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La Ribera
La asociación de discapacitados ProSub tendrá que pagar el crédito de la pantanada.
Esta asociación de Alzira continuará las movilizaciones al dejarla excluída el Gobierno tras la condonación.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la reunión de ayer con los representantes de Aspertous.
Tras más de 25 años de litigios, lucha y pleitos ayer llegó un día histórico para 2.300 familias de la Ribera que vieron como las enfurecidas aguas del pantano de Tous se llevaban por delante todo el patrimonio que tenían. Ayer se llegaba a un acuerdo entre el Gobierno y la asociación Aspertous para cancelar la deuda a 1.500 afectados.
Pero en Alzira la asociación de discapacitados ProSub lo tiene negro. A esta asociación sin ánimo de lucro, entidad a la que no se le ha condonado la deuda esta situación pone en peligro su continuidad.
La presidenta de esta entidad, Isi Anaya, lamentó esta exclusión. "Esto es sangrante, nosotros pedimos un préstamo de 25 millones de las antiguas pesetas para construir un edificio para disminuidos psíquicos y que cedimos en propiedad a la Generalitat. Lo que han hecho es alargarnos la agonía tres meses".
"Nosotros vamos a continuar con las movilizaciones y este viernes estaremos otra vez delante de la Delegación del Gobierno. De ProSub dependen 200 familias que tienen hijos discapacitados", dijo.
En este sentido el presidente de Aspertous, Benjamín Lafarga, manifestó que pondrá todo su esfuerzo en que se solucione este caso. "Creo que si el Gobierno central ha puesto una solución, la Generalitat que es dueña del edificio de ProSub debería de hacerse cargo de la deuda, sería un tanto para ellos".
Ayer, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la asociación Aspertous alcanzaron un acuerdo para encontrar una "solución definitiva" a los damnificados, a quienes se les reducirá la deuda por un importe de 11,1 millones de euros.
Automáticamente 1.500 familias ya tienen cancelados los préstamos y los restantes se estudiará "caso por caso", es decir 831 casos.
Así lo anunció De la Vega en rueda de prensa ayer, acompañada por el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Aurelio Martínez, tras reunirse con representantes de Aspertous para estudiar la situación de los préstamos que recibieron de la entidad pública tras la catástrofe.
Según explicó la vicepresidenta, el Gobierno ha realizado una propuesta a los afectados "dirigida a buscar una solución definitiva para un problema que, desgraciadamente, lleva muchos años arrastrándose".
"Solución final"
El ejecutivo socialista pondrá en marcha diversas medidas dirigidas a atender "las distintas situaciones" en que se encuentran los 2.331 afectados, quienes encontrarán así "una solución final para que todas estas personas que se han visto inmersas en diversos procedimientos a lo largo de tanto tiempo vean el fin".
La entidad bancaria BBVA reclamó recientemente a los titulares de pólizas concedidas por el ICO la devolución del capital y el pago de los intereses antes del próximo mes de marzo, suma que rebasa los 22 millones de euros.
En conjunto, el Gobierno abonará una suma total de 11,1 millones de euros para reducir la deuda de los titulares de créditos, mientras que los 11,7 millones de euros en intereses que generaron las pólizas ya han sido condonados, según fuentes de la Delegación del Gobierno.
Atendiendo a los distintos grupos de damnificados, la propuesta de la vicepresidenta prevé que los cerca de 1.100 damnificados que se acogieron a los reales decretos leyes de 1993 y 1995, por los que recibieron indemnizaciones para pagar los préstamos, tienen resuelta la totalidad de la deuda.
Así, los perjudicados acogidos a estos decretos, que generaron discriminaciones en la evaluación de los daños producidos a quienes se les valoraron los daños, dejarán de abonar 4,3 millones de euros, explicó.
Otro grupo, integrado por unos 400 afectados que tienen pendiente de pago menos de 1.500 euros, también verá compensada la totalidad de la deuda, que asciende a 300.000 euros, "por razón de economía de medios", indicó De la Vega.
Los expedientes de los 831 damnificados restantes "serán estudiados uno a uno", de modo que se cancelarán los préstamos de aquellos que perciban un renta de en torno a 1.000 euros mensuales "por razón de justicia social", declaró.
Además, a los damnificados que no están en ninguna de estas situaciones se les cancelarán todos los intereses de los préstamos si abonan el principal, prorrogando por un plazo de tres meses el actual decreto. En este grupo esta ProSub.
Por otra parte, Lafarga agradeció la "sensibilidad" de la vicepresidenta con los damnificados y acogió con satisfacción lo que considera "una solución definitiva y total para todos los afectados de Tous".
