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REPORTAJE
Un grupo de discapacitados denuncia a la Conselleria de Bienestar Social ante la Síndic de Greuges al no aplicar las ayudas de la Ley de Dependencia
Uno de los afectados, delante de una pancarta que dice "El Gobierno de Valencia pasa de mí", ayer
CRISTINA DE MIDDEL
La Sindicatura de Agravios recibió ayer la queja número 20 referida a la tardanza del Consell para aplicar la Ley de Dependencia. Un grupo de discapacitados con distrofia muscular de Alicante reclamó la intervención de esta institución ante la pasividad del Gobierno autonómico para evaluar a los grandes dependientes y concederles la atención a la que tienen derecho. Se quejan de que no haya recursos para ellos y sí para proyectos faraónicos.
ÁFRICA PRADO
Un grupo de afectados por distrofia muscular en Alicante presentó ayer una queja en la Sindicatura de Greuges para denunciar la "pasividad" y el abandono por parte de la Conselleria de Bienestar Social en la aplicación de la Ley de Dependencia.
Los nueve firmantes del escrito presentado ayer, todos ellos considerados grandes dependientes puesto que tienen entre un 80 y un 90 por ciento de discapacidad, tramitaron su solicitud entre los meses de mayo y junio para ser valorados y muchos de ellos presentaron a los seis meses una reclamación a la Conselleria al no haber sido valorados aún, sin haber tenido respuesta.
Los denunciantes consideran "una vergüenza" que ocho meses después de que entrara en vigor la ley, "estamos igual que que antes, alguna gente está valorada pero lleva meses esperando recursos, sobre todo los que viven con las familias, que somos los que más dificultades estamos teniendo", tras recordar que la Generalitat debía haber evaluado en 2007 a todos los grandes dependientes y recientemente el conseller Cotino señaló que 8.000 personas recibirían ayuda antes de febrero.
Afectados y familiares manifestaron que "han ido a ver primero a las personas mayores a las residencias pero no a los grandes dependientes que viven con sus familias" y se preguntaron por qué el Gobierno autonómico "nos está dando de lado y no está cumpliendo la ley, que además tenemos constancia de que este año pasado ha recibido del Gobierno central una partida de dinero para atender a los grandes dependientes, ¿dónde está ese dinero?"
Mercedes Pastor, madre de un discapacitado, señaló ayer que "se burlan de nosotros porque sí tienen dinero para la Copa América, la Volvo y la Fórmula 1" mientras "hay personas que no pueden salir a la calle porque no tienen quien les empuje una silla de ruedas", por lo que reclamó al Consell "que gobiernen para nosotros". Los familiares indicaron que recurren a la Sindicatura para evitar gastos en los tribunales pero no descartan utilizar esta vía.
Con esta última, la Sindicatura de Greuges ha recibido ya una veintena de reclamaciones por el retraso en la aplicación de la normativa en la Comunidad, 17 de ellas individuales, una de ellas de una agrupación de discapacitados de Novelda, además de la queja de oficio abierta por Emilia Caballero.
La concejal socialista Laura Soler acudió ayer también al acto en apoyo del colectivo; ella tampoco ha sido valorada desde mayo.
Por otra parte, UGT en l'Alacantí ha exigido a la Generalitat que cumpla con los compromisos plasmados en el reciente convenio firmado el 21 de diciembre con el Gobierno central, "que asciende a más de 54 millones de euros", y exige que firme "cuanto antes" el nuevo convenio de 2008, ya que "aún no se han resuelto los reconocimientos ni se ha procedido a aplicar los planes individuales de atención" para determinar las prestaciones.
A su vez, Vecinos por Alicante denunció las disputas entre PP y PSOE por aplicar la ley sin tener en cuenta a los ciudadanos.
ÁFRICA PRADO
Un grupo de afectados por distrofia muscular en Alicante presentó ayer una queja en la Sindicatura de Greuges para denunciar la "pasividad" y el abandono por parte de la Conselleria de Bienestar Social en la aplicación de la Ley de Dependencia.
Los nueve firmantes del escrito presentado ayer, todos ellos considerados grandes dependientes puesto que tienen entre un 80 y un 90 por ciento de discapacidad, tramitaron su solicitud entre los meses de mayo y junio para ser valorados y muchos de ellos presentaron a los seis meses una reclamación a la Conselleria al no haber sido valorados aún, sin haber tenido respuesta.
Los denunciantes consideran "una vergüenza" que ocho meses después de que entrara en vigor la ley, "estamos igual que que antes, alguna gente está valorada pero lleva meses esperando recursos, sobre todo los que viven con las familias, que somos los que más dificultades estamos teniendo", tras recordar que la Generalitat debía haber evaluado en 2007 a todos los grandes dependientes y recientemente el conseller Cotino señaló que 8.000 personas recibirían ayuda antes de febrero.
Afectados y familiares manifestaron que "han ido a ver primero a las personas mayores a las residencias pero no a los grandes dependientes que viven con sus familias" y se preguntaron por qué el Gobierno autonómico "nos está dando de lado y no está cumpliendo la ley, que además tenemos constancia de que este año pasado ha recibido del Gobierno central una partida de dinero para atender a los grandes dependientes, ¿dónde está ese dinero?"
Mercedes Pastor, madre de un discapacitado, señaló ayer que "se burlan de nosotros porque sí tienen dinero para la Copa América, la Volvo y la Fórmula 1" mientras "hay personas que no pueden salir a la calle porque no tienen quien les empuje una silla de ruedas", por lo que reclamó al Consell "que gobiernen para nosotros". Los familiares indicaron que recurren a la Sindicatura para evitar gastos en los tribunales pero no descartan utilizar esta vía.
Con esta última, la Sindicatura de Greuges ha recibido ya una veintena de reclamaciones por el retraso en la aplicación de la normativa en la Comunidad, 17 de ellas individuales, una de ellas de una agrupación de discapacitados de Novelda, además de la queja de oficio abierta por Emilia Caballero.
La concejal socialista Laura Soler acudió ayer también al acto en apoyo del colectivo; ella tampoco ha sido valorada desde mayo.
Por otra parte, UGT en l'Alacantí ha exigido a la Generalitat que cumpla con los compromisos plasmados en el reciente convenio firmado el 21 de diciembre con el Gobierno central, "que asciende a más de 54 millones de euros", y exige que firme "cuanto antes" el nuevo convenio de 2008, ya que "aún no se han resuelto los reconocimientos ni se ha procedido a aplicar los planes individuales de atención" para determinar las prestaciones.
A su vez, Vecinos por Alicante denunció las disputas entre PP y PSOE por aplicar la ley sin tener en cuenta a los ciudadanos.
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Si queréis elevar queja ante la Síndic de Greuges sobre este tema concreto, pinchar AQUÍ.
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