Expansión » Economía y política
Cabrera deja en el
aire el futuro de
los fondos de la
Ley de
Dependencia
Publicado el 19/09/2008, por M. Tejo
La red pública de atención a los discapacitados no ha nacido con ‘buena estrella’. Junto a la lentitud de su despliegue, ahora la titular de Asuntos Sociales pone en cuarentena el calendario de su financiación.
El olor a crisis ha comenzado a impregnar las paredes de los ministerios. Mientras el presidente del Gobierno sigue dando rienda suelta a su ingeniería verbal –España padece un “fuerte frenazo”–, la ministra Cabrera ha optado por poner los pies en el suelo.
La titular de Política Social admitió, en una reunión con empresarios, celebrada el pasado martes en la sede del Ministerio, que a pesar de que el Ejecutivo se compromete a hacer “una apuesta decidida” para impulsar la Ley de Dependencia, una de las normas sociales estrella de la legislatura, no está en condiciones de “asegurar”, según los testigos presentes, que se podrá cumplir con el calendario de financiación.
La norma que prevé la atención a las personas que no pueden valerse por sí mismas –1,5 millones, según el cálculo oficial y 3,5 millones, según el BBVA– dio su pistoletazo de salida en enero de 2007 y, desde entonces, del medio millón de solicitudes, 346.263 personas tienen reconocida alguna ayuda.
Para este año, el Gobierno central fijó una inversión mínima de 678 millones de euros, de los que se ha repartido a las comunidades algo menos de la mitad (289,2 millones de euros). En 2009, deberá aportar 979 millones.
Precisamente, la preocupación por la “lentitud” de la puesta en marcha de la red de ayudas motivó una reunión de la patronal del sector –la Federación de Empresas de Dependencia (FED), que representa el 75% de los recursos (residencias, centros de día, etc.)– con la titular de Política Social.
Intereses mutuos
Los intereses del encuentro entre ambas partes es evidente. Por un lado, la inversión privada es clave para dar alas a la red de ayudas a los dependientes, mientras los empresarios buscan seguridad financiera antes de ponerse manos a la obra con nuevos proyectos.
Y he aquí donde se produjo el encontronazo. La ministra Cabrera insistió en que desde el Ejecutivo el denominado cuarto pilar del Estado del Bienestar se encuentra dentro de sus prioridades. “La apuesta es decidida”, repitió en varias ocasiones, según las mismas fuentes.
Luego, vino la réplica: “¿Pero eso en qué se concreta?, ¿qué hay de la financiación”. La ministra rehuyó atar este asunto y no garantizó que el calendario de inversiones esté asegurado.
No es la primera vez que la ministra deja suelto el cabo de la financiación a la dependencia. A principios de verano, admitió que la coyuntura económica “puede tener algún tipo de influencia en el despliegue de la Ley de Dependencia”. En días posteriores, negó que este extremo pueda alterar la hucha prevista para los dependientes, aunque en declaraciones a EXPANSIÓN su Departamento señaló que “podríamos tener que plantearnos el mecanismo del sistema. Los plazos [de la ley] son una de las cosas”.
La memoria económica fija las inversiones que deberá realizar el Estado central desde 2007 hasta el próximo 2015, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Por cierto, y como ya quedó en evidencia en su momento, la Administración central no se asegura seguir alimentado el proyecto más allá de esa fecha.
“Reflexión”
Por el momento, el Departamento afronta “un momento de reflexión para intentar acordar con las comunidades cuál será el grado de copago exigible a los usuarios (es decir, qué cantidad deberán aportar por recibir las ayudas) y los requisitos de calidad que deben reunir los centros que acojan a las personas con dificultades. Ambas materias, llevan un retraso normativo de más de un año y medio.
Según el Gobierno, es posible que “en un mes” estos flecos estén solucionados. Demasiado tarde, según CCOO, pues los retrasos han propiciado “17 copagos diferentes y arbitrarios –uno por cada comunidad–, “que ahondan en la desigualdad territorial”.
Los registros oficiales revelan que del “nivel acordado” de financiación –que asciende a 241,01 millones de euros–, las comunidades autónomas aún no han justificado “en qué se han gastado cada euro”, según señala la organización sindical citada. El plazo para hacerlo acaba en octubre.
El 60% de las autonomías ya no paga las plazas
La crisis económica ha puesto a prueba a las comunidades. El reto: cumplir con las promesas sociales, en un momento en que las arcas públicas ya no cunden tanto como en los tiempos de bonanza. El ejercicio, según denuncia la Federación de Empresas de Dependencia, la patronal que aglutina al sector residencial en España, no ha sido precisamente exitoso. “El 60% de las autonomías ha dejado de pagar” a las empresas que gestionan las plazas residenciales.
Es decir, el Estado aporta su parte, pero la correspondiente a las regiones está ahora mismo paralizado. La congelación en los pagos –que afecta a territorios “de todos los colores”, según señala la patronal– comenzó a finales del pasado año, con lo que las deudas pendientes ya conforman una factura abultada.
Baste decir que en España hay aproximadamente 68.000 plazas concertadas por las administraciones repartidas por todo el mapa y su coste medio asciende de media a 49 euros. Por otro lado, la falta de financiación ha propiciado que haya un parque de 50.000 camas sin utilizar, a la espera de que se la lleve el mejor postor.
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