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EL PP VOTA EN CONTRA DE DEVOLVER LA
GRATUIDAD DE LAS PRESTACIONES FARMACÉUTICAS
Y ORTOPROTÉSICAS A LOS DISCAPACITADOS
VALENCIANOS.
NOTA DE PRENSA:
Representantes de las Plataformas de la Comunitat Valenciana en defensa de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia fuimos invitados ayer miércoles 8 de mayo por el grupo parlamentario socialista en Les Corts al debate sobre la proposición de ley defendida por el diputado socialista y portavoz de Sanidad, Juan Ignacio Subías. Dicha proposición de ley, apoyada por el resto de partidos de la oposición, pretendía, en líneas generales volver a recuperar el artículo 16 de la ley 11/2003 de 10 de abril, derogado el pasado mes de diciembre, según el cual "la Generalitat Valenciana garantizará la financiación gratuita para los productos incluidos en la prestación farmacéutica, el catálogo ortoprotésico y ayudas técnicas, a los pacientes menores de 18 años con discapacidad diagnosticada con un grado de minusvalía igual o superior al 33%, siendo extensible esta prestación a los mayores de 18 años diagnosticadas con un grado de minusvalía igual o superior al 65%".
Queremos expresar nuestra más profunda indignación e impotencia al ver que en sede parlamentaria la diputada del PP, Mª José García, mentía reiteradamente al insistir en el argumentario que utilizan desde el President Fabra hasta la consellera Sánchez Zaplana y que consiste en esgrimir que la implantación del copago farmacéutico viene impuesta por una normativa estatal. Es radicalmente falso. Es más, sucede justo lo contrario. La entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, NO OBLIGA A SUPRIMIR EL ART 16, párrafo segundo, de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad. El citado Real Decreto-ley 16/2012 introduce con carácter general el copago farmacéutico, sin embargo, introduce una serie de excepciones, entre ellas la siguiente:
"Afectados de síndrome tóxico y personas con discapacidad en los supuestos contemplados en su normativa específica."
Lo que hace el Gobierno Valenciano, pues, es derogar nuestra normativa específica, el artículo 16 de la Ley 11/2003, por lo que la derogación de la gratuidad farmacéutica y ortoprotésica es pura y simplemente una decisión política, que junto a los innumerables recortes en la Ley de la Dependencia, prácticamente extinta, han terminado de mostrar la verdadera cara e ideología del Gobierno de Alberto Fabra hacia los que considera improductivos y no merecedores de ser considerados personas con el derecho de llevar una vida digna. Y además, mayoritariamente, no votan.
Y mientras la diputada popular, a falta de más argumentos, se refería a un polémica en twitter por un desafortunado comentario de un concejal socialista ¡de Valladolid! sobre las personas con discapacidad , dejaba sin respuesta una pregunta trascendental y de graves consecuencias. Con las prisas en derogar el artículo 16 de la Ley 11/2003, "olvidaron" derogar el artículo 20 de la Ley 8/2008, de 20 de junio, de la Generalitat, de los Derechos de Salud de Niños y Adolescentes que dice textualmente "La Generalitat asumirá gratuitamente la prestación farmacéutica de los menores con un grado de minusvalía igual o superior al 33%". Por lo tanto, y puesto que esta ley continua en vigor, cada vez que se cobra una medicación a un menor dispacacitado, la Generalitat estaría cometiendo un delito y violando una Ley. Queremos recordar que los menores pasan de pagar cero euros por sus medicamentos, a pagar el 40% ó el 50%, lo que se traduce en un gasto mensual en muchos casos de hasta cuatrocientos euros. Inasumible para muchas familias. Desde las Plataformas de la Dependencia seguiremos insistiendo en obtener una respuesta a esta pregunta e instamos a los padres de menores discapacitados a reclamar todo lo cobrado de forma fraudulenta por el Gobierno de la Generalitat desde el 1 de febrero.
DIGNIDAD, RESPETO Y JUSTICIA SOCIAL.
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