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Navarro declaró ayer tras la querella por presunta prevaricación presentada por los populares
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La alcaldesa de Aldaia, Empar Navarro, y el concejal de Urbanismo, Francesc Ferrer, declararon ayer en el juzgado de instrucción número 1 de Torrent por la querella por presunta prevaricación vinculada al sector urbanístico del Teatre Auditori Municipal que presentó el Partido Popular.
Ambos ediles tienen como abogado a Javier Boix, letrado penalista que defiende al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en el caso Gürtel. La portavoz del PP de Aldaia, Carmen Jávega, criticó ayer que se haya contratado "a cargo del ayuntamiento a un abogado tan caro" y recordó que "Camps lo paga de su bolsillo".
Por su parte, Empar Navarro manifestó que esta querella le ha sido interpuesta por su actuación en un "acto administrativo" y corresponde al consistorio asumir la defensa. Habitualmente se trabaja con una consultoría externa para contenciosos-administrativos pero al ser un caso penal, se le recomendó a Boix "desde un criterio técnico". "Hemos querido tener todas las garantías de que el ayuntamiento queda en el mejor lugar", añade.
Navarro incidió ayer en que la querella "tiene un claro componente electoralista" ya que "responde a un proceso cuyas viviendas se entregaron en 2003 y que ya se ha juzgado por la vía administrativa sin hallar delitos". Asimismo, el gobierno local remarcó que los abogados del PP "son el presidente local y marido de la portavoz, Francisco Ferrandis, y su hermana, Lorena Ferrandis".
Silencio administrativo
La denuncia se basa en el silencio administrativo por el que se concedieron las licencias de ocupación de un edificio, en el que se habían construido áticos de renta libre, cuando el convenio inicial preveía VPO. Una sentencia por demanda de los dueños del suelo estableció que había un enriquecimiento de la promotora y recientemente se ha calculado que tendrá que indemnizarles con 40.000 euros.
Navarro explicó ayer que el silencio administrativo fue debido a que en ese momento la empresa tenía abierto un expediente por el cambio en los pisos. La alcaldesa contestó a las preguntas de la jueza y de su letrado, aunque se acogió al derecho de no responder a las de la acusación, lo que fue duramente criticado por el PP.
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