La denuncia del responsable de Cocemfe en Alicante y miembro de la Federación a nivel de la Comunitat y estatal, es muy clara: la ley se ha convertido en un instrumento electoral, que pasadas las elecciones de marzo, ya no es tema de debate en la actualidad. Además, Segura afirmó que la discapacidad "no tiene color político, no forma parte de los partidos" y que "aquí se utiliza en contra del Gobierno central".
El vicepresidente de la federación indicó que, a pesar de que la ley "no ha sido bien planteada desde el Gobierno", Cocemfe es consciente de que se trata de una medida de "largo recorrido, puesto que se desarrollará hasta 2015. El proceso tenemos claro que debe ir por etapas". Aún así, las carencias que la ley continúa teniendo en la provincia y, sobre todo en la Comunitat, afectan sobre todo a "personas humanas que sufren junto a sus familiares".
Este hecho es lo que más sorprende a la vez que indigna al vicepresidente. "Los representantes políticos están jugando con personas. Se está menospreciando a seres humanos y sobre todo a las familias que están agotadas económica y físicamente", añadió Segura.
Además, el colectivo apunta que "la Conselleria, con el Partido Popular a la cabeza, indica que no recibe los medios necesarios desde el Gobierno para desarrollar las ayudas", pero desde Cocemfe lo que preocupa es que "ni siquiera lo poco que recibe se ponga en marcha".
Diferencia entre comunidades
La Ley no se aplica igual en todo el país, "la diferencia entre comunidades es alarmante". Segura explicó que el Gobierno central impulsó la Ley a través de ellas, "lo que provoca que haya 17 leyes diferentes en el país". En palabras del representante de Cocemfe, la medida sobre la dependencia se ha convertido en una "Ley no nacional". Según el vicepresidente "no se ha aprovechado la Seguridad Social de cada municipio".
Una de las carencias que más llama la atención desde la entrada en vigor de la Ley de la Dependencia es la falta de valoradores en Alicante, así como en las dos provincias restantes de la Comunitat. "El Consell ha reducido en número de profesionales encargados de esta tarea en las tres provincias".
Sólo 30 valoradores
Así, la Comunitat sólo cuenta con 30 valoradores para todos los municipios, "lo que supone que Alicante sólo tiene de 7 a 10 profesionales para todos los dependientes". La gestión de valoración "la ejecuta una empresa pública del PP", añadió el representante de Cocemfe.
Para el vicepresidente de la federación la aplicación de las medidas "tiene que ser por parte tanto del Consell, como de la oposición así como de los sindicatos". Por otra parte, Segura resaltó el papel del Defensor del Pueblo así como del Síndic y afirmó que "el próximo paso es denunciar ante la Fiscalía General del Estado. Si se piden responsabilidades en temas de urbanismo, porque no sobre la Dependencia".
Cocemfe "cree en esta ley y en que la gente se manifieste y denuncie para que se lleve a cabo de forma correcta", apuntó Segura. Con las palabras de "ataque social", el vicepresidente describe la situación en la Comunitat de los discapacitados y las ayudas de la dependencia. "Creemos en la Ley pero está en peligro por la falta de voluntad", añadió. Entre las recursos necesarios se encuentran los centros de día, las residencias, los pisos tutelados y la teleasistencia.
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