ENTREVISTA A ALBERTO GIMÉNEZ:
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE SERVICIOS PARA LA DEPENDENCIA (AERTE)
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE SERVICIOS PARA LA DEPENDENCIA (AERTE)
"Invertir un euro en dependencia genera
más riqueza que hacerlo en obra pública"
Alberto Giménez preside la patronal de residencias para dependientes
CRISTINA DE MIDDEL
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Alberto Giménez preside desde 2007 la Asociación Empresarial de Servicios para Personas con Dependencia en la Comunidad Valenciana (Aerte), una agrupación que ofrece hoy unas jornadas en Alicante acerca de las perspectivas de negocio en torno a la nueva ley. Giménez sostiene que las inversiones en este sector favorecen la creación de puestos de empleo, beneficia a muchas empresas y puede incentivar el turismo.
SYLVIA ESCRIBANO Cómo puede la Ley de Dependencia servir de motor empresarial en el contexto de la situación económica actual?
Nos preocupa el que en una situación de crisis se hable en torno a esta ley como si supusiera un mero gasto que hay que reducir. Se trata de un planteamiento simple e irreal. En primer lugar, la inversión en este ámbito tiene un retorno en calidad de vida para las personas beneficiarias. Además, desde el punto de vista económico un euro destinado a una obra pública genera menos mano de obra y riqueza que si se invierte en esta iniciativa porque hay muchas empresas que viven alrededor de este sector. Incluso se puede beneficiar el turismo en la Comunidad Valenciana, pues el buen clima puede atraer a personas con dependencia de otras zonas de España o Europa.
¿Cómo valora hasta el momento la aplicación de esta ley en la Comunidad Valenciana?
Creo que existe un gran retraso. Hace dos años que se publicó la ley y hace sólo dos semanas que se aprobaron las dos normas que completan su aplicación: la de acreditación, que establece qué centros y servicios están homologados para prestar la ayuda, y el copago, que fija qué parte de todo el coste lo asume el usuario. En la Comunidad Valenciana existe un problema de gestión a la hora de reconocer el derecho a los solicitantes. Mi valoración no puede ser positiva.
¿Cómo afecta ese retraso a las residencias privadas que usted representa?
La ley levantó grandes expectativas, pero no ha habido respuestas. Las personas no ingresan en una residencia hasta que no se les concede esta ayuda. Como consecuencia, quienes necesitan este servicio siguen en sus casas y los centros tienen hasta un 25% de sus camas libres.
¿Qué medidas propone para solucionar esta situación?
En primer lugar, que las administraciones mejoren la gestión para agilizar el reconocimiento de este derecho. En segundo, informar a los ciudadanos de que una vez que se la conceden, la ayuda es retroactiva, lo que quiere decir que aunque la cobren seis meses más tarde pueden acudir en el momento a las residencias y alcanzar un acuerdo de pago con ellas. La fórmula para hacerlo depende de cada centro.
¿En qué situación se encuentra la Comunidad Valenciana con respecto a otras autonomías?
Es pionera en las normas y exigencias de calidad. Está por encima en ratios de personal e instalaciones. Tenemos un tejido de residencias públicas y privadas que permite atender a todas las personas en situación de dependencia. Estamos preparados y tenemos recursos de la mejor calidad. Lo que es necesario es que empiecen a concederse las ayudas que han estado paralizadas y que ahora parece que comenzará a resolverse. Todavía no lo ha hecho y, según datos del Gobierno, la Comunidad está por debajo de la media.
¿Las residencias han comenzado a notarlo?
En la Comunidad hay unas 15.000 personas atendidas con cargo a la administración pública que ya estaban antes de la ley. No hemos notado un incremento.
Existe una opción de ayuda para el cuidador familiar muy solicitada...
Se trata de una figura que la ley trata con carácter excepcional porque no tiene conocimientos profesionales y la calidad de la atención no está garantizada. Es muy difícil controlar que la persona está bien atendida o que no sufre maltrato. Debe aplicarse con mucha cautela.
¿Considera que es mejor que la ayuda se destine al tratamiento en una residencia?
Hay que optar por servicios profesionales: residencias, centros de día o ayuda a domicilio. Garantizan la profesionalidad a través empresas que están controladas por las administraciones públicas.
¿Cuál es el primer paso para mejorar la aplicación de esta normativa?
Hay que abrir un debate sin urgencias para presentar un mapa de recursos y modelos a seguir para la atención al ciudadano en todas las fases de su salud. Para ello, es imprescindible una coordinación entre las administraciones sanitarias y sociales.
