y los recursos de Servicios Sociales que, o no han obtenido contestación, o ésta poco ha tenido que ver con la demanda en cuestión. Y así es, en buena medida, la vida parlamentaria, una 'conversación de besugos' (sin coherencia lógica, define la Real Academia Española) o de 'sordos' (sin prestar atención); pero poco diálogo.
Según el PSOE, el caso es especialmente relevante en las peticiones dirigidas a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades donde prima «el oscurantismo de la gestión» que ha llevado a la oposición a elaborar un informe al respecto y una proposición no de ley para que las Cortes insten a la Junta a que, desde la Consejería de Familia, «se mantenga la más escrupulosa actitud de respeto y colaboración hacia las funciones de control... y que se adopten las medidas necesarias para que se ajuste con precisión la respuesta a las solicitudes» para no entorpecer la vida parlamentaria. El informe socialista recoge las principales preguntas y peticiones de documentación, «no todas», dirigidas a la Junta sobre asuntos de Servicios Sociales sin conseguir una respuesta ajustada a la demanda, un trabajo que avala con la documentación parlamentaria de las preguntas y respuestas en cuestión. Según explica el procurador socialista, responsable de este documento, Jorge Félix Alonso, suponen «la mayoría porque son muy, muy escasos, los casos en que la respuesta puede contarse como satisfactoria».
Así, la oposición no solo no ha podido conocer el número de fallecidos que nunca llegó a recibir ayuda alguna sino si la Junta está pagando prestaciones a personas que ya no existen. Castilla y León encabeza en las estadísticas de Dependencia la lista de comunidades que más prestaciones tiene concedidas en la recogida en el catálogo como 'Prevención y Promoción de la autonomía personal'. Sin embargo, no se sabe en qué consisten porque no existe el plan al respecto que la ley estatal indicaba desarrollar. La Junta no lo facilita y se limita a remitir al artículo de la norma que todo lo que dice es que hay que elaborar un plan. Tampoco es posible acceder a los datos por provincia o grado de discapacidad. La Administración regional contesta que esta prestación la reciben los dependientes de grado III y II en sus dos niveles. Sin embargo, «en la fecha de la pregunta no se aplicaba al segundo grado y el del tercero son afectados muy asistidos donde la prevención carece de sentido», explica el PSOE.
Página web
En cuanto a datos por cada centro de acción social o zonas para conocer la situación de determinadas áreas rurales o las diferencias con las urbanas son también una labor imposible. La Junta remite a los datos de la web; pero los colgados en la red son generales sin estas distinciones. Tampoco el PSOE logra datos de plazas de centros de día o si se van a crear los de noche. Solamente responde Familia que se están financiando.
César Antón anunciaba la creación de 3.938 nuevas plazas públicas, concertadas o resultado de la colaboración entre ambas redes. Después, no hubo respuesta para conocer los criterios de acceso o la aportación económica, entre otros datos; aunque sí se aclara que la ocupación de plazas concertadas se hará de «forma objetiva». Las preguntas sobre dicha oferta se suceden; pero «la confusión de las respuestas hace dudar» si no hay algo de virtualidad en ella. Cifras globales, relaciones parciales, listas de espera... son aspectos que se reiteran por escrito o de forma oral a lo largo de estos últimos tres años. Tampoco hay forma de averiguar si hay personas que tienen la prestación concedida en 2008, 2009 o, a principios del pasado ejercicio, y aún no la han recibido. «Si no las hubiera o fueran muy pocas no lo ocultarían y darían las oportunas explicaciones. Esto solo hace pensar que hay bastantes», destaca Jorge Félix Alonso. El propio informe del Consejo Económico y Social (CES) recomendaba corregir los casos en que Familia superaba el plazo establecido, de seis meses, para resolver cada solicitud con derecho a prestación, es decir, para disfrutar de la ayuda reconocida; aunque el trabajo del CES tampoco aclaraba en qué porcentajes se incumple dicho tiempo máximo.
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