Zapatero quiere revisar la Ley de Dependencia ante el fracaso en su aplicación.
Ha sido la medida social estrella del PSOE, más bien diríamos la única medida social autentica que ha adoptado este gobierno, pero su aplicación ha resultado un fracaso. La falta de fondos para su desarrollo y los inconvenientes derivados de la fragmentación y desigualdad que implica el Estado de la Autonomías, han marcado la decepción de muchas familias, que no ven llegar nunca las famosas prestaciones. Del millón largo de personas dependientes (1.125.190, según los datos del INE)) que en 2005 calculaba el gobierno podría beneficiarse de la nueva ley, a fecha de hoy tan solo 345.000 han conseguido algún tipo de prestación.
Cuando el gobierno sólo aporta el 25% de todos los fondos que se están destinando en España para desarrollar la Ley de Dependencia, dejando al arbitrio de cada CC.AA. la financiación del resto del gasto y se nos viene encima una época de recesión económica, difícilmente es posible augurar que la situación de las familias con una persona dependiente a su cargo mejorará en un futuro cercano.
Además la realidad ha desbordado las previsiones del gobierno. Por ejemplo, el censo total de grandes dependientes asciende ya a 42.000, más de los que se preveía ayudar en el año 2010, lo que provoca que el dinero destinado a atenderlos no llegue. Y si ni siquiera hay fondos para los casos más graves, no hay que ser un sesudo analista para saber qué ocurrirá con los menos graves.
Por ello la ministra de Educación, Política Social y Deportes, Mercedes Cabrera, anunció este fin de semana que los primeros 20 meses de la ley de dependencia serán sometidos a “una evaluación piloto” para conocer con exactitud “cómo se está desarrollando en las diferentes comunidades autónomas”. Aunque la primera valoración debía llevarse a cabo en el bienio 2009-2010, el ministerio ha decidido adelantarla ante el descontento reinante. La ministra del PSOE aseguró que los 871 millones de euros que aporta el Gobierno al plan en el ejercicio del 2008 son más que suficientes. Sin embargo desde varias CC.AA. consideran que debería ser el triple para ser completamente eficaz y cubrir todas las necesidades. Igualmente numerosos ayuntamientos denuncian que están asumiendo obligaciones y competencias sin ninguna financiación, ayuda o subvención por parte del gobierno o las respectivas autonomías.
En definitiva los afectados se enfrentan a nuevos retrasos y carencias de una ley que los lleno de expectativas, pero que nació sin las debidas previsiones presupuestarias y no se está aplicando con la debida coordinación entre administraciones ni respetando la igualdad de los ciudadanos con independencia del lugar donde residan.
Cuando el gobierno sólo aporta el 25% de todos los fondos que se están destinando en España para desarrollar la Ley de Dependencia, dejando al arbitrio de cada CC.AA. la financiación del resto del gasto y se nos viene encima una época de recesión económica, difícilmente es posible augurar que la situación de las familias con una persona dependiente a su cargo mejorará en un futuro cercano.
Además la realidad ha desbordado las previsiones del gobierno. Por ejemplo, el censo total de grandes dependientes asciende ya a 42.000, más de los que se preveía ayudar en el año 2010, lo que provoca que el dinero destinado a atenderlos no llegue. Y si ni siquiera hay fondos para los casos más graves, no hay que ser un sesudo analista para saber qué ocurrirá con los menos graves.
Por ello la ministra de Educación, Política Social y Deportes, Mercedes Cabrera, anunció este fin de semana que los primeros 20 meses de la ley de dependencia serán sometidos a “una evaluación piloto” para conocer con exactitud “cómo se está desarrollando en las diferentes comunidades autónomas”. Aunque la primera valoración debía llevarse a cabo en el bienio 2009-2010, el ministerio ha decidido adelantarla ante el descontento reinante. La ministra del PSOE aseguró que los 871 millones de euros que aporta el Gobierno al plan en el ejercicio del 2008 son más que suficientes. Sin embargo desde varias CC.AA. consideran que debería ser el triple para ser completamente eficaz y cubrir todas las necesidades. Igualmente numerosos ayuntamientos denuncian que están asumiendo obligaciones y competencias sin ninguna financiación, ayuda o subvención por parte del gobierno o las respectivas autonomías.
En definitiva los afectados se enfrentan a nuevos retrasos y carencias de una ley que los lleno de expectativas, pero que nació sin las debidas previsiones presupuestarias y no se está aplicando con la debida coordinación entre administraciones ni respetando la igualdad de los ciudadanos con independencia del lugar donde residan.
Fuente: Minuto Digital
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