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Lunes 17 de enero de 2011
ley de autonomía personal
Canarias sufre la mayor espera para pagar a dependientes
Frente a las 9.106 personas con prestaciones, hay 7.060 que aún no han pasado el examen médico y 12.813 que tienen el derecho reconocido pero no lo disfrutan
 12:19  | |  |  |  |  |
SOL RINCÓN BOROBIA
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Canarias es la comunidad autónoma española que tiene la lista de espera más grande para diagnosticar y pagar a dependientes en relación con la media de España. El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, indica que la situación en Canarias es tan grave que un ciudadano de esta comunidad autónoma tiene entre tres y cuatro veces menos posibilidades de ser atendido que otro español.
Las personas de esta región que tienen derecho a la ayuda son 21.919. Pero si se suman los dependientes de grado I y nivel 2 –que a partir del 1 de enero de 2011 también tienen derecho a la prestación– la suma asciende a 24.140 personas.
Sin embargo, sólo 9.106 están disfrutando efectivamente de las ayudas en Canarias. Esto hace que el 63% de la población con derechos a las ayudas (15.034 personas) esté "en el limbo de la dependencia", informa Ramírez. Añade que, con estas cifras, en Canarias sólo se atienden a cuatro personas de cada 1.000, cuando la media nacional está en 15 de cada 1.000.
Además –y si no se cuentan las 2.221 del grado I y nivel 2– de las 35.594 solicitudes acumuladas en Canarias desde que entró en vigor la ley (en el año 2007), el 80,2% (28.534) ha sido revisado y ha obtenido el dictamen médico, que es el primer paso –en caso de que el informe sea favorable– para acceder a la ayuda económica o a uno de los servicios que se ofrecen en la ley.
De estos datos también se infiere que 7.060 personas están todavía esperando un dictamen de su situación. Así, y siempre sin contar a los se pueden acoger al derecho a partir de este año, 12.813 tienen el derecho reconocido pero todavía esperan la prestación o el servicio que se les prescriba, lo que supone el 59% del total de dependientes a los que se les ha reconocido el derecho.
La media nacional de personas diagnosticadas sobre el total de solicitudes registradas es del 91,8%. Con respecto a esta cifra, Canarias también está a la cola de las once comunidades y ciudades autónomas que menos solicitudes analizadas tiene y que son: Castilla y León (90,4%), Ceuta y Melilla (88,6%), Aragón (88,9%), Asturias (84,4%), Andalucía (90,8), Castilla La Mancha (86%), Extremadura (87,2%), Baleares (87,5%) y Galicia (82,1%).
Son ocho regiones las que tienen una cifra bastante más elevada que las anteriores de personas diagnosticadas en función del conjunto del Estado y son: La Rioja y Cantabria, las dos por encima del 99%; la Comunidad Valenciana que llega al 98, 6%; Cataluña, con un 97,8%; País Vasco, con un 94,8%; Murcia que alcanza el 94,3%; Madrid, con un 93,9% y Navarra, que llega al 93%.
"No sé cómo no hay una rebelión en Canarias", se pregunta José Manuel Ramírez. Este experto en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (Ley de Dependencia) asegura haber buscado y rebuscado entre los recién conocidos datos oficiales con el objetivo de descubrir algún indicador en el que Canarias no sea el último en la cola y no lo ha encontrado.
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales analiza la gestión de la ley en cada comunidad autónoma desde el año 2008. Tras recopilar los datos relativos al Archipiélago canario, Ramírez informa que el tiempo que una persona tarda en recibir las ayudas desde que formaliza su solicitud es de dos años. El Consejo Territorial de la Dependencia (constituido por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las comunidades autónomas y por los diferentes departamentos ministeriales) establece el tiempo máximo en seis meses, un plazo que cumple, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Navarra.
