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SAYAGO
Quiero mi dignidad
TERESA GUERRA PINO
Debido a la parálisis cerebral que sufro de nacimiento -tengo treinta años-, tengo muchísimas complicaciones, no sólo para moverme, también para expresarme correctamente cuando hablo. Quizás sean estas últimas las que me traen más problemas. Por esta razón siempre he sido vista y tratada por los servicios sociales como una persona que tiene una minusvalía mental y física juntas. A lo largo de mi vida, nadie se ha molestado en comprobar, aunque sea con alguna prueba que detecte, que sólo tengo una minusvalía física y no psicológica como, sin ningún fundamento, siempre se ha supuesto en base a no sé qué.
Por no corregir ese error, que supondría admitir en el que están tanto los servicios sociales, como la propia sociedad, resulta que desde siempre he sido tratada y juzgada como una persona, que además de una grave minusvalía física, tiene otra psicológica, por lo que ni siento ni padezco. Por ello, consideran que tengo que estar recluida en el lugar adecuado a dicha discapacidad según su criterio. El mío no cuenta. Por este motivo desde los 9 hasta los 19 años me internaron en varios centros especiales que no eran apropiados para alguien que tiene las facultades mentales correctamente, como es mi caso. Por esta razón quiero y necesito e incluso reclamo que se me reconozca el derecho a decidir dónde quiero vivir. Aunque no lo crean estoy capacitada para hacerlo y sé lo que quiero o no quiero. Por eso, a los 19 años decidí, con el apoyo de mis padres, no regresar al centro de León donde los servicios sociales me habían internado.
Para que esta situación no se vuelva a repetir en el futuro, cuando mis padres no estén, por ejemplo, quiero que se me reconozca de alguna manera, que a pasar de mi minusvalía física estoy capacitada para tomar decisiones como cualquiera. Esto es muy fácil de comprobar: sólo hay que hablar conmigo un rato. Pido, pues, ser escuchada. Reclamo, además, que se me deje ejercer el derecho que tengo como ser humano a vivir dignamente donde yo quiera y con la ayuda necesaria, que tanto proclama el Gobierno de España.
Si una persona normal no es recluida porque sí en una cárcel o en un centro, que para mí son lugares parecidos a los que en donde, contra mi voluntad, me han internado, porque los dos quitan la libertad, ¿por qué yo estoy condenada a estar toda mi vida recluida en un centro en contra de mi voluntad? No lo entiendo. Si mi único delito, por otra parte involuntario, es tener una discapacidad física; necesito decidir por mí misma, y que no lo hagan los servicios sociales u otras personas que no me conocen; y sólo se basan en un expediente que alguien ha redactado describiendo lo que ella considera que son mis limitaciones; pero en el que nunca aparece reflejado mi estado mental. Sólo se fijan en el mal estado de mi cuerpo.
Debido a la parálisis cerebral que sufro de nacimiento -tengo treinta años-, tengo muchísimas complicaciones, no sólo para moverme, también para expresarme correctamente cuando hablo. Quizás sean estas últimas las que me traen más problemas. Por esta razón siempre he sido vista y tratada por los servicios sociales como una persona que tiene una minusvalía mental y física juntas. A lo largo de mi vida, nadie se ha molestado en comprobar, aunque sea con alguna prueba que detecte, que sólo tengo una minusvalía física y no psicológica como, sin ningún fundamento, siempre se ha supuesto en base a no sé qué.
Por no corregir ese error, que supondría admitir en el que están tanto los servicios sociales, como la propia sociedad, resulta que desde siempre he sido tratada y juzgada como una persona, que además de una grave minusvalía física, tiene otra psicológica, por lo que ni siento ni padezco. Por ello, consideran que tengo que estar recluida en el lugar adecuado a dicha discapacidad según su criterio. El mío no cuenta. Por este motivo desde los 9 hasta los 19 años me internaron en varios centros especiales que no eran apropiados para alguien que tiene las facultades mentales correctamente, como es mi caso. Por esta razón quiero y necesito e incluso reclamo que se me reconozca el derecho a decidir dónde quiero vivir. Aunque no lo crean estoy capacitada para hacerlo y sé lo que quiero o no quiero. Por eso, a los 19 años decidí, con el apoyo de mis padres, no regresar al centro de León donde los servicios sociales me habían internado.
Para que esta situación no se vuelva a repetir en el futuro, cuando mis padres no estén, por ejemplo, quiero que se me reconozca de alguna manera, que a pasar de mi minusvalía física estoy capacitada para tomar decisiones como cualquiera. Esto es muy fácil de comprobar: sólo hay que hablar conmigo un rato. Pido, pues, ser escuchada. Reclamo, además, que se me deje ejercer el derecho que tengo como ser humano a vivir dignamente donde yo quiera y con la ayuda necesaria, que tanto proclama el Gobierno de España.
Si una persona normal no es recluida porque sí en una cárcel o en un centro, que para mí son lugares parecidos a los que en donde, contra mi voluntad, me han internado, porque los dos quitan la libertad, ¿por qué yo estoy condenada a estar toda mi vida recluida en un centro en contra de mi voluntad? No lo entiendo. Si mi único delito, por otra parte involuntario, es tener una discapacidad física; necesito decidir por mí misma, y que no lo hagan los servicios sociales u otras personas que no me conocen; y sólo se basan en un expediente que alguien ha redactado describiendo lo que ella considera que son mis limitaciones; pero en el que nunca aparece reflejado mi estado mental. Sólo se fijan en el mal estado de mi cuerpo.
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