ÁNGEL COLLADO MADRID ABC
Domingo, 21-12-08
El Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador del Estado, ha encontrado irregularidades de todo tipo -en adjudicaciones, vigilancia de inversiones y programas, publicidad de concursos, contratos con monopolios encubiertos o ausencia de subastas- en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) durante el ejercicio de 2005, el primero de la vuelta del PSOE al poder con Zapatero. En el Ministerio de Trabajo, del que depende el instituto, se estrenó entonces Jesús Caldera, que puso a Ángel Rodríguez Castedo al frente del organismo.
«El Imserso, en general, no ha justificado suficientemente la elección del procedimiento y forma utilizados en la adjudicación de los contratos». Así empieza la larga lista de once conclusiones -reprimendas- que incluye el citado informe de fiscalización remitido a las Cortes y que, pese a utilizar los términos técnicos habituales, cuestiona la gestión general del organismo y da pie a las sospechas por el grado de opacidad denunciado en el seguimiento del gasto en contratos.
La «apreciación» más negativa y concreta del tribunal está referida a los famosos viajes del instituto, que se llevan cientos de millones del erario público desde que se pusieron en marcha cuando Felipe González estaba en el poder.
El órgano fiscalizador insta a terminar con «la creciente dependencia del Imserso respecto de cuatro concretas empresas de servicios turísticos, las cuales en su contratación con el Imserso actúan tradicionalmente unidas, concretamente en la ejecución de los Programas de Vacaciones y Culturales para personas mayores, programas que representan, de forma muy destacada, las partidas de gasto más importantes del propio Imserso».
Pese a todo, el Ministerio de Trabajo ha persistido en esa práctica en los ejercicios siguientes y en el verano de 2007, antes de las elecciones, volvió a adjudicar los viajes a las mismas empresas por otros dos años y con un gasto aún mayor, que llegó a los 206 millones. El contrato se lo quedó el consorcio que agrupa a esas empresas. Otras, que aspiraban a entrar en los contratos, se quedaron completamente fuera aunque sólo pretendían hacerse con una porción del pastel.
Sin planificación ni control
El otro gran bloque de amonestación y exigencia de mejora en la gestión que plantea el tribunal se refiere a otra destacada faceta de gasto del instituto, también cuestionada de raíz -contratos de obra- que se planifican mal y no se controlan después. «El cumplimiento de las previsiones presupuestarias del gasto ha primado respecto de las posibilidades reales de ejecución de las obras, condicionando de forma negativa tanto la tramitación de los expedientes de contratación, como la propia ejecución de los contratos».
En 2005, el Imserso adjudicó un total de 187 contratos por un importe total de 212 millones de euros. El grueso de esa cantidad, exactamente un 67 por ciento, se va en servicios de consultoría, asistencia y servicios y en esa partida están incluidos los programas de vacaciones para mayores.
El Tribunal de Cuentas hace dos consideraciones generales al organismo dependiente de Trabajo. En la primera le invita a aumentar las adjudicaciones de los contratos de obras mediante subasta en vez con concurso público porque en la práctica el Imserso no sabe sacar partido de esta última modalidad, no hay garantías «de una correcta ejecución» y, al final, todo sale más caro.
La segunda recomendación del organismo fiscalizador es más de fondo e incluye la acusación de no aprovechar bien los recursos asistenciales del Imserso. «Debe adoptar las medidas necesarias para evitar en el futuro que se reproduzca la infrautilización de sus recursos asistenciales, especialmente la de los destinados a los colectivos de personas dependientes», dice el informe.
Centros incontrolados
El Tribunal de Cuentas describe las irregularidades en la gestión e incluye los centros donde se cometieron. Cita tres contratos adjudicados por criterios de «calidad» en vez de por precio y que luego, además de caros, resultaron fallidos hasta a la hora de cumplir plazos de entrega. Figuran en ese caso el «Centro Estatal de referencia de atención socio-sanitaria a personas con enfermedades raras y sus familias en Burgos», otro destinado a enfermos de Alzheimer en Salamanca y el centro para personas con grave discapacidad construido en San Andrés de Rabanedo, en León.
En los tres centros citados resulta que se realizaron pagos de material «al mismo tiempo que se llevaba a cabo la adjudicación» y con fecha en el último día del año. Es decir, que el constructor ya sabía que se le iba a adjudicar el contrato y ya había empezado a cobrar.