No es la primera vez que Canarias ocupa posiciones negativas en la aplicación de la Ley de Dependencia ni tampoco son nuevas las críticas que recibe por ello el Gobierno regional. La consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, se justifica una y otra vez asegurando que en Canarias cohabitan dos sistemas, el anterior a la norma estatal, financiado exclusivamente por la Comunidad Autónoma, y la Ley de Dependencia, mientras que las otras autonomías prefirieron incorporar sus anteriores sistemas a la nueva ley.
Pero para Ramírez, estas declaraciones de la consejera no son aceptables. El presidente de la citada asociación explica que si Canarias está atendiendo a los dependientes con su sistema y dinero, entonces está realizando un mala gestión al no aprovechar el dinero estatal. Y si se aplican bien los dos, no tendría que haber listas de espera tan grandes.
Además, el último informe realizado por la asociación sobre la gestión del dinero por parte de las comunidades indica que el Ejecutivo canario "hace caja" con la financiación que percibe de la Administración General del Estado para atender a las personas en situación de dependencia. Por cada dependiente atendido, el Ejecutivo de Paulino Rivero "se queda 849,37 euros al año".
Los datos que la asociación maneja para realizar los cálculos son los disponibles a diciembre de 2009, publicados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, adscrito a la Seguridad Social.
Las cifras indican que, mientras el esfuerzo económico de los gobiernos de La Rioja o Cantabria supera los 70 euros por habitante, en Canarias, por cada persona en situación de dependencia que atiende, no sólo no realiza aportación alguna, sino que obtiene un superávit por el exceso de financiación estatal, según el informe.
La estimación de la factura de gastos por las personas dependientes realmente atendidas en 2009 por la Comunidad Autónoma canaria es de casi menos cuatro millones de euros, según los datos del informe de la asociación.
Es decir, el Gobierno español dio ese año más de 40 millones de euros a Canarias (sin contar los convenios del Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo) para atender a los dependientes, lo que supone el 90%. A esta cifra hay que añadir más de ocho millones provenientes de las aportaciones de los usuarios, un 18%.
Sin embargo, los costes de los servicios y prestaciones a los dependientes no llegaron a 45 millones. El saldo es que la comunidad canaria no habría necesitado desembolsar ni un solo euro, concluye el informe.
Sea por una causa o por otra, casi nadie está contento con la gestión que se hace en Canarias de la Ley de Dependencia. Raúl Cordero, representante de Tenerife Discapacidad, asegura que los centros todavía dependen del Plan de Atención a la Discapacidad del Gobierno, en el que el Cabildo de Tenerife participa aportando el 50% del presupuesto. ¿Qué hay de malo en eso? Cordero explica que el Cabildo ha recortado la partida económica que destina al plan y, mientras el Gobierno no elabore la normativa que desarrolla la aplicación de la Ley de Dependencia en los centros para personas con discapacidades, éstos deben conformarse con el citado plan, que impide la creación de plazas, la inversión en infraestructuras y la actualización de los costes por plaza y día.
Desde la Fundación Canónica Casa Madre del Redentor apuntan otro problema que han detectado desde que entró en vigor la ley: algunas familias se quedan con el dinero que les llega para mantener al pariente dependiente en el centro. Uno de estos casos ya está en la Fiscalía de Mayores.
La fundación también ratifica que las primeras ayudas por dependencia que empezaron a recibir tardaron en llegar "un año larguísimo", a veces más y que la aplicación de la norma en Canarias "es un desastre".
Y las previsiones para un futuro próximo no son buenas. La pasada semana se conoció un nuevo dato: el número de personas con derecho a prestaciones de la Ley de Dependencia superó el millón por primera vez. Aunque en principio es una buena noticia, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales advierte de que el ingreso de las ayudas a los dependientes diagnosticados está estancado.
Según informó la asociación, el porcentaje de personas con derecho pero que aún no han recibido la prestación o el servicio ha pasado del 26% al 36% en España, destacando comunidades como la canarias, cuyo porcentaje supera ya el 50%. Advierte también de que habrá comunidades que den prioridad a las nuevas resoluciones para no asumir el 100% del coste por demora de las que estaban en espera.
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