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REPORTAJE
"Quiero poder ducharme a diario"
Valencia sólo ha evaluado a 600 de los 4.500 grandes dependientes
FEDERICO SIMÓN - Valencia - 19/01/2008
Charo Gisbert, de 52 años, sufre desde niña una grave enfermedad pero hasta 1993 no se enteró de que sus dolores musculares se debían a una fibromialgia. La "hiperlordosis lumbar con inestabilidad de la charnela" que padece dificulta mucho sus movimientos. Pese a ello, no recibe más ayuda que un par de horas a la semana para hacer la compra y otra hora para el aseo personal. "No quiero dinero, solo quiero tener derecho a ducharme todos los días", reclama tras ver cómo pasan los meses y la ley de Dependencia del Gobierno sigue estancada en la burocracia valenciana.
"No sabemos en qué consiste el cargo de Defensora del Discapacitado"
En la ciudad de Valencia hay unos 4.500 grandes dependientes y ni uno solo ha empezado a disfrutar las ayudas de la ley. Es más, según el Grupo Socialista, la falta de personal de los servicios sociales del Ayuntamiento hace que solo hayan visitado para valorar a 600 de los afectados que han solicitado ayudas. Estos todavía tendrán que esperar a que la Comisión de Valoración de la Consejería de Bienestar Social emita un dictamen y que los técnicos municipales vuelvan a visitarles para realizar el Plan Individual de Atención (PIA). Solo después comenzarán a recibir las prestaciones: bien en atención de personal especializado bien en ayudas económicas.
La portavoz socialista Carmen Alborch denunció ayer que el Ayuntamiento solo ha contratado a 14 personas para valorar a los afectados. Mientras, el Consistorio culpa indirectamente del retraso al Consell. "Se han contestado y remitido todas las solicitudes de informes sociales recibidas desde la Generalitat".
Junto a Charo Gisbert, Alborch pudo poner cara ayer a una docena de tragedias personales en el Ayuntamiento. Una docena de familias que esperan desde hace meses las ayudas para personas con una gran invalidez reconocida desde hace años pero que todavía no perciben nada por un bloqueo burocrático. Entre ellas, Petra Galán, de 61 años, con tuberculosis dorsal desde los 19 años. Una enfermedad que le provoca una opresión tanto en los pulmones como el corazón: "Llevo ventilación mecánica desde hace 12 años por la noche y después de comer; si no, no soy persona", explica. Se mueve por casa con un andador con asiento y para la calle emplea una silla eléctrica. Ahora recibe una hora de ayuda al día: "No es suficiente; por la mañana hay días que no me puedo quitar el respirador porque se me han dormido los brazos".
En la misma situación está Amparo Giner, de 63 años, que sufre un Parkinson como efecto de la medicación que le dieron tras un trasplante de hígado. Se mueve en silla de ruedas y necesita asistencia a domicilio: "No pido mucho, solo lo que puedan ayudarme". Eso sí, se muestra muy crítica con una figura que debería velar por sus intereses: "A la Defensora del Discapacitado, Juana Andrés, no vayas a pedirle ninguna ayuda, que no existe; ni te coge el teléfono; no sabemos en qué consiste ese cargo".
En un Consistorio poco adaptado a las sillas de ruedas también sufrió las estrecheces del ascensor Palmira Castellano, que llevó a su hija Sara Carrasco, con una lesión cerebral provocada por un síndrome Lennox-Gastaut. "Nosotras en el fondo tenemos suerte, solo nos falta el plan individual de atención", se consuela Palmira.
"La mejor ley: gente cualificada"
"A mí me puede pasar algo y solo quiero seguridad para mi hija, el dinero no me da la seguridad". Loreto Soriano, de 73 años, cuida a su hija Loreto, que nació con espina bífida, desde que nació hace 35 años. "Quiero que personas cualificadas se hagan responsables de la dependencia de mi hija, tiene derecho", y concluye: "Gente cualificada, esa es la mejor ley de Dependencia". En mayo pasado presentó su solicitud para optar a las ayudas que marca la ambiciosa ley del Gobierno. Pero hasta el 4 de diciembre nadie se pasó por su casa para valorar in situ el grado de dependencia de su hija. La duda que tiene es saber cuánto más tendrá que esperar para que los servicios sociales del Ayuntamiento elaboren su Plan Individual de Asistencia (PIA) y pueda recibir ayudas. Entre ellas, espera con ilusión una cama especial para facilitar los cambios de postura. "No es mucho; cuesta 700 euros".
Loreto asiste así impotente al retraso en la aplicación de la ley en la Comunidad Valenciana, mientras en otras autonomías los grandes dependientes ya hace meses que cobran. La Consejería de Bienestar Social mantiene en secreto las cifras de peticiones tramitadas. Y la oposición acusa al Consell de usar políticamente la ley (retrasa sus beneficios para perjudicar la imagen del Gobierno) y de emplearla solo para hacer caja. El concejal socialista Julio Such denunció ayer que se vetan las valoraciones iniciales (de personas que hasta ahora no reciben ninguna prestación) y solo se tramitan homologaciones de dependientes ya atendidos. Con los nuevos, tendrá que poner dinero para darles cobertura. Con los veteranos, ganará dinero, con carácter retroactivo desde la entrada en vigor de la ley, puesto que el Gobierno la cofinancia.
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