Sesenta años de
Derechos Humanos
Sólo dar un paseo por nuestras calles nos vale para observar que la violación de los Derechos Humanos es algo cotidiano. Estas violaciones no son únicamente lo que a diario nos muestra le tele circunscrito a los países empobrecidos (hambre, epidemias, sed, represión, brutalidad contra la mujer) también en nuestro entorno cercano podemos observarla. En Alicante muchas personas duermen sobre cartones o en cajeros automáticos; hay colas en las oficinas de Extranjería; hay quien quiere forzar a los enfermos mentales a tratamientos obligatorios dirigidos a su control, no a su salud; hay violencia sobre las mujeres hasta en el uso del lenguaje; la participación ciudadana es acosada y reprimida si no es afín al gobierno local. En Alicante también hay una generalización de la injusticia. En Alicante se viola el derecho a la dignidad.
Hace sesenta años, Naciones Unidas, tras la violenta segunda Guerra Mundial, decide crear una lista de derechos inalienables de las personas. De todas las personas. De cualquier persona. Sesenta años después, no sólo no se cumplen, es que se violan a diario, se violan para generar odio, se violan, sobre todo, para obtener beneficios económicos y a nadie se le cae la cara de vergüenza.
Nuestra Constitución, que acaba de cumplir la mitad de los años que cumple la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recoge a ésta como una norma con la que interpretar su articulado. Cada vez que se conculcan Derechos Humanos, se viola nuestra Constitución. Y a nadie se le cae la cara de vergüenza.
A las personas pobres (una de cada cinco españolas, ocho de cada diez seres humanos), a las personas inmigrantes (al menos una de cada diez en nuestro país), a las mujeres (más de la mitad de la población), a las gentes sin empleo (más de doce personas de cada cien en edad de trabajar), a la población homosexual (tan excluida y perseguida que es difícil calcular). A todos y todas se les violan a diario sus Derechos Humanos. Sería más fácil señalar a quién no se le viola y, así, sería más fácil saber a quién hay que juzgar por ello.
Es interesante, y por estas fechas, obligatorio, darse un paseo por las páginas web de Amnistía Internacional y del Human Rights Watch. En ambas hay referencias a incumplimientos gravísimos de los Derechos Humanos en España: el trato a los menores inmigrantes es brutal, la atención a inmigrantes o a personas detenidas es, en algunos casos, escandalosa; la violencia sobre la mujer; los vuelos a Guantánamo, etcétera. También hay violaciones realizadas por entidades privadas como ETA, ni libertadores ni de izquierdas, dirigidas a imponer la dictadura del miedo. España suspende en cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Tal vez esas violaciones habría que ampliarlas con las que otras entidades privadas (tal y cual banco, petrolera, eléctrica, constructora, aseguradora, telefonía) llevan a cabo a base de invasión de tierras indígenas en Latinoamérica, a base de destruir ecosistemas, a base de esclavizar a sus trabajadores o de despedirlos para compensar gestiones dirigidas a especular y acumular. Es más, cuando un país pequeño pero soberano toma medidas pequeñas pero soberanas para, vía judicial, acabar con quien les roba sus riquezas, se le reprende y amenaza con las penas del infierno capitalista.
El escenario hoy, sesenta años después, treinta años después, es de países aliados de España que invaden a otros aliados de España (Sahara, Palestina), nos vamos de Juegos Olímpicos a un lugar donde se reprime y asesina a trabajadores, echamos de clase a niñas por llevar un pañuelo en la cabeza pero nuestros altos dignatarios visitan a magnates petroleros que mantienen esclavizadas a las mujeres y las matan a pedradas. Si observamos, el papel del dinero, del mucho dinero, en la violación de los Derechos Humanos es clave. Los ricos violan, los pobres son violados. Y a nadie se le cae la cara de vergüenza.
Sin embargo, para evitar ir pisando caras por la calle, seamos constructivos: desarrollemos los derechos sociales que están pendientes en nuestra Constitución; creámonos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene rango legal en España; hagamos de esta crisis del capitalismo una oportunidad para humanizar la humanidad: protejamos a la parte más débil (que, además, es la mayoritaria), que la crisis la paguen quienes la han originado, quienes se han venido enriqueciendo, quienes quieren acaparar hasta el presupuesto nacional. Adelantemos el cumplimiento de los Objetivos del Milenio al año 2009 (con una mínima parte del presupuesto público dedicado a salvar a los culpables de la crisis hay más que suficiente).
