Plomos fundidos
JUAN R. GIL
Quienes el pasado domingo tuvieran la bondad de leer en esta misma página el artículo titulado "Ortiz se quita de en medio", en el que se anunciaba la intención del empresario alicantino de ceder la presidencia del grupo Cívica a su actual director general y se citaba expresamente la preocupación por "las derivaciones del caso Gürtel" como una de las razones de fondo de tan llamativo movimiento, habrán podido entender más cabalmente de qué se estaba hablando entonces después de que a lo largo de esta semana haya empezado a conocerse el contenido del informe realizado por la brigada especializada en blanqueo de dinero y delitos económicos de la Policía Judicial. He escrito "haya empezado a conocerse" y he escrito bien: lo que queda por saberse, pero se irá publicando, es infinitamente mayor y más grave que lo que hasta hoy se ha contado.
El informe policial pone blanco sobre negro cómo presuntamente el PP valenciano creó, con Orange Market como instrumento necesario, una trama para financiarse ilegalmente, de la que supuestamente también participaron, con sus aportaciones en negro, empresarios como Enrique Ortiz. Los empresarios no hacen algo por nada. Así que si fuera cierto que Ortiz pagó, solo o en compañía de otros, los saraos con los que el PP se publicitó de plaza en plaza campaña tras campaña, a cambio de algo sería. Sabedor de que la Policía andaba tras eso, Ortiz hizo la semana pasada el enésimo quiebro: tratar de borrarse del mapa pasando los trastos a un hombre de solvencia acreditada como Luis Perea. Ha llegado tarde: ya está saliendo (aunque no sólo él) en las primeras páginas de los periódicos, en los principales informativos de radio y en todos los telediarios. Menos mal que hablan de Ortiz, y no (al menos todavía) de Cívica, la marca de su grupo, porque si no la hunde en dos días.
Lo cierto es que el informe policial de marras ha venido a dar sentido a muchas de las actuaciones políticas, algunas absolutamente estrambóticas y casi todas inexplicadas, que se han producido en las últimas semanas. Ahora se entiende que Sonia Castedo (cuyo nombre aún no ha aparecido en la prensa, pero dado que está en los informes oficiales no tardará en asomar) pasara, de querer solucionarle a Ortiz la construcción del complejo comercial Rabasa, permitirle construir junto al Rico Pérez y, encima, regalarle suelo en la que será una zona de oro para Alicante cuando llegue el AVE, los terrenos del entorno de la actual estación, sin razón alguna para tanta prodigalidad, a desmentirlo todo con excusas tan peregrinas ("La semana tonta de Castedo" tituló en Primera este periódico) como que lo uno, lo de cambiarle el estadio y dejarle construir casas, había sido sólo una "provocación" y lo otro, lo de regalarle suelo de primera, una "ironía". En apenas una semana, Castedo había vuelto a situar a Ortiz en el sitio en que lo dejó Alperi: como dueño y señor de Alicante. Lo que ocurre es que lo fue a perpetrar, lo de volver a hacerse la foto con Ortiz, en el peor momento y luego, con los informes policiales publicándose a cinco columnas, se ha tenido que poner apresuradamente a mirar al cielo, silbar y rogar porque la que vaya a caer sea una tormenta, y no una gota fría. Pero lo cierto es que, si al final algún tribunal se decide a seguir el hilo, ya que el TSJ de aquí no quiere saber nada, van a empezar a salir en furgonetas muchos expedientes del ayuntamiento alicantino. Y la concejal de Urbanismo de entonces, la que también coordinaba campañas electorales de aquellas que Orange Market organizaba y, según el informe, algunos empresarios pagaban con propina incluida, es la alcaldesa de hoy. Así que, incluso si de nada tuviera que avergonzarse, mucho va a tener que cuidarse (y medirse) Castedo a partir de hoy si no quiere que el cumpleaños feliz que acaba de celebrar se torne en llanto y crujir de dientes.
Pero decía que la investigación policial ha venido a aclarar, con retraso, muchas cosas: que Ricardo Costa no entrara en el Consell, que David Serra no ganara cuota de poder, que Vicente Rambla cayera en desgracia y perdiera competencias, que Ana Michavila dejara el Palau y su hermano el ex ministro el escaño en el Congreso, que al director general de Canal 9, tan buen vasallo él de su señor, qué más da quién fuera el señor, le despidieran de un día para otro... Todos ellos son citados en los textos policiales. Y, por tanto, a todos había que finiquitar o, al menos, sacar de los focos.
La teoría de los fusibles es casi tan vieja como la historia de los partidos políticos. Funciona como en cualquier casa: las instalaciones modernas permiten que, cuando hay una subida de tensión, el sistema vaya saltando por fases de tal manera que el interruptor principal no se queme. Igual pasa en política: se va dejando caer, por etapas, a dirigentes del partido o incluso a líderes empresariales o sociales, para tratar de cortocircuitar la corriente antes de que abrase al líder. El problema para el presidente Camps es, primero, que ahora ya estamos hablando de algo mucho más serio que unos cuantos trajes: estamos dilucidando si hubo o no una trama delictiva dedicada expresamente a violar leyes una tras otra en beneficio del partido que él preside y de si, como dijo en una conversación grabada el "número 3" del PP de la Comunidad Valenciana, David Serra, "ése (de Él hablaba) lo sabe todo". Y, segundo, si le quedan muchos más fusibles por quemar o, como todo hace pensar, a poco, repito, que algún juez tire de la manta se queda sin plomos. En resumen, que o el informe de la Policía no tiene base o, si la tiene, no hay otra consecuencia posible que la dimisión de Camps. Y que conste que no lo digo yo. Lo escribió en su periódico el viernes Pedro J. Ramírez. Que tampoco es sospechoso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario