ALICANTE UNA HERENCIA "CALIENTE"
Alicante, hipotecada hasta 2022La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, en la apertura del curso político del PP. | M.Lorenzo
Como anunció en julio, la Concejalía de Hacienda pedirá por segunda vez el rescate del Gobierno para pagar a proveedores y dejar "las cuentas a cero", según explicaba esta semana el edil del área, Juan Seva. Lo mismo que dijo hace un año y medio, cuando el Ejecutivo inyectó 47 millones a cambio de aprobar un plan de ajuste que ya incluía algunas subidas de impuestos. Para esta segunda intervención, Montoro no va a ser tan amable. De entrada, Alicante tendrá que reducir un 5% el capítulo de Personal. También deberá ajustar sus tasas municipales para cubrir todo el coste de los servicios (lo que supondrá incrementos de hasta el 100% en algunos tributos, como en las basuras) y permitirá una intervención completa de los hombres de negro del Ministerio en asuntos municipales. Dos ejemplos: el Gobierno tendrá derecho de veto sobre los presupuestos anuales y capacidad plena para disolver organismos públicos que resulten deficitarios. Esta pérdida de autonomía viene reflejada en la propuesta de acuerdo que el PP aprueba este viernes en solitario en el pleno municipal. En el punto segundo el Ayuntamiento de Alicante se compromete a aceptar "aquellas otras condiciones que por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se consideren necesarias para el saneamiento financiero del municipio". Es decir, que da barra libre al Gobierno central para que imponga su criterio y que la ciudad deje de triturar dinero. Además de una subida generalizada de tasas, Alicante también contempla prorrogar durante todo el plazo del rescate la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de diez puntos; tampoco podrá formar parte de "nuevos organismos, sociedades, consorcios, fundaciones o cualquier otro ente". Pese a estas duras condiciones, el concejal de Hacienda no vacila en vender la necesidad de financiación externa como un éxito del actual equipo de Gobierno. La ciudad, uno de los 27 municipios de España de más de 50.000 habitantes con problemas económicos (según el Ministerio), no ha sabido paliar la falta de ingresos y el recorte de subvenciones con un nuevo motor económico, como el turismo. En total Alicante ha tenido que solicitar esta legislatura 70 millones de euros al Gobierno para hacer frente a sus obligaciones. La petición del segundo rescate pone fin a la ceremonia de la confusión que Seva y Castedo han protagonizado en las últimas semanas, y explica el demoledor informe de la Sindicatura de Cuentas en el que alertaba de que la Hacienda de Alicante era la peor controlada de la Comunidad Valenciana. El portavoz del grupo municipal socialista, Miguel Ull, critica la "burla que supone para la oposición el negarse a dar información en los foros adecuados", en referencia a la comisión de Hacienda donde 24 horas antes Seva declinó informar sobre el rescate. El portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, asegura que "Castedo y Seva gobiernan para sus amigos empresarios, a los que siguen adjudicando jugosas contratas que arruinan las arcas municipales". Por su parte, el edil de UPyD, Fernando Llopis, exige "responsabilidades en la desastrosa gestión de la ciudad". | ||||||||||||||
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