"El fin es mostrar otras oportunidades de negocio"
El salón de actos de la patronal de empresarios de la provincia (COEPA) acoge en su sede -plaza de Ruperto Chapí, 3- la jornada organizada por Aerte sobre "La Ley de Dependencia como motor de oportunidades". El objetivo, según Alberto Giménez, es que "empresarios y emprendedores vean en la dependencia una oportunidad de negocio". Tras la presentación, a las 9.30 horas, tendrán lugar la ponencias a cargo del director adjunto de Promoción y Coordinación del Sepides, Ángel Rodríguez Castedo, la doctora en Sociología e Investigadora del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas Raquel Huete Nieves y el presidente de FOPA, Manuel Peláez.
Nos preocupa el que en una situación de crisis se hable en torno a esta ley como si supusiera un mero gasto que hay que reducir. Se trata de un planteamiento simple e irreal. En primer lugar, la inversión en este ámbito tiene un retorno en calidad de vida para las personas beneficiarias. Además, desde el punto de vista económico un euro destinado a una obra pública genera menos mano de obra y riqueza que si se invierte en esta iniciativa porque hay muchas empresas que viven alrededor de este sector. Incluso se puede beneficiar el turismo en la Comunidad Valenciana, pues el buen clima puede atraer a personas con dependencia de otras zonas de España o Europa.
¿Cómo valora hasta el momento la aplicación de esta ley en la Comunidad Valenciana?
Creo que existe un gran retraso. Hace dos años que se publicó la ley y hace sólo dos semanas que se aprobaron las dos normas que completan su aplicación: la de acreditación, que establece qué centros y servicios están homologados para prestar la ayuda, y el copago, que fija qué parte de todo el coste lo asume el usuario. En la Comunidad Valenciana existe un problema de gestión a la hora de reconocer el derecho a los solicitantes. Mi valoración no puede ser positiva.
¿Cómo afecta ese retraso a las residencias privadas que usted representa?
La ley levantó grandes expectativas, pero no ha habido respuestas. Las personas no ingresan en una residencia hasta que no se les concede esta ayuda. Como consecuencia, quienes necesitan este servicio siguen en sus casas y los centros tienen hasta un 25% de sus camas libres.
¿Qué medidas propone para solucionar esta situación?
En primer lugar, que las administraciones mejoren la gestión para agilizar el reconocimiento de este derecho. En segundo, informar a los ciudadanos de que una vez que se la conceden, la ayuda es retroactiva, lo que quiere decir que aunque la cobren seis meses más tarde pueden acudir en el momento a las residencias y alcanzar un acuerdo de pago con ellas. La fórmula para hacerlo depende de cada centro.
¿En qué situación se encuentra la Comunidad Valenciana con respecto a otras autonomías?
Es pionera en las normas y exigencias de calidad. Está por encima en ratios de personal e instalaciones. Tenemos un tejido de residencias públicas y privadas que permite atender a todas las personas en situación de dependencia. Estamos preparados y tenemos recursos de la mejor calidad. Lo que es necesario es que empiecen a concederse las ayudas que han estado paralizadas y que ahora parece que comenzará a resolverse. Todavía no lo ha hecho y, según datos del Gobierno, la Comunidad está por debajo de la media.
¿Las residencias han comenzado a notarlo?
En la Comunidad hay unas 15.000 personas atendidas con cargo a la administración pública que ya estaban antes de la ley. No hemos notado un incremento.
Existe una opción de ayuda para el cuidador familiar muy solicitada...
Se trata de una figura que la ley trata con carácter excepcional porque no tiene conocimientos profesionales y la calidad de la atención no está garantizada. Es muy difícil controlar que la persona está bien atendida o que no sufre maltrato. Debe aplicarse con mucha cautela.
¿Considera que es mejor que la ayuda se destine al tratamiento en una residencia?
Hay que optar por servicios profesionales: residencias, centros de día o ayuda a domicilio. Garantizan la profesionalidad a través empresas que están controladas por las administraciones públicas.
¿Cuál es el primer paso para mejorar la aplicación de esta normativa?
Hay que abrir un debate sin urgencias para presentar un mapa de recursos y modelos a seguir para la atención al ciudadano en todas las fases de su salud. Para ello, es imprescindible una coordinación entre las administraciones sanitarias y sociales.
"El fin es mostrar otras oportunidades de negocio"
El salón de actos de la patronal de empresarios de la provincia (COEPA) acoge en su sede -plaza de Ruperto Chapí, 3- la jornada organizada por Aerte sobre "La Ley de Dependencia como motor de oportunidades". El objetivo, según Alberto Giménez, es que "empresarios y emprendedores vean en la dependencia una oportunidad de negocio". Tras la presentación, a las 9.30 horas, tendrán lugar la ponencias a cargo del director adjunto de Promoción y Coordinación del Sepides, Ángel Rodríguez Castedo, la doctora en Sociología e Investigadora del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas Raquel Huete Nieves y el presidente de FOPA, Manuel Peláez.
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