Alrededor del 5% de los inmigrantes que residen en nuestro país presenta alguna discapacidad. En total, unas 225.000 personas cuya situación se ve agravada, en determinados casos, por la condición de ilegalidad.
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Carecen de tarjeta sanitaria, permiso de residencia y certificado de minusvalía. La mezcla de estos ingredientes da un combinado que impide el tratamiento de la discapacidad, dificulta el proceso de integración y obstaculiza, en consecuencia, el acceso al mundo laboral.
Al menos el 5% de los inmigrantes que viven en España tiene alguna discapacidad, según un estudio del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
El informe, editado por el Observatorio Permanente de la Inmigración, revela las dificultades de integración y la discriminación a la que se enfrenta este grupo, conformado por unas 225.000 personas.
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