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Las comunidades necesitan un plan B para cuadrar las cuentas futuras
Las comunidades afrontan su prueba de fuego. Después de tres décadas de descentralización de competencias, la aguda crisis de las finanzas públicas ha puesto en entredicho la viabilidad del Estado de las autonomías. Desde dentro y fuera de España los analistas coinciden en que el Gobierno debe poner orden en el ámbito regional y municipal, si quiere conseguir la confianza de los mercados y cumplir los compromisos ante Bruselas.
Consciente del problema, el Ministerio de Economía decretó un recorte de los salarios públicos aplicable a todas las Administraciones y ha impuesto un sistema de control trimestral del déficit de manera que, aquellas comunidades que no cumplan con el objetivo, verán anulada la autorización para emitir deuda. Una decisión que ya ha puesto contra las cuerdas a Castilla-La Mancha y Murcia, y que amenaza con cerrar el grifo a Cataluña –la Generalitat ha aflorado un déficit del 3,6% en 2010, frente al 2,4% fijado como techo–. Ambas medidas han venido acompañadas de otras como el tijeretazo a la inversión o la subida puntual de algunos impuestos: Andalucía,Cataluña, Baleares y Extremadura subieron en IRPF, entre otros.
Débil crecimiento
"Si se tiene en cuenta el nivel de servicios que prestan, que las comunidades tengan un nivel de deuda del 6% del PIB no es una preocupación", explica Guilhem Costes, analista de Fitch Rating para las regiones españolas. La cuestión es si las medidas abordadas hasta ahora son suficientes para hacer frente a un escenario de débil crecimiento económico y, por tanto, lenta recuperación de los ingresos tributarios –el nuevo modelo de financiación autonómico es más dependiente de los ciclos de la economía nacional, por su alta vinculación de los ingresos tributarios–.
"Los recortes en personal o inversión tienen un límite. Nuestra opinión y la de muchos observadores es que son necesarias medidas de más disciplina en los gastos estructurales de las comunidades, que afectan a la sanidad, la educación o los servicios sociales", considera Costes. Eso sí, añade que eso requiere una "negociación común, porque si no lo hacen todas las comunidades es muy difícil asumir" cambios estructurales con "un coste político".
A falta de ese cambio, a la hora de abordar el Estado autonómico actualmente una parte importante de la opinión pública incide en que las comunidades son parte agravante del problema financiero de España. "El debate es desafortunado al menos en los términos en que se ha planteado, máxime si tenemos en cuenta que el Estado es el gran generador de deuda y déficit público en España y que las autonomías son las responsables de la sanidad, la educación y los servicios sociales", argumenta Antonio Beteta, consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Desde 2007, el 73% del nuevo endeudamiento de la Administración proviene por el Gobierno central, frente a un 27% de comunidades y ayuntamientos.
En 2011, las autonomías tendrán que requerir a los mercados otros 25.000 millones de euros para cubrir su déficit (no puede sobrepasar los 14.000 millones de euros, el 1,3% del PIB) y refinanciar vencimientos de deuda –como adelantó EXPANSIÓN el 24 de diciembre de 2010–. "Pensamos que la capacidad de devolver la deuda o la calidad crediticia es fuerte y, en algunas comunidades, muy fuerte. Eso sí, mantenemos un outlook negativo sobre la calificación porque existe un riesgo de bajada relevante. El crecimiento de la economía en el futuro no será como en la última década salvo que se apliquen reformas estructurales. Los ingresos de las autonomías tampoco avanzarán como antes", explica Lorenzo Pareja, director de Finanzas Públicas Internacionales de Standard & Poor's.
Gastos corrientes
Pareja coincide con Costes en que la salida, para una estabilidad en el largo plazo, es "una disminución de los gastos corrientes, pero no es fácil si se quiere mantener el nivel actual de prestaciones, por ejemplo en la sanidad". Qué significa "esencial" es una de las grandes lagunas del modelo. La propia Ley de Financiación Autonómica habla de "servicios básicos fundamentales" sin concretar. En estos entran canales de televisión, la promoción turística, la económica, la internacionalización de las empresas, la policía, la Justicia...
"Prestamos los servicios que más importan a los ciudadanos. El Estado por acción o por omisión no pone sencillo recortar más nuestro gasto. Por ejemplo, la ley de Dependencia supone un punto de déficit de nuestra comunidad. ¿No hubiera sido más sensato una moratoria en la aplicación? Otro asunto es en el gasto farmacéutico, donde el Ministerio de Sanidad tiene el poder de coordinar un ahorro efectivo. También armonizar las retribuciones de docentes y sanitarios, para frenar la carrera salarial estéril entre comunidades", señala María Luisa Araujo, consejera de Hacienda y Vicepresidenta de la Junta de Castilla-La Mancha.
Hasta ahora, los problemas financieros de las comunidades se han cerrado siempre con una negociación política en la que el Estado ponía más dinero sobre la mesa. Y los incumplimientos sistemáticos de los planes de equilibrio no tenían una penalización. En este caso, está en juego la credibilidad de España en los mercados y los políticos van a tener que responsabilizarse ante los ciudadanos de sus errores y aciertos en la gestión pública.
¿Dónde van los recursos de las comunidades?
Las comunidades autónomas gestionan el 36% del gasto público en España y el 55% de los funcionarios. Dos terceras partes de su gasto está asociado a servicios fundamentales.
Entre otras cosas, gestionan: el 96% del gasto educativo; el 91% del sanitario; el 42% de la inversión en transporte e infraestructuras; los gastos de la Justicia, excepto los salarios (cada vez más regiones los asumen), además de los gastos de la Ley de Dependencia.
A ello se unen la promoción de la cultura, vivienda, turismo, internacionalización de las empresas, agricultura o industria.
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