EL MUNDO.
VIERNES 16 DE ENERO DE 2009
ANDALUCÍA
«Dijeron que se llevaban a mi hija por ser incapaces»
Una pareja de discapacitados a la que la Junta ha retirado a su bebé defiende que están preparados como padres y pide una vivienda para que se la devuelvan.
David enseña junto a su compañera, Sara,la foto de su hija, que la Junta les ha retirado, ayer (jueves 15 de enero) en el hospital Puerta del Mar de Cádiz.
CATA ZAMBRANO
Acción «aberrante y discriminatoria»
* La hija de Sara Maldonado y David Olvera, discapacitados en paro y que han vivido en un piso sin luz ni agua, nace el 7 de enero en Cádiz.
* Dos días después, policías y personal de la Junta se la quitan de sus manos después de que la Delegación de Bienestar les suspenda cautelarmente la patria potestad argumentando incapacidad y falta de recursos.
* El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) condena la «aberrante y discriminatoria actuación de la Junta y le recuerda que la ONU reconoce su derecho fundamental a ser padres.
* El Foro de Vida Independiente exige a la Junta que devuelva a la niña a sus padres y les ayude con un piso tutelado.
EDUARDO DEL CAMPO / Sevilla
Sara Maldonado, de 24 años, que ha trabajado como camarera de piso en hoteles, y David Olvera, de 22, con experiencia de albañil, se conocieron hace dos años, se enamoraron, se fueron a vivir juntos, se registraron en el Ayuntamiento de San Fernando como pareja de hecho y, como tantas otras, hicieron planes para tener hijos algún día, porque los niños les encantan.
Ese día llegó el 7 de enero, cuando, a las 13.20 horas, nació su hija Esmeralda en el hospital Puerta del Mar de Cádiz. Llenos de felicidad, hicieron lo que se espera de unos buenos padres: limpiarle el culo de caca y cambiarle el pañal, darle de comer, acunarla, abrazarla, quererla... Y hacerle una foto con la cámara del móvil para llevarla a todas partes. Ahora Sara duerme con el móvil en el hospital en un intento de aliviar la pesadilla que están sufriendo despiertos.
Habían pasado menos de 48 horas con su recién nacida cuando, el 9 de enero, al mediodía, se presentaron en la habitación 416 dos policías, una asistente social y una trabajadora del servicio de menores de la Junta de Andalucía para llevarse a la bebé. La Delegación de Bienestar Social en Cádiz asumía «provisionalmente» su tutela argumentando que como son discapacitados y han vivido en un piso sin luz ni agua en San Fernando, no pueden asegurar el cuidado de su niña. Una medida preventiva que se adopta sin que ni Sara ni David le hayan hecho a su hija daño alguno.
No están locos, no son tontos y se explican muy bien. «Nos engañaron diciendo que la iban a llevar al pediatra, y ya no la trajeron», cuenta por teléfono el padre. «Los policías me empujaron contra la ventana como si hubiera hecho algo malo. Se han llevado a mi hija sin orden judicial y sin permiso nuestro. Hemos estado malos de los nervios, llorando».
«Me sentí morir», recuerda la madre. «La razón que me dieron es que nosotros no podemos mantenerla porque no somos capaces y no tenemos vivienda. Les dije que yo no tenía la culpa, que me iba a quedar en el hospital el tiempo que hiciera falta [hasta que les ayudaran a encontrar alojamiento adecuado], se lo dije llorando, y no me creyeron».
Los padres explican que son víctimas de una terrible injusticia y que la tía de Sara, Pilar Pino, su tutora legal desde niña debido a los problemas mentales de la madre de la joven, los denunció ante el servicio de protección de menores para que les quitaran la tutela de su niña después de que ellos la denunciaran previamente en el juzgado por maltratar a su sobrina y quedarse con el dinero de la paga que recibe por su incapacidad intelectual reconocida del 65%.
«Dicen que su tía los denunció a la Junta tras acusarla de maltrato y quedarse con su paga»
«No puedo disponer de la pensión, se niega a dármela. Cuando voy a pedirle ayuda económica, se pone como una fiera y me pega», cuenta Sara.
Dice que los malos tratos comenzaron a raíz de su noviazgo con David, al que su tía rechaza acusándolo de estar «loco». «Mi tía me amenazaba, me decía que me iba a meter en un colegio interna, yo estaba aterrada.
Me jalaba de los pelos, me daba bocados... Una loca. Estamos a la espera de que salga el juicio».
Esos 328,40 euros mensuales de la pensión que ahora dice que le retiene su tía, sumados a los 279 euros que cobra David por su «incapacidad visual del 82%» (él subraya que no sufre problemas mentales ni intelectuales aparte de crisis de ansiedad), les permitiría defenderse mientras buscan trabajo y techo.
De momento, a falta de sólidos apoyos familiares, les han dejado quedarse en el hospital mientras se aclara la situación y consiguen plazas en algún centro especializado o piso tutelado donde puedan vivir los tres.
O mejor aún, dice él, en una vivienda normal y corriente. El alcalde de San Fernando ya conoce el caso pero aún no ha ofrecido una solución.
La Junta les permite ver a su hija sólo una hora a la semana en el centro de protección San Carlos de Chipiona.
La visitaron el martes. El padre cuenta que les han dicho que en tres meses se la podrían devolver si demuestran buen comportamiento.
Un portavoz de la Delegación dijo ayer que se está estudiando el caso y que la primera opción es que la niña vuelva con sus padres. Este diario intentó hablar con la tía de Sara acusada de maltrato, pero su número de teléfono en Chiclana no funcionaba.
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