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La Voz de Asturias
Asturias
La ley de dependencia crea 6.000 empleos en Asturias
El Principado afirma que la mayoría de los nuevos puestos de trabajo son públicos // Bienestar Social subraya que reducirá los tiempos de espera para cumplir el compromiso de seis meses
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Es la otra cara de la ley. Solicitudes, valoraciones, dictámenes, prestaciones... La atención a más de 14.700 personas requiere también de mano de obra. La ley de dependencia ha generado en Asturias desde su puesta en marcha en 2007 un total de 5.940 empleos directos. Es la estimación, al menos, que realiza la dirección general de Prestaciones, dependiente de la Consejería de Bienestar Social.
Pedro Rodríguez, responsable de Prestaciones, desglosa las cifras. El director general subraya que el empleo generado por la ley de dependencia puede dividirse en tres grupos. De un lado, 2.500 puestos de trabajo, mayoritariamente de empleo público, vinculados a la puesta en marcha de nuevos servicios. Se incluyen aquí los cerca de 75 puestos de valoración, administración y gestión y el resto de los trabajos son de atención directa a los dependientes. Rodríguez cita, por ejemplo, los profesionales que se encargan de atender la nuevas residencias, centros de día o servicios de ayuda a domicilio.
Al margen de estos trabajadores, el máximo responsable de Prestaciones menciona también los empleos de las residencias privadas que han recibido la acreditación para atender a personas en situación de dependencia. Rodríguez estima que se han creado en torno a 0,33 puestos de trabajo por cada persona atendida y, a finales del pasado año, había 1.614 asturianos que recibían ayudas económicas para costearse un geriátrico privado.
El tercer bloque de empleo vinculado a la ley de dependencia resulta más complejo de valorar. Son los cuidadores familiares. Personas dadas de alta en la seguridad social por prestar atención a un miembro de su familia. En Asturias, el número asciende a 2.908.
El sumatorio de estos tres grandes grupos, según el director general de Prestaciones, permite establecer una creación de empleo aproximada a los 6.000 puestos de trabajo. Pedro Rodríguez aclara que no se incluye en esta cifra trabajos indirectos impulsados por la puesta en marcha y desarrollo de la norma. Cita, a modo de ejemplo, que la apertura de una nueva residencia de mayores obliga, por ejemplo, a contratar personal de limpieza o de cocina. Rodríguez subraya, con todo, que el empleo indirecto resulta más difícil de cuantificar.
Desarrollo Rodríguez atiende a LA VOZ en un año de pleno desarrollo de la ley de dependencia. El calendario para la aplicación de la norma, que se despliega gradualmente por años, llega en 2011 a su ecuador. Precisamente durante este año entra en vigor un nuevo nivel de protección, el de la dependencia moderada más alta. La consejería que dirige Noemí Martín prevé que durante 2011 el número de beneficiarios alcalce los 23.000. Bienestar Social subraya que sólo durante el ejercicio en curso se sumarán 8.500 nuevos perceptores. Se incluyen aquí los casi 3.000 que tienen ya el derecho reconocido pero están pendientes de recibir la prestación; los 2.700 dependientes moderados que ven reconocido este año su derecho y las 2.800 personas que se sumen este año por las vías ordinarias.
El compromiso de la consejería para 2011 es cumplir el compromiso, expresado en un plenario del Consejo Territorial de la Dependencia, de reducir los tiempos de espera a un máximo de seis meses. Pedro Rodríguez explica que la demora media, desde la presentación de la solicitud hasta la percepción de la ayuda económica o servicio, se sitúa actualmente en diez meses. La horquilla, también media, va de los seis meses de los núcleos rurales, con menor presión asistencial, a los urbanos, como Oviedo o Gijón, con esperas de 12 meses. La demora para las situaciones de emergencia no supera los dos meses. Se incluye dentro de este epígrafe a personas sin apoyo familiar que son derivados de los servicios sanitarios a los sociales.
Demoras Rodríguez comenta además un aspecto poco conocido de la norma y es que las demoras medias crecen en el caso de Asturias debido fundamentalmente a dos prestaciones: los cuidadores familiares y las ayudas vinculadas a servicios, subvenciones para ayudar a costear geriátricos privados. El máximo responsable de Prestaciones subraya que ambos procedimientos requieren de verificaciones necesarias que incrementan las demoras. Rodríguez no concreta las fechas, pero asegura que durante este año su departamento está en condiciones de garantizar que la demora para la tramitación de las prestaciones o servicios no superarán los seis meses. El responsable de Prestaciones reconoce que aún no se cumple el compromiso establecido por los consejeros autonómicos y el ministerio en el Territorial de la Dependencia pero subraya que el Principado ha realizado un esfuerzo importante por reducir los tiempos de espera.
Asturias, tal y como adelantó este periódico, cerró el pasado año con un total de 33.749 solicitudes recibidas, 28.492 dictámenes examinados, 17.766 con derecho a recibir prestaciones o servicios, y un número de beneficiarios, esto es, personas que ya están atendidas, de 14.751.
El Principado, a diferencia de otras comunidades autónomas, está primando las prestaciones sociales sobre las económicas. De hecho, la relación, de acuerdo con la consejería, es de 52,2% frente a 47,8%.
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