Universalicemos los derechos sociales. Hagamos de la equidad y de la justicia realidades palpables. Erradiquemos la pobreza. Erradiquemos la riqueza especuladora. Creámonos que otro mundo es posible y pongámonos manos a la obra: la Declaración Universal de los Derechos Humanos puede ser, para empezar, una buena guía.
José María Ruiz Olmos es portavoz de la Plataforma contra la Pobreza, la Exclusión y la Desigualdad Social en Alicante.
Hace sesenta años, Naciones Unidas, tras la violenta segunda Guerra Mundial, decide crear una lista de derechos inalienables de las personas. De todas las personas. De cualquier persona. Sesenta años después, no sólo no se cumplen, es que se violan a diario, se violan para generar odio, se violan, sobre todo, para obtener beneficios económicos y a nadie se le cae la cara de vergüenza.
A las personas pobres (una de cada cinco españolas, ocho de cada diez seres humanos), a las personas inmigrantes (al menos una de cada diez en nuestro país), a las mujeres (más de la mitad de la población), a las gentes sin empleo (más de doce personas de cada cien en edad de trabajar), a la población homosexual (tan excluida y perseguida que es difícil calcular). A todos y todas se les violan a diario sus Derechos Humanos. Sería más fácil señalar a quién no se le viola y, así, sería más fácil saber a quién hay que juzgar por ello.
Es interesante, y por estas fechas, obligatorio, darse un paseo por las páginas web de Amnistía Internacional y del Human Rights Watch. En ambas hay referencias a incumplimientos gravísimos de los Derechos Humanos en España: el trato a los menores inmigrantes es brutal, la atención a inmigrantes o a personas detenidas es, en algunos casos, escandalosa; la violencia sobre la mujer; los vuelos a Guantánamo, etcétera. También hay violaciones realizadas por entidades privadas como ETA, ni libertadores ni de izquierdas, dirigidas a imponer la dictadura del miedo. España suspende en cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Tal vez esas violaciones habría que ampliarlas con las que otras entidades privadas (tal y cual banco, petrolera, eléctrica, constructora, aseguradora, telefonía) llevan a cabo a base de invasión de tierras indígenas en Latinoamérica, a base de destruir ecosistemas, a base de esclavizar a sus trabajadores o de despedirlos para compensar gestiones dirigidas a especular y acumular. Es más, cuando un país pequeño pero soberano toma medidas pequeñas pero soberanas para, vía judicial, acabar con quien les roba sus riquezas, se le reprende y amenaza con las penas del infierno capitalista.
El escenario hoy, sesenta años después, treinta años después, es de países aliados de España que invaden a otros aliados de España (Sahara, Palestina), nos vamos de Juegos Olímpicos a un lugar donde se reprime y asesina a trabajadores, echamos de clase a niñas por llevar un pañuelo en la cabeza pero nuestros altos dignatarios visitan a magnates petroleros que mantienen esclavizadas a las mujeres y las matan a pedradas. Si observamos, el papel del dinero, del mucho dinero, en la violación de los Derechos Humanos es clave. Los ricos violan, los pobres son violados. Y a nadie se le cae la cara de vergüenza.
Sin embargo, para evitar ir pisando caras por la calle, seamos constructivos: desarrollemos los derechos sociales que están pendientes en nuestra Constitución; creámonos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene rango legal en España; hagamos de esta crisis del capitalismo una oportunidad para humanizar la humanidad: protejamos a la parte más débil (que, además, es la mayoritaria), que la crisis la paguen quienes la han originado, quienes se han venido enriqueciendo, quienes quieren acaparar hasta el presupuesto nacional. Adelantemos el cumplimiento de los Objetivos del Milenio al año 2009 (con una mínima parte del presupuesto público dedicado a salvar a los culpables de la crisis hay más que suficiente).
Universalicemos los derechos sociales. Hagamos de la equidad y de la justicia realidades palpables. Erradiquemos la pobreza. Erradiquemos la riqueza especuladora. Creámonos que otro mundo es posible y pongámonos manos a la obra: la Declaración Universal de los Derechos Humanos puede ser, para empezar, una buena guía.
José María Ruiz Olmos es portavoz de la Plataforma contra la Pobreza, la Exclusión y la Desigualdad Social en Alicante.
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