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Lunes 24 de enero de 2011
Los discapacitados pagan la crisis
Los usuarios de los centros de día especializados deben abonar desde este mes un porcentaje de acuerdo con sus ingresos por utilizar las instalaciones públicas
Dos usuarios de un centro de día para discapacitados, en una imagen de archivo.
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Decreto. Avilés «Están repartiendo la pobreza de los pobres», critica Margot Díaz, una mujer trabajadora de Avilés que hace apenas unos días recibió una carta del Gobierno regional a través de la cual le informan de que de acuerdo al decreto 144/2010 de 24 de noviembre los usuarios de los centros públicos o concertados dirigidos a personas con discapacidad deben abonar desde este mes una cantidad mensual. Esta es la primera vez que el decreto establece un régimen de precios públicos aplicable a este colectivo. ¿La razón? «Se trata de garantizar la financiación y sostenibilidad de la importante red pública de servicios dirigidos a discapacitados», según reza en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del 4 de diciembre. Para Margot Díaz, esta medida es otro varapalo a los más necesitados.
Díaz defiende así los intereses de su hermano, un hombre a punto de cumplir 43 años que tiene una minusvalía psíquica reconocida del 75 por ciento. «Mi hermano tiene una pensión de quinientos euros y desde este mes le quitarán unos doscientos, casi el cuarenta por ciento de su paga. Ante esto solo tengo una alternativa: sacarlo del centro donde está y buscarme la vida», sentencia, y suspira.
Lleva ya años luchando contra la Administración no sin trabas. Primero solicitó una ayuda ligada a la Ley de Dependencia para su madre, actualmente en silla de ruedas. «Tardaron dos años en venir a valorarla y finalmente le concedieron un centro de día más una persona a domicilio que le echa una mano con el aseo», explica. Luego hizo las gestiones necesarias para su hermano. Ahí tuvo menos suerte.
«Con la Ley de Dependencia me concedían doce horas al mes de aseo lo que, de lunes a viernes, equivale a veinte minutos al día de ayuda. Por este motivo la rechacé», subraya. Su hermano acudió hasta los 21 años al colegio de educación especial San Cristóbal y desde entonces es usuario del centro de día La Unión (anteriormente conocido como un centro de educación especial por el Ministerio de Educación). «Ahora me dicen que hay que pagar por este servicio. ¿Qué alternativas tengo?. Somos una gran familia y estamos unidos pero nuestra madre está enferma y nuestro padre delicado de salud», critica, al tiempo que reconoce que en su misma situación están los discapacitados con plaza en distintos centros de día.
«Todo son recortes... Si lo saco del centro, ¿qué me quitaran luego?», se pregunta Margot Díaz, que desea ponerse en contacto con otras personas afectadas para levantar la voz. «Estos decretos los aprueban los partidos a la chita callando, nadie sabe de ellos hasta que recibes una carta. ¿Quién defiende los intereses de esta gente?», añade, indignada. «Antes las familias escondían a los discapacitados psíquicos porque eran distintos y lo que están buscando con todas estas medidas es que volvamos a meterlos en casa, que los encerremos donde nadie los vea», concluye la avilesina, que asegura que no entiende la vida sin su hermano. Pero Margot Díaz trabaja y, en ocasiones, precisa de la ayuda de la administración, si bien los discapacitados psíquicos también pagan la crisis.
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