"Con esto sí que vamos a poder decir que hemos puesto un punto y final a la pantanada de Tous, y que hemos sido nosotros los que vamos a enterrar Tous, y no Tous el que va a enterrar a los perjudicados", dijo
Otro elemento que ha dejado "tranquilo" a Lafarga es que el Ministro de Economía tiene conocimiento de este acuerdo.
Pero en Alzira la asociación de discapacitados ProSub lo tiene negro. A esta asociación sin ánimo de lucro, entidad a la que no se le ha condonado la deuda esta situación pone en peligro su continuidad.
La presidenta de esta entidad, Isi Anaya, lamentó esta exclusión. "Esto es sangrante, nosotros pedimos un préstamo de 25 millones de las antiguas pesetas para construir un edificio para disminuidos psíquicos y que cedimos en propiedad a la Generalitat. Lo que han hecho es alargarnos la agonía tres meses".
"Nosotros vamos a continuar con las movilizaciones y este viernes estaremos otra vez delante de la Delegación del Gobierno. De ProSub dependen 200 familias que tienen hijos discapacitados", dijo.
En este sentido el presidente de Aspertous, Benjamín Lafarga, manifestó que pondrá todo su esfuerzo en que se solucione este caso. "Creo que si el Gobierno central ha puesto una solución, la Generalitat que es dueña del edificio de ProSub debería de hacerse cargo de la deuda, sería un tanto para ellos".
Ayer, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la asociación Aspertous alcanzaron un acuerdo para encontrar una "solución definitiva" a los damnificados, a quienes se les reducirá la deuda por un importe de 11,1 millones de euros.
Automáticamente 1.500 familias ya tienen cancelados los préstamos y los restantes se estudiará "caso por caso", es decir 831 casos.
Así lo anunció De la Vega en rueda de prensa ayer, acompañada por el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Aurelio Martínez, tras reunirse con representantes de Aspertous para estudiar la situación de los préstamos que recibieron de la entidad pública tras la catástrofe.
Según explicó la vicepresidenta, el Gobierno ha realizado una propuesta a los afectados "dirigida a buscar una solución definitiva para un problema que, desgraciadamente, lleva muchos años arrastrándose".
"Solución final"
El ejecutivo socialista pondrá en marcha diversas medidas dirigidas a atender "las distintas situaciones" en que se encuentran los 2.331 afectados, quienes encontrarán así "una solución final para que todas estas personas que se han visto inmersas en diversos procedimientos a lo largo de tanto tiempo vean el fin".
La entidad bancaria BBVA reclamó recientemente a los titulares de pólizas concedidas por el ICO la devolución del capital y el pago de los intereses antes del próximo mes de marzo, suma que rebasa los 22 millones de euros.
En conjunto, el Gobierno abonará una suma total de 11,1 millones de euros para reducir la deuda de los titulares de créditos, mientras que los 11,7 millones de euros en intereses que generaron las pólizas ya han sido condonados, según fuentes de la Delegación del Gobierno.
Atendiendo a los distintos grupos de damnificados, la propuesta de la vicepresidenta prevé que los cerca de 1.100 damnificados que se acogieron a los reales decretos leyes de 1993 y 1995, por los que recibieron indemnizaciones para pagar los préstamos, tienen resuelta la totalidad de la deuda.
Así, los perjudicados acogidos a estos decretos, que generaron discriminaciones en la evaluación de los daños producidos a quienes se les valoraron los daños, dejarán de abonar 4,3 millones de euros, explicó.
Otro grupo, integrado por unos 400 afectados que tienen pendiente de pago menos de 1.500 euros, también verá compensada la totalidad de la deuda, que asciende a 300.000 euros, "por razón de economía de medios", indicó De la Vega.
Los expedientes de los 831 damnificados restantes "serán estudiados uno a uno", de modo que se cancelarán los préstamos de aquellos que perciban un renta de en torno a 1.000 euros mensuales "por razón de justicia social", declaró.
Además, a los damnificados que no están en ninguna de estas situaciones se les cancelarán todos los intereses de los préstamos si abonan el principal, prorrogando por un plazo de tres meses el actual decreto. En este grupo esta ProSub.
Por otra parte, Lafarga agradeció la "sensibilidad" de la vicepresidenta con los damnificados y acogió con satisfacción lo que considera "una solución definitiva y total para todos los afectados de Tous".
"Con esto sí que vamos a poder decir que hemos puesto un punto y final a la pantanada de Tous, y que hemos sido nosotros los que vamos a enterrar Tous, y no Tous el que va a enterrar a los perjudicados", dijo
Otro elemento que ha dejado "tranquilo" a Lafarga es que el Ministro de Economía tiene conocimiento de este acuerdo.
1 comentario:
Todo esto está muy bien, pero lo que ya no me gusta tanto es eso de que al perro flaco to son pulgas.
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