DECLARACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA SOBRE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El 5 de diciembre de 2008 el Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de la Ministra de Educación, Política Social y Deporte, una Declaración institucional sobre la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo texto es el siguiente:
"En los últimos años ha cambiado el enfoque que nuestra sociedad mantenía sobre la discapacidad gracias, en buena medida, a la acción sostenida de la ciudadanía con discapacidad y de las organizaciones civiles en que se articula. Gradualmente hemos ido abandonando aquellas concepciones que consideraban la discapacidad como una anomalía o singularidad contrapuesta al canon de normalidad preponderante, o como un problema fundamentalmente médico, y que justificaban actuaciones de carácter benéfico o caritativo. Hoy entendemos la discapacidad como una manifestación más de la diversidad humana que enriquece nuestra sociedad.
Este nuevo modo de entender la discapacidad nos obliga a afrontarla desde la óptica de los derechos humanos. Hasta ahora, los derechos reconocidos a todo ser humano no habían llegado con la intensidad y el alcance suficientes a las personas con discapacidad, por lo que éstas adolecían de un déficit de ciudadanía. Este déficit sólo se puede superar mediante la combinación de medidas de no discriminación y de acción positiva. Este es el objetivo de las políticas de discapacidad que debemos promover los poderes públicos.
Esta nueva concepción de la discapacidad ha sido reconocida, a escala global, en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Las Naciones Unidas, conscientes de que las personas con discapacidad representan al 10 por 100 de la población mundial y constituyen uno de los grupos singulares más vulnerables, han decidido dedicarles este primer tratado internacional en materia de derechos humanos del siglo XXI.
España ha sido una de las primeras naciones del mundo en ratificar esta Convención, lo que demuestra el compromiso firme y sostenido del país, de las instituciones públicas y de la sociedad civil con la causa de las personas con discapacidad y sus familias. Desde el pasado día 3 de mayo de 2008, fecha en que entró en vigor en España, este nuevo instrumento jurídico internacional, de acentuado cariz garantista, resulta plenamente vinculante porque el Estado español ha asumido el deber de promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención.
Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que cada año se celebra en todo el mundo el 3 de diciembre, el Consejo de Ministros, como encarnación del Poder Ejecutivo, desea dejar constancia, mediante esta Declaración Institucional, de su adhesión a los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; principios que, en adelante, orientarán la acción de gobierno en el despliegue y ejecución de todas las políticas públicas y, en especial, de aquellas que directa o indirectamente tengan por destinatarios a las personas con discapacidad y a sus familias.
El Gobierno de España hace suyo, política e institucionalmente, todo el acervo que supone la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y expresa su intención de promover las reformas normativas necesarias a fin de que el ordenamiento jurídico español se ajuste plenamente a este nuevo marco jurídico internacional.
Del mismo modo, el Gobierno de España manifiesta su voluntad de reforzar, transversalmente, las políticas de inclusión dirigidas a las personas con discapacidad y sus familias, con objeto de generar condiciones efectivas de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal en toda clase de entornos, productos y servicios. Todo ello, en diálogo permanente y recabando la participación del tejido asociativo español de la discapacidad, uno de los más dinámicos y vigorosos de Europa, que históricamente ha sido el motor de la acción pública y de la acción cívica en materia de igualdad y derechos de las personas con discapacidad."
"En los últimos años ha cambiado el enfoque que nuestra sociedad mantenía sobre la discapacidad gracias, en buena medida, a la acción sostenida de la ciudadanía con discapacidad y de las organizaciones civiles en que se articula. Gradualmente hemos ido abandonando aquellas concepciones que consideraban la discapacidad como una anomalía o singularidad contrapuesta al canon de normalidad preponderante, o como un problema fundamentalmente médico, y que justificaban actuaciones de carácter benéfico o caritativo. Hoy entendemos la discapacidad como una manifestación más de la diversidad humana que enriquece nuestra sociedad.
Este nuevo modo de entender la discapacidad nos obliga a afrontarla desde la óptica de los derechos humanos. Hasta ahora, los derechos reconocidos a todo ser humano no habían llegado con la intensidad y el alcance suficientes a las personas con discapacidad, por lo que éstas adolecían de un déficit de ciudadanía. Este déficit sólo se puede superar mediante la combinación de medidas de no discriminación y de acción positiva. Este es el objetivo de las políticas de discapacidad que debemos promover los poderes públicos.
Esta nueva concepción de la discapacidad ha sido reconocida, a escala global, en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Las Naciones Unidas, conscientes de que las personas con discapacidad representan al 10 por 100 de la población mundial y constituyen uno de los grupos singulares más vulnerables, han decidido dedicarles este primer tratado internacional en materia de derechos humanos del siglo XXI.
España ha sido una de las primeras naciones del mundo en ratificar esta Convención, lo que demuestra el compromiso firme y sostenido del país, de las instituciones públicas y de la sociedad civil con la causa de las personas con discapacidad y sus familias. Desde el pasado día 3 de mayo de 2008, fecha en que entró en vigor en España, este nuevo instrumento jurídico internacional, de acentuado cariz garantista, resulta plenamente vinculante porque el Estado español ha asumido el deber de promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención.
Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que cada año se celebra en todo el mundo el 3 de diciembre, el Consejo de Ministros, como encarnación del Poder Ejecutivo, desea dejar constancia, mediante esta Declaración Institucional, de su adhesión a los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; principios que, en adelante, orientarán la acción de gobierno en el despliegue y ejecución de todas las políticas públicas y, en especial, de aquellas que directa o indirectamente tengan por destinatarios a las personas con discapacidad y a sus familias.
El Gobierno de España hace suyo, política e institucionalmente, todo el acervo que supone la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y expresa su intención de promover las reformas normativas necesarias a fin de que el ordenamiento jurídico español se ajuste plenamente a este nuevo marco jurídico internacional.
Del mismo modo, el Gobierno de España manifiesta su voluntad de reforzar, transversalmente, las políticas de inclusión dirigidas a las personas con discapacidad y sus familias, con objeto de generar condiciones efectivas de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal en toda clase de entornos, productos y servicios. Todo ello, en diálogo permanente y recabando la participación del tejido asociativo español de la discapacidad, uno de los más dinámicos y vigorosos de Europa, que históricamente ha sido el motor de la acción pública y de la acción cívica en materia de igualdad y derechos de las personas con discapacidad."
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