OPINIÓN
Tribuna
Silenciar a la Sindicatura
en imagen de archivo
Lo que queda claro con esta propuesta es el modelo de Sindicatura que quiere el PP: una sindicatura dirigida, partidista, dócil, callada y sumisa a sus intereses.
Diego Maciá Antón
Como se ha expuesto en las Cortes por el grupo parlamntario socialista la propuesta del PP es manifiestamente ilegal pues, pese a ser muy clara la ley al establecer en su articulo 5º, apartado 4 que: «En tanto no se haga efectiva la toma de posesión del nuevo síndico de Agravios, desempeñarán el cargo, interinamente y con plenitud de funciones, los adjuntos, por su orden», y que «es competencia de la "Comisión de Peticiones de las Cortes Valencianas" la aprobación a propuesta del síndico de Agravios, del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Institución», el PP continúa argumentando que pueden modificar el reglamento y así violentar el contenido de la propia Ley -obviando la obligación estatutaria de maoría cualificada para cambiarla-; y que puede hacerlo sin concurrir la iniciativa del propio síndico a quien la Ley le da con toda claridad esa prerrogativa.
Anteriormente a esta propuesta hay una larga lista de antecedentes que demuestran que el PP no cree en esta institución y le molesta su independencia; el nulo valor que le dan a sus recomendaciones; el trato que dieron al anterior síndico -el profesor don Bernardo del Rosal- y su no renovación pese a su magnífica labor; la reprobación -hace sieta años- de la actual síndica; el no permitir la exposición de los informes anuales en las Cortes como establece la Ley, etcétera.
Lo que queda muy claro con esta propuesta es el modelo de Sindicatura que quiere el PP; una sindicatura dirigida, partidista, dócil, callada y sumisa a sus intereses.
Hay que recordar que el grupo parlamentario socialista llegó a un acuerdo con el PP para evitar la prolongación de la actual interinidad (excusa para ahcer esta propuesta), si bien decidió suspender su aplicación mientras el Consell no entregue a las Cortes una información solicitada sobre dos empresas públicas dependientes de la Generalitat.
¿Qué información no quieren que se conozca de las actas del consejo de administración, cntratos de suministro, patrocinios y prestaciones de servicios de la Sociedad Gestora par la Imágen Estratégica y Promocional de la Comunitad (SGIEP) y de las actas de las reuniones y contratos de la empresa pública Sociedad de Proyectos Temáticos que justifica semejante disparate?
El motivo último una vez es más la falta de transparencia del gobierno del seór Camps y la negativa a que la oposición pueda cumplir con su obligación de fiscalizar la labor del gobierno.
Al PP le molesta la Sindicatura, les molesta la síndica. Les molesta que desde su independencia se haya criticado el retraso en la aplicación de la Ley de Dependencia, se haya denunciado la situación de la atención a los enfermos mentales o se haya cuestionado la escasa inversión en VPO en la Comunidad.
Ya les ocurrió con el profesor Bernardo del Rosal, anterior síndico, nombrado a propuesta del PP y que pese a mostrar su disponibilidad para seguir, -incómodos por algunas de sus resoluciones- (sobre todo las que afectaban a la aplicación de la Ley del Suelo en la Comunidad) decidieron que debía abandonar la Sindicatura, como pretenden ahora con doña Emilia Caballero.
La cuestión de fondo, como hemos dicho, es que no creen en esta institución, en su autonomía e independencia. Con esta propuesta están dinamitando esta importante institución, pues el mensaje que se lanza es que no se consentirá en el futuro que ningún síndic actúe con independencia y rigor.
Diego Maciá Antón es presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Valencianas.
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