Un centenar de personas empiezan a cobrar por la Ley de Dependencia.
ANA PANTALEONI - Barcelona - 02/01/2008
No son muchos, pero ya saben qué recibirán por la anunciada Ley de la Dependencia, que en Cataluña empezó a caminar el pasado mes de mayo. Casi un centenar de personas ya saben el servicio o la prestación económica que les corresponde.
El Departamento de Acción Social y Ciudadanía afirma que la semana pasada se tramitaron las primeras ayudas para 74 personas y que durante los próximos días se llegará hasta 150, que se sumarán a los casos nuevos que vayan entrando. En total se han pagado ya subvenciones por 285.000 euros.
Los servicios que más se solicitan son la prestación económica para el cuidador familiar y una plaza de residencia. De momento, sólo una persona ha solicitado una prestación de ayuda a domicilio.
La pelota está ahora en el tejado de los ayuntamientos. Las autoridades locales y los asistentes sociales son los encargados de realizar el Programa Individual de Atención (PIA), que determina el servicio o la prestación económica que debe recibir la persona dependiente. Los consistorios más activos, según el Departamento de Acción Social y Ciudadanía, son Cornellà, L'Hospitalet de Llobregat, Manlleu, Ripoll y Vic.
La Generalitat complementará algunas prestaciones que marca la ley estatal, de manera que las personas que tengan una plaza en una residencia privada, pero acreditada por el Gobierno catalán, y que tengan unos ingresos inferiores a 17.700 euros anuales, recibirán una ayuda de hasta 1.308 euros para pagar esta plaza, gracias a los 528 euros de la Generalitat, que se sumarán a los 780 euros mínimos garantizados.
Estas personas que ahora empiezan a recibir las prestaciones lo harán con carácter retroactivo; es decir, desde el día que presentaron la solicitud. Se calcula que el 80% de los solicitantes recibirá el total del servicio o de la ayuda sin ninguna deducción.
Hasta el 15 de diciembre se habían realizado en Cataluña 35.696 evaluaciones, de las que 27.751 son de grado III o de gran dependencia.
El departamento que dirige Carme Capdevila ha destinado este año 14 millones de euros para activar una ley que ha sufrido algunos retrasos, sobre todo en la elaboración de los planes, y que ha despertado el interés de gran parte de la ciudadanía. Comisiones Obreras criticó el pasado viernes los retrasos con los que están llegando las ayudas y reclamaron que se cobren con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2007.
"Sí tenía derecho"
Adela Huerta, de 81 años, sufre Alzheimer. El médico le detectó la enfermedad hace ocho años. Adela estuvo primero en casa al cuidado de su marido, después ingresó en un centro de día y ahora vive en una residencia. En una privada porque las listas de espera son enormes. Su familia paga alrededor de 1.600 euros al mes por esta plaza.
En febrero de 2006 sus familiares presentaron la documentación para optar a una plaza pública. En julio de 2006, ante el mutismo de la Administración, decidieron pagar e ir a una privada. El pasado mes de junio, les dijeron que entraban en la lista de espera para una plaza pública de residencia.
Ahora Adela será una de las primeras personas en Cataluña que reciba una prestación económica vinculada a la Ley de Dependencia. Sin embargo, no ha resultado nada fácil. "La primera vez que llamé al teléfono de información me dijeron que mi madre no tenía derecho a las ayudas porque vivía en casa", relata la hija de Adela, Lucía Martínez. Gracias a la información de un asistente social, Lucía descubrió que su madre sí tenía derecho.
"La asistente social nos ha gestionado los papeles y hace menos de un mes nos informaron de que recibiríamos una ayuda de 740 euros al mes para pagar la residencia. Ahora estamos pendientes de una plaza en la pública, aunque quizá cambiar de sitio para mi madre resultaría un trastorno", explica Lucía. Para Adela el tiempo ahora es lo más importante. "El problema es que la enfermedad avanza", subraya Lucía.
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