El órgano fiscalizador se refiere también a irregularidades en un centro para minusválidos en Bergondo (La Coruña) y a unas obras en Alcuescar (Cáceres) en que la ampliación y remodelación del mismo acabó por costar un 45 por ciento más de lo presupuestado.
Obras aparte, se destaca también que en la residencia de La Bañeza (León) se hayan mantenido plazas reservadas «sin ocupación durante todo el ejercicio fiscalizado». El Imserso se gastó el dinero sin que los enfermos se pudieran beneficiar.
Sin Consejo de Ministros
La advertencia número 8 del Tribunal incide en una irregularidad de fondo: la prórroga del contrato del programa de vacaciones de las temporadas 2005-2006 y 2006-2007 sin la preceptiva autorización del Consejo de Ministros. El «olvido» libró al Imserso de aportar «certificado de existencia de crédito, acreditación del cumplimiento de los límites presupuestarios derivados del carácter plurianual, fiscalización previa, aprobación del gasto y adecuada contabilización».
Los datos del informe obligan a intervenir a la Fiscalía
El informe de fiscalización del Imserso correspondiente al ejercicio de 2005 fue presentado en la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas por el propio presidente del máximo órgano fiscalizador del Estado, Manuel Núñez, sin que la portavoz del PSOE, María José Fernández Aguerri, intentara entrar en la defensa de la gestión que los responsables de su partido habían hecho en el Ministerio de Trabajo pese a las demoledoras denuncias que contenía el texto.
Todo lo más, se escudaba en el hecho de que había prácticas que venían de antiguo, como el monopolio encubierto en los programas de viajes, aunque antes de 2005 fueran menos opacas, más baratas y cumplieran todos los trámites, empezando por el preceptivo acuerdo del Consejo de Ministros.
El caso más escandaloso
Núñez tuvo que recordar que el caso más escandaloso es el de las plazas asistenciales que se reservan, se pagan y no se ocupan, un asunto que ha puesto en marcha a la Justicia. «En cuanto a las responsabilidades presupuestarias, en ocasiones no se ha acreditado la existencia del crédito correspondiente para poder adjudicar determinados servicios», explicó el presidente del Tribunal para añadir después que «tanto el Ministerio Fiscal como el servicio jurídico del Estado solicitaron la remisión de antecedentes a la sección de enjuiciamiento, en la que aún no se ha resuelto sobre la cuestión planteada».
Manuel Núñez dejó claro ante la comisión que la mala gestión del Imserso se había agravado en 2005 y que esa falta de eficacia o despilfarro de fondos públicos era especialmente sangrante cuando afecta a recursos destinados a ancianos o personas dependientes en general.
El presidente del órgano fiscalizador, según consta en las actas de la reunión, evitó salirse del contenido del informe, pero el portavoz del PP, Ramón Aguirre, entró a saco en lo que llamó «orgía presupuestaria y de falta de ortodoxia en la forma de adjudicar y ejecutar contratos» aplicada por el Imserso.
Aguirre insinuó que los concursos de servicios, edificios y viajes parecían hechos con «pliegos rectores de diseño» destinados a determinadas «finalidades». Además, destacó el dato de que en el informe de fiscalización hubiera un solo renglón redactado en términos positivos para el Imserso en un documento que abarca 44 folios repletos de denuncias de irregularidades y reconvenciones de tipo administrativo.
Responsabilidad de los gestores
El diputado del PP pidió que se indague sobre las posibles responsabilidades de los gestores del organismo y de los centros que vienen citados en el informe y denunció una práctica muy extendida en el Imserso: «Se saca un pliego de condiciones a unos precios bastante atractivos, concurren, se adjudica y el ganador, pasado un tiempo prudencial, modifica el contrato inicial al alza y, como ya está trabajando, se paga y se dejan estar las cosas».
El portavoz del PP destacó que esa práctica puede ser admisible cuando se trata de una excepción, pero resulta más que sospechosa cuando se convierte en la norma, que es lo que ocurre en el Imserso. En un centro para minusválidos en Alcuéscar (Cáceres) las obras acabaron por costar un 45 por ciento más de lo presupuestado.
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