Juan José Maraña: ´En España se vulneran a diario los derechos de los discapacitados´
"Crear más residencias no es la solución. Las personas con discapacidad no queremos vivir encerradas, sino ser independientes y poder hacer las mismas cosas que el resto"
España ratificó hace poco menos de un año la Convención de la ONU sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, un tratado internacional que obliga a reconocer la equiparación de los derechos de los discapacitados con los del resto de la sociedad. Juan José Maraña, miembro de la plataforma Asistencia Personal para la Vida Independiente (ViGalicia), lamenta que ese gesto del Gobierno español se haya quedado, de momento, en una "mera declaración de principios". "En España se vulneran a diario los derechos de las personas con discapacidad, sin que nadie haga nada para remediarlo", denuncia
MARÍA DE LA HUERTA | A CORUÑA La facultad de Derecho de la Universidade da Coruña acoge los próximos días 2 y 3 de abril unas jornadas abiertas sobre la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, organizadas por la plataforma Asistencia Personal para la Vida Independiente (ViGalicia), en colaboración con la Unidad Universitaria de Atención a la Diversidad (ADI). El objetivo del encuentro es dar a conocer el impacto que la entrada en vigor de ese tratado internacional tendrá sobre los derechos de las personas con discapacidad funcional y difundir las oportunidades que reporta, en general, a toda la sociedad, tal y como recuerda Juan José Maraña, miembro de ViGalicia.
-¿Qué es la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad?
-Como su nombre indica, es una tratado internacional promulgado por la ONU en el año 2006 que obliga a reconocer la equiparación de los derechos de los discapacitados con los del resto de la sociedad. Abarca toda una serie de ámbitos fundamentales como la accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, la educación, el empleo, la participación en la vida política, la igualdad o la no discriminación. Y marca un cambio en el concepto de discapacidad, puesto que pasa de una preocupación en materia de bienestar social a una cuestión de derechos humanos, al reconocer que las barreras y los prejuicios de la sociedad constituyen en sí mismos una discapacidad.
-En la práctica, ¿mejorará la convención el día a día de las personas con discapacidad?
-En teoría, la convención es un paso importante para cambiar la percepción de la discapacidad y asegurar que las sociedades reconozcan que es necesario proporcionar a todas las personas la oportunidad de vivir con la mayor plenitud posible. Al ratificar la Convención de la ONU, los países aceptan las obligaciones jurídicas que les corresponden en virtud del tratado, y después se supone que han de cambiar las leyes que sea preciso para hacerlas cumplir. En la práctica, sin embargo, esto no siempre es así.
-¿España ha ratificado ya la convención?
-Sí, lo hizo en mayo del pasado año, pero el Gobierno aún no ha planteado ninguna modificación legislativa al respecto. De momento, la convención se ha quedado en una mera declaración de principios. Al menos en nuestro país.
-Dice que el Gobierno debería modificar varias leyes, ¿la normativa actual no funciona?
-Algunos países han promulgado una detallada legislación sobre derechos de las personas con discapacidad y otros muchos no han hecho nada. En el caso concreto de España, es uno de los estados europeos que más leyes ha aprobado al respecto. El problema es que se incumplen constantemente y nadie hace nada para remediarlo, pese a que a diario se estén vulnerando derechos fundamentales.
-¿Qué ámbitos requieren una actuación más urgente?
-Son muchos, pero destacaría el de la asistencia personal. Una persona discapacitada no podrá equipararse a otra que no lo es si no tiene a su lado a alguien que le ayude a levantarse e ir a trabajar todos los días. Crear más residencias no es la solución. No queremos vivir encerrados, sino ser independientes y disfrutar de los mismos derechos que el resto.
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