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Cotino asegura que a finales de enero 8.000 personas ya tendrán reconocido su grado de dependencia.El conseller de Bienestar Social critica la "politización" y dice que la ley se aplicará.
Efe, Valencia
El vicepresidente tercero y conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, anunció ayer que a finales de enero se habrán notificado cerca de 8.000 resoluciones de reconocimiento de grado y nivel de dependencia para que estas personas puedan recibir las ayudas que contempla la Ley.
Cotino aseguró que la ley aprobada por el Gobierno es, en la Comunitat Valenciana, "un punto y seguido", ya que antes de su entrada en vigor funcionaba el programa valenciano de atención a las personas y familias. Las 8.000 personas que reciban este mes la resolución, dijo, podrán seguir estando en la residencia en la que ya viven, si están en sus casas y desean ingresar en un centro podrán hacerlo o, de acuerdo con la ley, podrán tener un servicio a domicilio si lo prefieren.
El pasado 21 de diciembre se firmó con el Gobierno el convenio de financiación correspondiente al año 2007, en virtud del cual el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aportó 21,2 millones de euros y la Conselleria de Bienestar Social 33,2 millones, aunque según Cotino aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Cabe recordar, como ha venido relatando Levante-EMV, que cerca de 10.000 personas llevan esperando sin éxito una respuesta de la administración desde hace más de seis meses. Algunos, incluso, han pedido amparo al Síndic.
"La politización que se está queriendo hacer de esto es absurda, lo que hay que hacer es seguir atendiendo a las personas y a las familias", dijo. "La Generalitat va a aplicar la Ley, pero vamos a pedirle al Gobierno que la ha hecho que también ponga el apoyo presupuestario necesario", afirmó.
El vicepresidente tercero y conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, anunció ayer que a finales de enero se habrán notificado cerca de 8.000 resoluciones de reconocimiento de grado y nivel de dependencia para que estas personas puedan recibir las ayudas que contempla la Ley.
Cotino aseguró que la ley aprobada por el Gobierno es, en la Comunitat Valenciana, "un punto y seguido", ya que antes de su entrada en vigor funcionaba el programa valenciano de atención a las personas y familias. Las 8.000 personas que reciban este mes la resolución, dijo, podrán seguir estando en la residencia en la que ya viven, si están en sus casas y desean ingresar en un centro podrán hacerlo o, de acuerdo con la ley, podrán tener un servicio a domicilio si lo prefieren.
El pasado 21 de diciembre se firmó con el Gobierno el convenio de financiación correspondiente al año 2007, en virtud del cual el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aportó 21,2 millones de euros y la Conselleria de Bienestar Social 33,2 millones, aunque según Cotino aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Cabe recordar, como ha venido relatando Levante-EMV, que cerca de 10.000 personas llevan esperando sin éxito una respuesta de la administración desde hace más de seis meses. Algunos, incluso, han pedido amparo al Síndic.
"La politización que se está queriendo hacer de esto es absurda, lo que hay que hacer es seguir atendiendo a las personas y a las familias", dijo. "La Generalitat va a aplicar la Ley, pero vamos a pedirle al Gobierno que la ha hecho que también ponga el apoyo presupuestario necesario", afirmó.
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